La diputada nacional impulsa un debate público para modificar esta norma muy criticada por los especialistas del área y por los familiares de pacientes, que hoy marcharán al Congreso. Una de las convocantes es la madre de Chano Charpentier
“El objeto de estas sesiones es modificar la Ley de Salud Mental”, dice Marcela Campagnoli, diputada nacional (Coalición Cívica), en charla con Infobae y en referencia a las jornadas que está organizando junto con el senador Mario Fiad (UCR, Jujuy), con la participación tanto de defensores como de críticos de la Ley 26.657, promulgada en 2010.
Una sucesión de casos de impacto público protagonizados por pacientes psiquiátricos o por adictos a las drogas pusieron en evidencia las falencias de una ley inspirada en una corriente ideológica que descree de la psiquiatría y llega a asimilar los tratamientos y la medicación al maltrato y la tortura. Y, en palabras de Campagnoli, “define a la salud mental como una construcción social”.
La muerte del policía Juan Roldán, apuñalado por un paciente esquizofrénico, el caso de Pity Álvarez, preso por haber asesinado a un vecino, la muerte en circunstancias todavía no esclarecidas de un amigo de Felipe Pettinato en un incendio en su departamento y la herida de bala recibida por Chano Charpentier en circunstancias en que se negaba a ser internado, entre otros casos, son episodios dramáticos que amplificaron por fin las críticas que tanto asociaciones de psiquiatras como familiares de pacientes venían realizando a una norma que, aseguran, desprotege al enfermo psiquiátrico.
Este viernes a las 12 del mediodía, familiares de pacientes de todo el país se congregarán en la Plaza de los dos Congresos para pedir a los legisladores una modificación de la Ley de Salud Mental y la elaboración de una norma específica para el tratamiento de las adicciones. Según un comunicado enviado a los medios, la convocatoria la hicieron Stella Maurig y Marina Charpentier, que abogan por un cambio en la norma que, según el comunicado de prensa, “permita a los familiares realizar las internaciones correspondientes en tiempo y forma y que los pacientes puedan acceder a los tratamientos en institutos especializados y no en hospitales generales”.
Marina Charpentier, madre de Chano, es una de las convocantes a la marcha de este viernes frente al Congreso para pedir el cambio de la Ley de Salud Mental
Cabe señalar que la Ley promulgada hace 12 años está inspirada en un espíritu antipsiquiátrico y en consecuencia dispone, entre otras cosas, el cierre de lo que llama “monovalentes”, es decir, de hospitales y clínicas psiquiátricas, postula que la internación debe hacerse con el consentimiento del paciente y pone tantas trabas a la internación involuntaria que la vuelve casi imposible.
Además, estigmatiza a la psiquiatría, al plantear que la medicación no debe aplicarse como “castigo” (sic) y que el paciente no debe ser sometido a “trabajos forzados” (sic).
“Ya no podemos seguir esperando, porque en la espera se mueren nuestros hijos, o están presos chicos que tendrían que estar en tratamiento, y no encarcelados, porque son enfermos, no delincuentes. Si no se hace algo ya, hay solo tres caminos posibles, la cárcel, el hospital o el cementerio”, dice Stella Maurig, que perdió a su hijo después de años de luchar contra una adicción y a quien no pudo internar en tiempo y forma y terminó quitándose la vida. Tenía 31 años.
“Esta #lamadremarcha es para mostrarles a los gobernantes y a la sociedad que nos sentimos solas y necesitamos ayuda. No se puede ignorar el sufrimiento de tanta gente”, dijo por su parte Marina Charpentier.
Ambas madres entregarán un petitorio a la diputada Mónica Fein, que preside la Comisión de Salud.
También participará la diputada Marcela Campagnoli que en esta charla con Infobae se refirió a las limitaciones que tiene una Ley que no garantiza el derecho de las personas a la salud mental.
— ¿Cómo surge esta iniciativa de debates públicos sobre la Ley de Salud Mental?
— Esto surge el año pasado a raíz del crimen del policía (Roldán) por un enfermo mental, y luego por el caso de Chano. Empecé a consultar con especialistas, con psiquiatras, psicólogos, administradores de institutos psiquiátricos. Todos tenían miradas muy adversas. También recibimos testimonios de familiares y es desagarrador escucharlos. Por todo ello presentamos un proyecto modificatorio de la ley, en octubre de 2021. Pero nunca se movió. Fue por eso que, con el senador Fiad, decidimos convocar estas jornadas para visibilizar el problema. para debatir. No digo que mi proyecto sea el ideal pero está claro que la Ley actual, por lo que dicen especialistas y familiares, no dio los resultados esperados y hay un montón de personas que se sienten abandonadas por el Estado.
