Policiales
La oscura historia del fusilador de Trelew que vivió impune y se hizo millonario en los Estados Unidos
El exmarino Roberto Bravo, que hoy debe enfrentar un juicio civil en una corte federal de Florida demandado por familiares de 4 de las víctimas de la masacre del 22 de agosto de 1972 en Trelew, lleva casi medio siglo viviendo impune. Durante ese tiempo fundó empresas y amasó una fortuna
El caso del ex integrante de la Armada Roberto Guillermo Bravo, que será juzgado a partir de hoy en los Estados Unidos en una causa civil por su papel en la masacre de Trelew –cuando se están por cumplir 50 años de los fusilamientos en la Base Almirante Zar-, tiene un costado menos conocido que el de su larga impunidad, que marca un verdadero récord entre los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina: en el medio siglo transcurrido desde entonces, Bravo se convirtió en millonario gracias a los negocios que supo tejer utilizando sus contactos con el Pentágono.
Hasta ahora, Bravo ha eludido la acción de la Justicia argentina, ya que desde 1973 vive en los Estados Unidos y su primer pedido de extradición fue rechazado en 2010 debido a que adquirió la ciudadanía estadounidense, mientras que una segunda solicitud, que data de 2019, todavía está siendo evaluada judicialmente.
El proceso que empieza hoy es una demanda civil de 4 de las 19 víctimas de los fusilamientos de Trelew por su presunto papel en la masacre cometida en la base Almirante Zar la madrugada del 22 de agosto de 1972. La demanda se basa en la ley de protección de víctimas de tortura y busca la rendición de cuentas y reparación.
Se trata de un juicio civil ante un jurado en una corte federal para el distrito sur de Florida, que iba a comenzar el 28 de febrero, pero luego de un pedido de postergación de su abogado defensor por razones de salud se pospuso hasta hoy.
Invisible y millonario
Bravo es el único responsable de la masacre de Trelew que no ha sido todavía juzgado, debido a una serie de circunstancias que garantizaron su impunidad. Durante muchos años no se pudo establecer su paradero y, por otra parte, nadie lo buscaba.
En 1973, antes de terminada la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, Bravo fue enviado como “agregado militar” a la Embajada Argentina en Washington. En los años siguientes recibió entrenamiento por parte del Ejército delos Estados Unidos en infantería avanzada, Pathfinder y reconocimiento anfibio.
Se retiró de la Armada Argentina en 1979 para empezar a trabajar en una empresa de electrónica estadounidense. El 24 de marzo de 1980 recibió su estado de “residencia permanente” y algunos años después, el 1° de septiembre de 1987, se naturalizó como ciudadano de los Estados Unidos. De ahí en más, amasó una fortuna que se cuenta en millones de dólares.
En 1982, se trasladó con su familia a Miami, donde el e fundó su propia empresa, RGB Group Inc.; y también desempeñó como presidente y CEO de RLM Services; One Fountainhead Center y Stafford Bookbinding; así como de gerente de Miami Alliance.
RGB Group fue su empresa más exitosa, dedicada durante años al suministro de servicios médicos para el Pentágono.
Al descubierto
El paradero de Bravo fue siempre uno de los mayores secretos guardados por la Armada hasta que, en 2009, se lo pudo ubicar en Miami.
Al año siguiente fue detenido por primera vez por la Justicia norteamericana mientras estudiaba el pedido de extradición de la Argentina para ser juzgado por la masacre de Trelew.
Ese pedido de 2010 no prosperó y fue liberado, pero la reputación de Bravo sufrió un golpe durísimo y sus negocios se vieron perjudicados. En 2014 debió cerrar RGB Group porque la mayoría de sus clientes no quisieron trabajar con un acusado por delitos de Lesa Humanidad.
Durante los cinco años siguientes siguió librando una batalla judicial para eludir nuevos pedidos de extradición por parte de la Justicia argentina, hasta que en octubre de 2019 fue nuevamente detenido.
La última detención
El viernes 25 de octubre de 2019 Roberto Guillermo Bravo se despertó temprano –una costumbre nunca abandonada desde sus tiempos de marino– y pensó que podía continuar con su rutina de casi todos los días, que a los 78 años no le exigía demasiada actividad.
