Sociedad
Marcela Campagnoli: “Hay que cambiar esta Ley de Salud Mental que rebaja al psiquiatra a mero colaborador”
La diputada nacional impulsa un debate público para modificar esta norma muy criticada por los especialistas del área y por los familiares de pacientes, que hoy marcharán al Congreso. Una de las convocantes es la madre de Chano Charpentier
“El objeto de estas sesiones es modificar la Ley de Salud Mental”, dice Marcela Campagnoli, diputada nacional (Coalición Cívica), en charla con Infobae y en referencia a las jornadas que está organizando junto con el senador Mario Fiad (UCR, Jujuy), con la participación tanto de defensores como de críticos de la Ley 26.657, promulgada en 2010.
Una sucesión de casos de impacto público protagonizados por pacientes psiquiátricos o por adictos a las drogas pusieron en evidencia las falencias de una ley inspirada en una corriente ideológica que descree de la psiquiatría y llega a asimilar los tratamientos y la medicación al maltrato y la tortura. Y, en palabras de Campagnoli, “define a la salud mental como una construcción social”.
La muerte del policía Juan Roldán, apuñalado por un paciente esquizofrénico, el caso de Pity Álvarez, preso por haber asesinado a un vecino, la muerte en circunstancias todavía no esclarecidas de un amigo de Felipe Pettinato en un incendio en su departamento y la herida de bala recibida por Chano Charpentier en circunstancias en que se negaba a ser internado, entre otros casos, son episodios dramáticos que amplificaron por fin las críticas que tanto asociaciones de psiquiatras como familiares de pacientes venían realizando a una norma que, aseguran, desprotege al enfermo psiquiátrico.
Este viernes a las 12 del mediodía, familiares de pacientes de todo el país se congregarán en la Plaza de los dos Congresos para pedir a los legisladores una modificación de la Ley de Salud Mental y la elaboración de una norma específica para el tratamiento de las adicciones. Según un comunicado enviado a los medios, la convocatoria la hicieron Stella Maurig y Marina Charpentier, que abogan por un cambio en la norma que, según el comunicado de prensa, “permita a los familiares realizar las internaciones correspondientes en tiempo y forma y que los pacientes puedan acceder a los tratamientos en institutos especializados y no en hospitales generales”.
Marina Charpentier, madre de Chano, es una de las convocantes a la marcha de este viernes frente al Congreso para pedir el cambio de la Ley de Salud MentalCabe señalar que la Ley promulgada hace 12 años está inspirada en un espíritu antipsiquiátrico y en consecuencia dispone, entre otras cosas, el cierre de lo que llama “monovalentes”, es decir, de hospitales y clínicas psiquiátricas, postula que la internación debe hacerse con el consentimiento del paciente y pone tantas trabas a la internación involuntaria que la vuelve casi imposible.
Además, estigmatiza a la psiquiatría, al plantear que la medicación no debe aplicarse como “castigo” (sic) y que el paciente no debe ser sometido a “trabajos forzados” (sic).
“Ya no podemos seguir esperando, porque en la espera se mueren nuestros hijos, o están presos chicos que tendrían que estar en tratamiento, y no encarcelados, porque son enfermos, no delincuentes. Si no se hace algo ya, hay solo tres caminos posibles, la cárcel, el hospital o el cementerio”, dice Stella Maurig, que perdió a su hijo después de años de luchar contra una adicción y a quien no pudo internar en tiempo y forma y terminó quitándose la vida. Tenía 31 años.
“Esta #lamadremarcha es para mostrarles a los gobernantes y a la sociedad que nos sentimos solas y necesitamos ayuda. No se puede ignorar el sufrimiento de tanta gente”, dijo por su parte Marina Charpentier.
Ambas madres entregarán un petitorio a la diputada Mónica Fein, que preside la Comisión de Salud.
También participará la diputada Marcela Campagnoli que en esta charla con Infobae se refirió a las limitaciones que tiene una Ley que no garantiza el derecho de las personas a la salud mental.
— ¿Cómo surge esta iniciativa de debates públicos sobre la Ley de Salud Mental?