— El caso Charpentier fue un punto de inflexión, no sólo por la gravedad de lo ocurrido sino por el compromiso de su madre con esta problemática.
— Lo ocurrido con Chano Charpentier es muy triste pero Dios quiso que pasara en la misma semana que estaba programada la segunda jornada y la exposición de su mamá en el Congreso, porque yo con Marina Charpentier vengo hablando desde hace mucho tiempo, pero ese hecho le dio una proyección tremenda y me han llamado de infinidad de lugares para que vaya a hablar. Yo no soy médica, sólo puedo hablar de los aspectos técnicos de la Ley que creo que hay que cambiar. Son numerosísimos los psiquiatras que solicitan que se modifique la ley. También vinieron a verme los miembros de la Asociación de Familiares de Personas que padecen esquizofrenia y familiares de personas con adicción a las drogas. Claro que también recibí cartas de gente y de asociaciones que defienden la ley.
Junto con el senador Mario Fiad, Marcela Campagnoli promueve un debate público sobre la Ley de Salud Mental en el Congreso (Facebook)
— ¿Todo eso fue lo que la llevó a generar estos debates?
— Sí, hablé con Mónica Fein, presidente de la Comisión de Salud, y le dije que, así como se hizo con el aborto, correspondía abrir un debate público sobre esta ley. La ley pone a los psiquiatras como meros colaboradores. Cuando uno se va a operar, hay un equipo quirúrgico integrado por un anestesista, una instrumentadora, un clínico, pero el que manda en el quirófano es el cirujano. En el equipo interdisciplinario que prevé la Ley de Salud Mental hay asistentes sociales, terapistas ocupacionales, psicólogos y psiquiatras, pero la Ley equipara al psiquiatra con el terapista ocupacional o con la asistente social. Y el psiquiatra es el único que puede medicar, diagnosticar y demás. Si un medicamento le disparó una paranoia a una persona, quien se puede dar cuenta de lo que está pasando es el psiquiatra y es el único que puede definir el tratamiento a seguir.
— Aunque cueste creerlo, la Ley instala la sospecha sobre el psiquiatra, porque dice por ejemplo que la medicación no debe ser suministrada como castigo…..o sea que supone que se medica para castigar…
— Es tan ideológica esta ley… Por ejemplo, el artículo 3° dice que el estado de salud mental es una construcción social, política, vinculada a la historia, a la economía… cuando el estado de salud mental es la capacidad de una persona de decidir por sí misma. Y un paciente mental es aquel que no tiene esa capacidad para decidir autónomamente. Pero para evitar estigmatizar se termina por no definir y en consecuencia no se puede encarar el problema. Lo mismo pasa con la posibilidad de internar involuntariamente. Una persona que está tomada por las drogas o que sufre bipolaridad o se encuentra atravesando un brote psicótico no puede decidir por sí misma si quiere internarse o no. Obviamente va a decir que no.
— Aun antes de llegar a la instancia de la internación, medicarse ya suele ser un problema para estos pacientes y para ello suelen necesitar acompañamiento y control…
— Se me caían las lágrimas escuchando a los padres de pacientes esquizofrénicos. Cuando llaman a la ambulancia, les dicen “tráigalo ustedes”. ¿Tienen idea de lo que es trasladar a un paciente con un brote psicótico? Entonces, con esta prohibición de internar contra la voluntad de los pacientes, los psiquiatras quedan ante la disyuntiva de ser acusados de abandono de persona o de privación ilegal de la libertad. Se postula que los pacientes mentales tienen que estar internados en el hospital general, porque la ley dispone que se deben cerrar todos los institutos monovalentes, que no se pueden crear nuevos. Con fecha 2020 debían cerrar todos.
— Eso es tan irreal, tan delirante, que no se cumplió, ni ellos pueden hacer cumplir la ley que promovieron.