Por entonces llevaba 47 viviendo en Estados Unidos, en ese momento en el lujoso barrio Sans Souci Estates de Miami, junto a su esposa y en las cercanías de las casas de sus tres hijos.
Después del fracaso de RGB Group emprendió otros negocios. En realidad, pocos conocían su pasado y se lo consideraba un vecino notable de la comunidad.
En esos años, también, sus hijos habían adquirido –como él– la ciudadanía estadounidense. El mayor tenía una maestría en Administración, el segundo, una licenciatura en Tecnología de la Información; y el menor, una licenciatura en Negocios. Los tres habían servido en el Ejército o la Armada de los Estados Unidos.
Bravo llevaba una vida apacible en su casa, valuada en 1.700.000 dólares, y solo en ocasiones temía que, alguna vez, un hecho de su siniestro pasado terminara por alcanzarlo y exigirle el pago de una deuda. Sus cómplices en aquel hecho estaban presos o habían muerto en prisión en la Argentina. Sólo él, hasta entonces, se había escabullido de las manos de la Justicia.
Quizás haya pensado en todo eso la mañana del 25 de octubre de 2019 cuando el timbre sonó a una hora exageradamente temprana y su mujer desde hacía 52 años, Ana María Giordano, le dijo que lo buscaban.
Minutos después salía esposado y custodiado ante la mirada atónita de un par de vecinos.
Una fianza y la fortuna
Si quedaban dudas sobre la fortuna que el ex marino había amasado en los Estados Unidos, la fianza que en esa segunda detención ofreció su abogado para que esperara el proceso de extradición en libertad puso en blanco sobre negro su riqueza.
Su abogado ofreció como garantías un bono personal de un millón de dólares en efectivo más otro bono garantizado con propiedades de familiares y amigos por valor total de 4.327.000 dólares.
El listado de propiedades ofrecidas como garantía era encabezado por la mansión de North Miami, valuada en 1,6 millón de dólares, propiedad de Bravo y su esposa, Ana María Giordano. También los bienes raíces de sus tres hijos varones: una propiedad ubicada en Cooper City, Florida, valuada en 527.000 dólares y propiedad de Fernando Bravo; otra a nombre de Pablo Bravo, en Tallahassee, Florida, que vale 297.000 dólares; y otra ubicada en Frederick, Colorado, valuada en 503.000 y propiedad de Andrés Bravo.
Con esas garantías lo dejaron en libertad mientras continuara el proceso.
Dos juicios diferentes
Casi tres años después de esa última detención el exmarino, que cumplió 80 años, está en libertad, aunque enfrenta dos procesos diferentes: la causa civil que se inicia hoy y el juicio de extradición que aún no dio frutos.
En marzo de 2021 el fiscal de distrito de Miami, Florida, Jason Wu se pronunció a favor de la extradición.
En su informe, el fiscal descartó que lo ocurrido en la Base Naval Almirante Zar haya sido la represión de una fuga, consideró que fueron ejecuciones extrajudiciales y que, como tales, no pueden considerarse una excepción al tratado de extradición entre los Estados Unidos y la Argentina.
“Estados Unidos no es un refugio seguro para los acusados legalmente de asesinato en masa en el extranjero, y esta Corte no debe proteger a Bravo de responder a sus acusadores por más tiempo”, concluyó.
El juez interviniente en el caso, Edwin Torres, no ha fallado sobre el asunto.
En las audiencias de la causa civil que se inicia hoy, un equipo de abogados estadounidenses presentará pruebas testimoniales y documentales de los homicidios de Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villareal de Santucho, y la tentativa de homicidio de Alberto Camps la madrugada del 22 de agosto de 1972.
El jurado deberá decidir si Bravo es legalmente responsable de esos hechos y en tal caso fijar daños compensatorios a los familiares de las víctimas.
Es posible que un fallo a favor de los demandantes haga una pequeña mella en la fortuna amasada por el exmarino, aunque esa no es su mayor preocupación: lo que realmente teme es ser extraditado a la Argentina para ser juzgado penalmente por sus crímenes.