— Esto surge el año pasado a raíz del crimen del policía (Roldán) por un enfermo mental, y luego por el caso de Chano. Empecé a consultar con especialistas, con psiquiatras, psicólogos, administradores de institutos psiquiátricos. Todos tenían miradas muy adversas. También recibimos testimonios de familiares y es desagarrador escucharlos. Por todo ello presentamos un proyecto modificatorio de la ley, en octubre de 2021. Pero nunca se movió. Fue por eso que, con el senador Fiad, decidimos convocar estas jornadas para visibilizar el problema. para debatir. No digo que mi proyecto sea el ideal pero está claro que la Ley actual, por lo que dicen especialistas y familiares, no dio los resultados esperados y hay un montón de personas que se sienten abandonadas por el Estado.
— El caso Charpentier fue un punto de inflexión, no sólo por la gravedad de lo ocurrido sino por el compromiso de su madre con esta problemática.
— Lo ocurrido con Chano Charpentier es muy triste pero Dios quiso que pasara en la misma semana que estaba programada la segunda jornada y la exposición de su mamá en el Congreso, porque yo con Marina Charpentier vengo hablando desde hace mucho tiempo, pero ese hecho le dio una proyección tremenda y me han llamado de infinidad de lugares para que vaya a hablar. Yo no soy médica, sólo puedo hablar de los aspectos técnicos de la Ley que creo que hay que cambiar. Son numerosísimos los psiquiatras que solicitan que se modifique la ley. También vinieron a verme los miembros de la Asociación de Familiares de Personas que padecen esquizofrenia y familiares de personas con adicción a las drogas. Claro que también recibí cartas de gente y de asociaciones que defienden la ley.
Junto con el senador Mario Fiad, Marcela Campagnoli promueve un debate público sobre la Ley de Salud Mental en el Congreso (Facebook)— ¿Todo eso fue lo que la llevó a generar estos debates?
— Sí, hablé con Mónica Fein, presidente de la Comisión de Salud, y le dije que, así como se hizo con el aborto, correspondía abrir un debate público sobre esta ley. La ley pone a los psiquiatras como meros colaboradores. Cuando uno se va a operar, hay un equipo quirúrgico integrado por un anestesista, una instrumentadora, un clínico, pero el que manda en el quirófano es el cirujano. En el equipo interdisciplinario que prevé la Ley de Salud Mental hay asistentes sociales, terapistas ocupacionales, psicólogos y psiquiatras, pero la Ley equipara al psiquiatra con el terapista ocupacional o con la asistente social. Y el psiquiatra es el único que puede medicar, diagnosticar y demás. Si un medicamento le disparó una paranoia a una persona, quien se puede dar cuenta de lo que está pasando es el psiquiatra y es el único que puede definir el tratamiento a seguir.
— Aunque cueste creerlo, la Ley instala la sospecha sobre el psiquiatra, porque dice por ejemplo que la medicación no debe ser suministrada como castigo…..o sea que supone que se medica para castigar…
— Es tan ideológica esta ley… Por ejemplo, el artículo 3° dice que el estado de salud mental es una construcción social, política, vinculada a la historia, a la economía… cuando el estado de salud mental es la capacidad de una persona de decidir por sí misma. Y un paciente mental es aquel que no tiene esa capacidad para decidir autónomamente. Pero para evitar estigmatizar se termina por no definir y en consecuencia no se puede encarar el problema. Lo mismo pasa con la posibilidad de internar involuntariamente. Una persona que está tomada por las drogas o que sufre bipolaridad o se encuentra atravesando un brote psicótico no puede decidir por sí misma si quiere internarse o no. Obviamente va a decir que no.
— Aun antes de llegar a la instancia de la internación, medicarse ya suele ser un problema para estos pacientes y para ello suelen necesitar acompañamiento y control…
— Se me caían las lágrimas escuchando a los padres de pacientes esquizofrénicos. Cuando llaman a la ambulancia, les dicen “tráigalo ustedes”. ¿Tienen idea de lo que es trasladar a un paciente con un brote psicótico? Entonces, con esta prohibición de internar contra la voluntad de los pacientes, los psiquiatras quedan ante la disyuntiva de ser acusados de abandono de persona o de privación ilegal de la libertad. Se postula que los pacientes mentales tienen que estar internados en el hospital general, porque la ley dispone que se deben cerrar todos los institutos monovalentes, que no se pueden crear nuevos. Con fecha 2020 debían cerrar todos.
— Eso es tan irreal, tan delirante, que no se cumplió, ni ellos pueden hacer cumplir la ley que promovieron.