— Lo delirante es que se prohíbe internar a una persona en un instituto psiquiátrico, donde puede salir al aire libre, porque necesita verde, necesita oxigenarse, circular, pero se pretende que se lo haga en un hospital general donde la gente está en cama. No se puede poner a una persona que tiene un brote psicótico al lado de un infartado. Es increíble que, en el afán de querer promover la libertad, terminan poniendo en riesgo la vida de esos enfermos. Terminan, como ya pasó, tirándose por la ventana en un hospital general. [N. de la R: en referencia a un hecho ocurrido en el hospital Posadas, donde un paciente psiquiátrico se arrojó desde un 5° piso, arrastrando consigo a un camillero y ambos murieron].
La ley pretende que los enfermos psiquiátricos estén internados en el hospital general. Esto derivó en una tragedia en el Posadas
— Los defensores de la Ley dicen que los institutos psiquiátricos deben ser reemplazados por otros dispositivos, casas de convivencia, hospital de día, etc.
— Sí, pero la ley establecía que un 10% del presupuesto de salud debe ir a salud mental para que se creen esos dispositivos intermedios y que los hospitales generales tengan a dónde derivar a los pacientes, pero nada se hizo, nada. El presupuesto llegó apenas a 1,5 %.
— ¿Quiénes participan de los debates?
— A los debates en el Senado, invitamos a las dos partes, a los cuestionan y a los que defienden la ley. Por ejemplo participó el defensor de Incapaces, Atilio Álvarez, y Ángel Barraco, de la Universidad de las Madres, y uno de los impulsores de la ley
— Eso me recuerda lo insólito de que el órgano revisor de la Ley también esté integrado por organismos de derechos humanos…
— Es increíble que una ley defina cuál debe ser el tratamiento que corresponde o no dar a un paciente, como lo hace esta norma. También estuvo Christian Molina, que es un psiquiatra de Santa Cruz, la madre de Chano, entre otros. Eran tres y tres, tres a favor y tres en contra. La próxima sesión tendrá lugar el lunes 4 de julio. Lo interesante es cuando el público pregunta Son sesiones públicas Stella Maurig, que es madre de un drogadicto, dijo que con la ley anterior pudo internar dos veces a su hijo con becas del Sedronar y que desde que entró en vigencia esta ley no lo pudo internar más. Otra madre contó que su hijo se había ahorcado. Otros familiares contaban que llegan al extremo de preferir hacer arrestar a sus hijos porque así por lo menos evitaban que se mataran. A eso estamos empujando. Y con este cierre de monovalentes, se empuja a la gente que está desesperada porque no sabe dónde poner a su hijos a que compren espejitos de colores, como pasó con la
— ¿Qué otras cuestiones habría que cambiar?
— Hay que capacitar a las fuerzas de seguridad para que sepan cómo actuar en estos casos. Además hay que hacer más prevención contra la droga en las escuelas. Así como la ESI permitió detectar abusos, la prevención puede servir para contrarrestar el romanticismo que hay en torno a la marihuana, a la que se presenta como inocua. Pero hoy se sabe que la marihuana tiene efecto en el cerebro y hasta puede disparar la esquizofrenia.
Sus palabras después de la censura del gobierno de Milei en el Espacio de la Memoria.
A pesar de su juventud,
Milo J presenta la edición de lujo de su disco “166” en la ex ESMA
Será este 12 de febrero a las 19:30 y ya se agotaron las entradas. El joven de 18 años mostró su compromiso con las consignas memoria, verdad y justicia en el pasado.
sin dudas Milo J es un emblema de los nuevos artistas, de esos que dan esperanza que no todo está perdido. Desde el oeste del conurbano ya mostró su capacidad creativa, domando el género del trap y el rap, y siempre con modestia, respetando el pasado, tanto en lo artístico como en lo social: un pibe ubicado que sabe de dónde viene y a quién representa y actúa en consecuencia.
Una muestra más de esta humildad (verdadera, no impostada) de este guachín de 18 años es la sorpresa de que va a presentar la edición de lujo de su último disco 166, considerado por muchos como el mejor lanzamiento del año pasado en el EspacioMemoria y Derechos Humanos Ex ESMA. Será este 12 de febrero a las 19:30, en la plaza central de ese espacio tan tristemente emblemático. La entrada es libre y gratuita, pero la capacidad del predio es limitada. En pocas horas se agotó el registro a través del link que Milo J subió en sus stories.
Milo J en la Mansión Seré
Foto: Prensa Municipalidad Moron
No es la primera vez. Ya lo había demostrado en otras ocasiones. Siempre en sus recitales, quizá cuando hace algún cover, reflexiona sobre la memoria, la verdad y la justicia. También, por ejemplo, el año pasado, estuvo en la Mansión Seré. Junto a su equipo y sus músicos visitó la Casa de la Memoria y la Vida en el día que se cumplieron 24 años de su recuperación e inauguración cómo espacio de memoria. El artista realizó una visita guiada por las excavaciones de la vieja casona que funcionó como Centro Clandestino de Detención y Tortura durante la última dictadura cívico militar, entre los años 1977 y 1978 bajo la operación de la Fuerza Aérea Argentina.
Luego de la visita, Milo J mostró su madurez, sabiendo lo que influye en muchos jóvenes y afirmó: “Creo que lo importante es seguir el legado de las Madres. Realmente fue algo muy horrible lo que pasó en la historia de nuestro país y este lugar es increíble, el registro de cosas que hay, es realmente importante, y más ahora. Porque es parte de la historia de nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros barrios”. Había sido invitado por la asociación HIJOS, al igual que en esta ocasión, en la que presentará la edición deluxe de su último trabajo.
Milo J, memoria e identidad
Camilo Villarruel, tal su verdadero nombre, demuestra que la identidad y la memoria son algo importante para él. A sus 16 años comenzó a tener éxito y a hacerse conocido, sobre todo cuando uno de sus primeros sencillos, «Rara Vez», se viralizó en TikTok. Rápidamente, con solo un año en Spotify, alcanzó los 500 millones de reproducciones.
El músico, cada vez que se le presenta la oportunidad, deja en claro su fanatismo por Morón, mostrando un sentido de pertenencia con el partido homónimo. Queda claro en la mayoría de sus canciones en las que nombra a los distintos barrios y en sus videoclips, en los que viste indumentaria del club. Tanto es así que a fines del año pasado, Deportivo Morón anunció a Milo J como el nuevo sponsor principal del 2025: hace pocos días ya se presentó y es una realidad. “Nuestro barrio, nuestra historia, nuestra identidad. El sentimiento que nos une y nos hace únicos e inigualables. La misma pasión, los mismos colores de siempre”, reza el eslogan que en la zona se dice que fue frase del Milo J y sus ganas de mostrar que nunca hay que olvidar y tener conciencia para no dejarse pisotear. Un verdadero ejemplo.
Diputados de los bloques no oficialistas y activistas LGBT participaron del debate contra las modificaciones en la Ley de Identidad de Género, convocado por la Comisión de Género y Diversidad. Piden anular los decretos.
“Evidentemente la finalidad de los DNUs es la discriminación y una exclusión de nuestro colectivo”, dijo con emoción Cristina Montserrat Hendrikse en el anexo de Diputados. Allí se realizó el martes 11 por la tarde, la reunión convocada por la Comisión de Mujeres y Diversidad que preside Mónica Macha.
Fueron alrededor de cuatro horas de exposición de la que participaron más de 100 activistas, referentes y actores sociales de la diversidad sexual, y diputados de todos los bloques, excepto de La Libertad Avanza. El pedido fue contundente: impulsar la nulidad de los decretos firmados por el presidente Javier Milei que modifican la Ley de Identidad de Género.
Un encuentro para varias voces
En la apertura del encuentro, Macha expresó: “El mileismo plantea que no se quiere meter con lo que cada uno hace en la cama, pero sí en la vida pública. Un retroceso social aberrante. Lo que queremos es que cada persona pueda vivir con dignidad y con libertad, construyendo su propia felicidad, en la cama, en la escuela, en el trabajo, en la calle, donde sea”.
Por su parte, el diputado Esteban Paulon, vicepresidente de la Comisión de Mujeres y Diversidad, destacó la presencia de diputados de los diferentes bloques que integran la cámara baja. También agregó, “el mecanismo que intenta impulsar este gobierno es que tengamos miedo, miedo de ser, de salir, de opinar, de disentir. El que disiente, sale, opina se lo disciplina. Se lo manda a la guillotina. Nosotros no vamos a aceptar ninguna guillotina social ni que nos quieran mandar a encerrar entre cuatro paredes”.
Durante el extenso encuentro, Macha destacó que la reunión es el marco en el que puede funcionar la comisión. “Este es un poder del Estado que tiene que ver con el parlamento, con las voces, con poder escucharnos, es parte esencial de esta tarea. Si cambia absolutamente no porque hay una instancia con el Ejecutivo, creo que cada compañero, compañera, compañere que toma palabra responde a distintas invitaciones de todos los diputados. Hay una articulación específica del Congreso y la última instancia institucional nacional para poder hablar de temas de mujeres y diversidad y para poder hablar de los derechos que están en riesgo.”