— Lo delirante es que se prohíbe internar a una persona en un instituto psiquiátrico, donde puede salir al aire libre, porque necesita verde, necesita oxigenarse, circular, pero se pretende que se lo haga en un hospital general donde la gente está en cama. No se puede poner a una persona que tiene un brote psicótico al lado de un infartado. Es increíble que, en el afán de querer promover la libertad, terminan poniendo en riesgo la vida de esos enfermos. Terminan, como ya pasó, tirándose por la ventana en un hospital general. [N. de la R: en referencia a un hecho ocurrido en el hospital Posadas, donde un paciente psiquiátrico se arrojó desde un 5° piso, arrastrando consigo a un camillero y ambos murieron].
La ley pretende que los enfermos psiquiátricos estén internados en el hospital general. Esto derivó en una tragedia en el Posadas— Los defensores de la Ley dicen que los institutos psiquiátricos deben ser reemplazados por otros dispositivos, casas de convivencia, hospital de día, etc.
— Sí, pero la ley establecía que un 10% del presupuesto de salud debe ir a salud mental para que se creen esos dispositivos intermedios y que los hospitales generales tengan a dónde derivar a los pacientes, pero nada se hizo, nada. El presupuesto llegó apenas a 1,5 %.
— ¿Quiénes participan de los debates?
— A los debates en el Senado, invitamos a las dos partes, a los cuestionan y a los que defienden la ley. Por ejemplo participó el defensor de Incapaces, Atilio Álvarez, y Ángel Barraco, de la Universidad de las Madres, y uno de los impulsores de la ley
— Eso me recuerda lo insólito de que el órgano revisor de la Ley también esté integrado por organismos de derechos humanos…
— Es increíble que una ley defina cuál debe ser el tratamiento que corresponde o no dar a un paciente, como lo hace esta norma. También estuvo Christian Molina, que es un psiquiatra de Santa Cruz, la madre de Chano, entre otros. Eran tres y tres, tres a favor y tres en contra. La próxima sesión tendrá lugar el lunes 4 de julio. Lo interesante es cuando el público pregunta Son sesiones públicas Stella Maurig, que es madre de un drogadicto, dijo que con la ley anterior pudo internar dos veces a su hijo con becas del Sedronar y que desde que entró en vigencia esta ley no lo pudo internar más. Otra madre contó que su hijo se había ahorcado. Otros familiares contaban que llegan al extremo de preferir hacer arrestar a sus hijos porque así por lo menos evitaban que se mataran. A eso estamos empujando. Y con este cierre de monovalentes, se empuja a la gente que está desesperada porque no sabe dónde poner a su hijos a que compren espejitos de colores, como pasó con la
— ¿Qué otras cuestiones habría que cambiar?
— Hay que capacitar a las fuerzas de seguridad para que sepan cómo actuar en estos casos. Además hay que hacer más prevención contra la droga en las escuelas. Así como la ESI permitió detectar abusos, la prevención puede servir para contrarrestar el romanticismo que hay en torno a la marihuana, a la que se presenta como inocua. Pero hoy se sabe que la marihuana tiene efecto en el cerebro y hasta puede disparar la esquizofrenia.
Sociedad
Licencia de conducir digital: estas son las personas que no podrán hacer el trámite online
Dos distritos todavía exigen realizar la gestión de manera presencial, a pesar de los cambios implementados por el nuevo sistema nacional
Hasta el momento, 21 jurisdicciones de Argentina activaron la posibilidad de realizar renovaciones o ampliaciones de la licencia de conducir a través de medios digitales en forma plena, en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), mientras que otra adhirió en forma parcial. Esta herramienta permite a los conductores gestionar su documentación sin necesidad de acercarse físicamente a un centro emisor.
Durante la primera jornada de aplicación, 19 de las 24 provincias del país ya se encontraban adheridas al sistema. En los días posteriores, varias más confirmaron su integración al SINALIC, llevando el total a 22. No obstante, dos distritos continuaron operando con el esquema anterior: Buenos Aires y Formosa.
Buenos Aires y Formosa son las únicas provincias que aún exigen que los trámites vinculados a la renovación de la licencia de conducir se realicen de forma presencial en los registros habilitados. Esto significa que los ciudadanos de esos territorios deben continuar con los mecanismos previos a la digitalización, sin acceso a la nueva modalidad remota.
Las autoridades porteñas explicaron que los exámenes psicofísicos pueden realizarse en 19 centros distribuidos por toda la ciudad. En esos espacios se lleva adelante la totalidad de los chequeos médicos requeridos en pocos minutos, utilizando equipamiento homologado. De esta forma, la Ciudad Autónoma mantiene un sistema paralelo, independiente del SINALIC.
Incorporación progresiva
La adhesión al nuevo esquema nacional fue progresiva. En un principio, la licencia digital sólo estaba disponible en 19 provincias, pero con el correr de los días se sumaron más jurisdicciones. Actualmente, las que forman parte del sistema son:
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires (con adhesión parcial)
- Santa Fe
- Córdoba
- Neuquén
- Mendoza
- Catamarca
- Chaco
- Salta
- Jujuy
- Santiago del Estero
- Tucumán
- Chubut
- Corrientes
- Misiones
- La Rioja
- Entre Ríos
- San Luis
- La Pampa
- Tierra del Fuego
- San Juan
- Santa Cruz
- Río Negro
Cada una de estas provincias permite a sus ciudadanos realizar la renovación o ampliación de su licencia de conducir nacional desde una computadora o dispositivo móvil, sin necesidad de asistir físicamente a una dependencia estatal.
Un caso destacado fue el de la provincia de Córdoba, que no sólo adhirió al sistema nacional, sino que también comenzó a compartir su información con el Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito (SINAT). Además, Córdoba delegó facultades para la emisión de licencias profesionales de carácter interjurisdiccional, algo que nunca había hecho previamente, constituyendo un cambio relevante para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Cómo realizar el trámite
Para iniciar el proceso de renovación o ampliación en una provincia adherida, las personas deben ingresar al portal oficial del SINALIC: lncargentina.seguridadvial.gob.ar. Allí, el sistema solicita validar la identidad del usuario mediante el número de CUIL y la clave correspondiente a la aplicación Mi Argentina.
Si la persona aún no tiene creado su perfil en Mi Argentina, debe generarlo previamente. Esa cuenta almacena la documentación personal del ciudadano dentro de la plataforma de trámites oficiales del Estado.
Una vez validada la identidad, el sistema permite seleccionar uno de los dos trámites posibles: renovación o ampliación de la licencia. En el caso de la renovación, se visualizan las categorías habilitadas por el carnet vigente. Al confirmar la operación, el usuario debe pagar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), necesario para continuar con el trámite. Este pago se realiza mediante un enlace directo al sitio correspondiente o a través de medios electrónicos habilitados en la plataforma.
El CENAT tiene una validez de 30 días, por lo que resulta fundamental obtener turno para el examen psicofísico dentro de ese plazo. El sistema impide avanzar si el certificado no fue abonado y registrado, aunque permite reanudar el trámite desde el punto donde se interrumpió, sin pérdida de datos.
Luego de pagar y validar el CENAT, el usuario accede al listado de profesionales homologados para realizar el examen psicofísico obligatorio, paso que puede cumplirse sin salir de la plataforma. Una vez completado y aprobado este examen, los resultados son cargados automáticamente por los prestadores habilitados.
La licencia digital se genera dentro de la app Mi Argentina. Quienes deseen obtener una versión física del documento deben solicitarla aparte, lo cual implica un costo adicional por la impresión. Esa opción queda a criterio del titular y no es obligatoria.
Limitaciones de alcance
Si bien el nuevo sistema representa una ampliación de las herramientas digitales en materia de tránsito, no incluye a todo el país. Buenos Aires y Formosa no adoptaron la normativa, y por el momento no hay un cronograma oficial que anticipe su incorporación.
En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la implementación se limita a licencias profesionales, excluyendo a quienes conduzcan vehículos particulares. No obstante, el distrito dispone de su propio sistema de trámites en línea y de centros habilitados para realizar los exámenes correspondientes.
En este contexto, el avance hacia la digitalización del trámite de licencias muestra una fuerte dispersión territorial, con distintos grados de implementación según la provincia. A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, persisten excepciones que limitan el alcance de la política.
Sociedad
La Justicia ordenó levantar la clausura de todas la ferias que funcionan en La Salada
Lo decidió el juez federal Luis Armella. La fiscal había pedido que se reabra la feria de Urkupiña con un plan de blanqueo
El juez federal Luis Armella ordenó hoy levantar la clausura de las tres ferias que funcionan en el predio de La Salada, mientras continúa la investigación por lavado de dinero, asociación ilícita y evasión impositiva. En la resolución, a la que accedió Infobae, el magistrado determinó que la fiscal Cecilia Incardona deberá decidir el momento y las circunstancias de la reapertura.