“Un DNU se adueñó de nuestros cuerpos”
“Con una mentira salvaje y cruel se borró la tarea de muchas y muchos profesionales que trabajamos en salud trans”, dijo Adrián Helien, fundador y jefe de Salud Transgénero del Hospital Durand (primer equipo que atiende Salud trans en Argentina y Latinoamérica). Destacó que hay también mucho miedo en el ámbito laboral médico por el vacío legal que existe en lo que respecta a la Ley de Identidad de Género.
Respecto del decreto presidencial que afecta a los tratamientos para transicionar expresó: “hay un DNU que se adueñó de los cuerpos, las identidades y también se adueña de un saber médico. El DNU está basado en un estudio que nunca pudimos ver. No existe evidencia. Los equipos no fuimos consultados”. Agregó, “hemos decidido continuar con la atención. Hay un principio en la medicina que es no abandonar a quienes nos consultan y la otra es no dañar”.
También tomó la palabra Cristina Monserrat Hendrikse, abogada, militante trans, funcionaria del fuero del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, integrante del Foro Argentino contra la Transfobia. “Haciendo uso de una herramienta excepcional como lo son los DNUs se modifica una ley debatida, consultada entre muchos representantes del pueblo (…) Evidentemente la finalidad de los DNUs es la discriminación y una exclusión de nuestro colectivo”, dijo Montserrat Hendricse.
“Quieren fundar derechos en la biología que a veces no coincide con los lazos de amor. Soy mamá trans, soy mamá adoptiva, tengo una hija adoptiva, no biológica, va contra la biología ¿no es mi hija? ¿van a hacer un decreto para que no sea mi hija porque no es mi hija biológica? No sé qué van a hacer los legisladores con estos DNUs. Quiero decirles que hagan lo que hagan la biología va a seguir pariendo trans”.
En su exposición, Gabriela Mansilla de la Asociación Civil Infancias libres y mamá de Luana, sostuvo: “No quiero que las niñeces aprendan a resistir lo que la comunidad adulta le tiene que garantizar (…) Estamos reclamando derechos, derechos humanos”. Además, señaló el miedo que hay entre las niñeces trans de salir a la calle.
“Ni olvido ni perdón al desmantelamiento del hospital Bonaparte”
“Lo que hace el gobierno es desinformar. Quiero llamar a todes les profesionales de la salud, no solo a quienes atendemos a personas de la comunidad LGBTIQ+ sino también a las personas que tienen información y saber es importante que salgamos a ponerla en la mesa. Este gobierno nos pone una problemática que no teníamos”, dijo Noelia Tuliano, trabajadora médica generalista e integrante del equipo de salud integral del Hospital Bonaparte.
“Va más allá del ataque a las niñeces. Utilizan conceptos y excepciones para aplicarlos a la regla y la desinformación es un monstruo gigante. Es momento de salir a hablar de lo que está sucediendo”.
Tuliano denunció que no pueden atender la hormonización “con las consecuentes tragedias que trae a la salud no sólo física sino mental”. “El gobierno dice que le importan las niñeces y adolescencias, entonces que explique por qué hay un 65% de infancias en la pobreza, que no comen todos los días. El gobierno niega el patriarcado, pero Argentina ocupa el puesto número 50 en lo que es violencia sexual contra niñeces y adolescencias. El ministerio de Justicia entre 2017 y 2022 informó que hubo 14.424 casos de abusos y casi el 60% son niñeces. El 80% de los agresores están dentro de la familia. Estas consultas llegan al Hospital Laura Bonaparte donde hoy 106 se han quedado sin tratamiento por los más de 200 despidos en el hospital. El 80% de demanda espontanea son por abusos sexual en las niñeces”, destacó.
Y agregó que el gobierno estigmatiza las identidades trans y la Ley de Identidad de Género “cuando el 47% de las infancias trans han manifestado sentimientos de muerte o deseos de morir; el 64% de las adolescencias trans han manifestado sentimientos de muerte o deseos de morir; en los consultorios de salud el 80% de infancias y adolescencias trans reconocieron que no recibieron las respuestas que esperaban, por eso es importante el Hospital Bonaparte. En el dispositivo de salud integral y salud en las niñeces nos quedamos sin atención, han desmantelado el dispositivo y el hospital. El hospital hoy no funciona porque ellos mismos lo vaciaron”, continuó la profesional y agregó: “ni olvido ni perdón al desmantelamiento del hospital Bonaparte.
Lxs jóvenxs
La voz que no podía faltar era, por supuesto, la de las adolescencias trans que estuvieron presentes.
“No podemos estar tranquiles por el miedo a lo que nos puedan decir o hacer. Es importante que no se nos deje de hablar de lo esencial de las leyes que nos protegen”, dijo Manuel Sinde de El Teje. “Todas las personas que salen a hablar mal de nosotres, que dicen que nos obligan a ser trans, son personas que nunca en su vida hablaron con una infancia o adolescencia trans. Que nunca se tomaron el tiempo de conocer nuestras vidas, nunca nos dieron un lugar y siempre hablaron desde la ignorancia y el odio. Queremos que se nos escuche”.
También aclararon que los dichos del presidente “son prácticas que no existen ni se hacen en ninguna parte del mundo. Las personas trans no somos ni hormonas ni cirugías. Somos mucho más”.
Por su parte, Cecilia Turquet, directora de Protección de Derechos de la secretaría de Género de La Matanza, compartió su intervención con dos adolescentes trans que contaron su experiencia. “Soy un chico trans de 15 años y estoy siendo afectado por el DNU decretado por el actual presidente de la nación. Yo, antes de mi transición me sentía incómodo con mi cuerpo, aspectos como mi voz, mi gusto o el hecho de menstruar y gracias al amor de mi familia y mis pares pude sentirme libre. La libertad no viene del odio, la libertad viene del amor. Nunca me sentí muy cómodo con ser una chica. Mis padres me ayudaron, me acompañaron y estudiaron mucho para acompañarme. Nunca dudé que soy Matías.”
Por su parte, Lautaro varón trans de 17 años dijo. “Soy un varón trans en la calle y todo el tiempo. No hay un momento en el día en que deje de serlo y no me refiero al rol de género, me refiero a mi identidad. No elegí ser trans, elegí aceptar lo que sentía y lo que estaba pasando en mi vida”, dijo.
Hablar de política
La voz que inició el encuentro fue la de Dora Barrancos quien habló en líneas generales de las políticas que tiene la nueva derecha en el mundo. “Estamos muy decididas, decididos, decidides a exponer hasta nuestra última gota de sudor para defender la dignidad humana en su cauce más elemental en la integridad sexogenérica. No vamos a renunciar porque en eso se nos va la vida. No metan a la naturaleza y la biología como parámetro moral”.
“Nuevamente tener que estar acá sentadas dando explicaciones es desgastante”, expresó Florencia Guimaraes, integrante de Furia Trava, asociación Civil La Casa de Lohana y Diana y Frente Orgullo y Lucha quién se refirió específicamente a la Ley de Cupo Laboral Travesti y Trans. “Estamos ante un gobierno que viene en línea con los discursos internacionales, es un gobierno cipayo, pero particularmente preocupa la vida de las mujeres travestis y trans. Sube un gobierno como éste y tenemos que estar con miedo porque los discursos de odio se materializan en nuestras vidas”.
Florencia Guimaraes junto a Mónica Macha.
También fue parte del encuentro Ese Montenegro, de Columna Mostri una de las organizaciones que participó de la masiva convocatoria a la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista.
“Queremos aprovechar este encuentro para unas demandas que queremos traer a esta casa. Una de ellas es que los DNUs 61 y 62 del 2025 tienen infinidad de problemas formales porque implican en una regresión en los derechos humanos, es violatorio a una infinidad de pactos, convenciones, declaraciones y principios internacionales a los que el Estado argentino adhiere. Pero venimos a preguntar por qué razón la Bicameral permanente no ha llamado a una reunión para rechazar esos decretos que están destruyendo la vida de travestis y trans a lo largo de todo el país”, expresó.
Montenegro, durante su intervención, convocó a marcha el 8 de marzo en Día de las Mujeres Trabajadoras y a la marcha del 24 de marzo por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.
Contra los decretos
En las cuatro horas de debate, se reclamó por la falta de reacción de los legisladores a la hora de repudiar los dos decretos que modifican dos artículos fundamentales de la Ley de Identidad de Género.
Una de quienes demandó fue la militante trans Marlene Wayar. “¿Para qué estamos acá? ¿Ustedes cómo van a aportar? ¿Qué les van a exigir a sus partidos para que no nos vuelvan a dejar tiradas?”, preguntó Wayar.
Las demandas de les activistas, alrededor de 40, fue que se impulse desde Diputados la anulación de los dos decretos.
Del encuentro participaron los diputados Mónica Macha, Germán Martínez, Paula Penacca, Magalí Mastaler, Brenda Vargas, Ana María Ianni, Esteban Paulón, Maxi Ferraro, Sabrina Selva, Carla Carrizo, Marcela Coli, Hugo Yasky, Varinia Marín, Carolina Yutrovic, Gabriela Estevez, María Sotolano, Natalia Sarapura, Vanina Biassi, Nicolás Del Caño y Cristian Castillo.
También estuvieron presentes las organizaciones Frente Orgullo y Lucha, FALGTB, Comunidad Homosexual Argentina (CHA), SIGLA (Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina), Furia Trava, Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTA), Red de Identidades Lésbicas Autoconvocadas, Asociación Civil Agrupación Munay, Foro Argentino Contra la Transfobia (FACT), Juventud Movimiento Travesti Trans Argentina, Asociación civil infancias libres, Pan y Rosas, El Teje – Adolescencias Trans, ATE, Frente Renovador Diversidad, UCR Diversidad, Movimiento Evita, Nuevo Encuentro, entre otras organizaciones y activistas.
Juan Maquieyra se sumó a las críticas al gobierno tras la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.
El director ejecutivo de Techo Argentina, Juan Maquieyra, se sumó a las críticas hacia el gobierno nacional tras el cierre intempestivo de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. “Si el Estado se retira totalmente de los barrios populares y si las organizaciones de la sociedad civil sea Techo, Cáritas o cualquier otra se, lo que crece es el narco”, analizó.
Este martes, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 70/2025 por el cual el organismo que dependía del ministerio de Economía, quedó disuelto y pasó a la órbita de las provincias y los municipios.
“La presencia estatal y comunitaria, inteligente, eficiente, cuidada, transparente, es muy importante que esté presente en Argentina”, describió el ex presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, en diálogo con Pasaron Cosas, en Radio Con Vos.
El especialista indicó que si se busca tener políticas serias de viviendas similares a las de Europa o Estados Unidos, su implementación tiene que contar con “cuatro componentes”: una macroeconomía ordenada e inflación baja; un mercado hipotecario importante; crédito subsidiado para familias de clase media; y que haya líneas muy importantes de inversión para sectores populares.
“Sin esas cuatro patas no hay política de vivienda y tanto este gobierno como los anteriores no la tuvieron”, especificó Maquieyra, quien añadió: “Hay un millón de familias viviendo en barrios populares en Argentina, ahí no hay manera de que el mercado por sí solo pueda resolver los problemas”. Además, el exfuncionario de CABA manifestó que el crédito solo es accesible para la clase media-alta y alta. “El otro 85% queda fuera de cualquier tipo de posibilidad de acceso a la vivienda”, concluyó.
El presidente de Techo también se refirió al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), “que se creó en 2018 y permitía financiar estas obras. Hoy está desfinanciado, aunque no fue eliminado en esta resolución. El FISU, en conjunto con provincias, intendentes y organizaciones de la sociedad civil ejecutaba obras en barrios populares, cloacas, de conexiones domiciliarias, de servicios, en muchos casos de mejoramiento de las viviendas, que es lo que más se necesita”.
A puro decreto
Con la eliminación de la secretaría, el Gobierno readecuó los objetivos de varias dependencias. En este contexto, la Secretaría de Obras Públicas será la encargada de «gestionar la finalización, cierre y transferencia de programas y proyectos en materia de desarrollo territorial, hábitat y vivienda»; «coordinar con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el relevamiento de suelos vacantes o disponibles» y «celebrar convenios con gobiernos provinciales, municipales y entidades privadas para finalizar y transferir proyectos de vivienda».
En noviembre del año pasado, el Ejecutivo ya había eliminado el fondo fiduciario del Procrear, creado en 2012, mediante el decreto 1018/2024. En la práctica, el gobierno igualmente no se estaba haciendo cargo de las obras de vivienda. A mitad de octubre, un informe de CEPA reflejaba que «las obras en educación (-98%) y vivienda (-93%) están prácticamente paralizadas».