Armella dispuso que que levante la clausura de las tres ferias que funcionan en la megaferia de La Salada: Punta Mogote, Ocean y Urkupiña.
La fiscal Cecilia Incardona, que llevó adelante la investigación durante dos años, había dictaminado a favor de levantar la clausura de la feria de Urkupiña, tal como adelantó este medio. Pero lo hizo con una serie de condiciones que apuntan al blanqueo general de la operación.
. Fiscalización aleatoria semanal de la actividad del interventor y/o representante legal.
. Inspecciones aleatorias de cada uno de los puestos de venta, mediante un sistema rotativo y sorpresivo.
. Registración de cada uno de los comerciantes en la categoría fiscal que corresponda (monotributo, responsable inscripto, etc.). Control y exigencia de la facturación respectiva tanto de venta como de compra.
. Remisión de un informe semanal al Juzgado y a la Fiscalía de cada inconsistencia detectada y las medidas tomadas al respecto.
La feria de La Salada, un enorme complejo de más de seis mil puestos en Ingeniero Budge (Lomas de Zamora), había sido clausurada el 22 de mayo, tras una serie de allanamientos. Ese día fueron detenidos Jorge Castillo, el llamado “Rey de La Salada”, que cayó en su mansión de Luján, Aldo Presa, su histórico administrador, y varios de sus allegados. En cambio, Enrique Antequera, jefe de la feria Urkupiña, todavía continúa prófugo.
A partir de ese momento, los feriantes comenzaron a realizar cortes y protestas en la Municipalidad de Lomas de Zamora e incluso en la puerta de la Fiscalía que llevó adelante de la investigación. La presión finalmente desembocó en la reapertura dispuesta este viernes.
La investigación y las escuchas sobre toda la organización
Durante más de un año, la Policía Federal escuchó las conversaciones de Jorge Castillo y sus familiares más cercanos. El empresario se cuidaba mucho al hablar por teléfono pero cada tanto daba pistas sobre su vida y su patrimonio. En las escuchas, autorizadas por la justicia federal, Castillo y sus familiares hablan de operaciones inmobiliarias, compra de armas, y hasta de viajes por el mundo.
Al momento de imputarlo, la fiscal Cecilia Incardona acusó a Castillo, entre otras cosas, por la compra de un paquete turístico para conocer dos destinos exclusivos: Emiratos Árabes y las playas de Maldivas. El “Rey de La Salada” viajó junto a su mujer, su suegra, y sus cuatro hijos entre el 27 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de este año. Según las estimaciones de los investigadores, el tour habría costado casi 85 mil dólares.
Los preparativos comenzaron a mediados del año pasado. Las escuchas revelaron que la mujer de Castillo, Natalia Luengo, ahora detenida, comenzó a contactarse con agencias de viaje en agosto. El plan inicial era comprar una casa en el barrio Costa Esmeralda, pero terminaron optando por el viaje a Emiratos Arabes y Maldivas para pasar el Fin de Año.
El 6 de agosto, en una charla con su mamá, Luengo confirma que prefiere ir “a los shoppings más exclusivos del mundo”.
– Natalia Luengo: Llamé a una agencia, porque primero Jorge me dijo “Bueno, está bien, seña la casa esa”, viste, que señé lo de allá en Costa Esmeralda.
– Nilda Arrieta: Sí ….
– NL: Pero yo anoche también, ya viste, a la tipa le dan la mano y yo ya voy por todo. (risas). Ya que está. Bueno mandé a varias agencias, y una que es muy conocida que me presupueste a Maldivas …. Uno dice que es caro pero ¿qué es caro? (risas) Y mirá, 12 días en Maldivas y 7 días en Dubái, con aéreo, 8.800 por persona, no es tan caro… Casi 70.000 dólares.
-NA: ¿Qué es hotel nada más?
-NL: Hotel y aéreo
-NA: Y escúchame, ¿Qué es lo que hay en Dubai? ¿Qué es lo que hay de lindo en Dubai?
-NL: Bueno, en Dubái iríamos primero al desierto, quiero conocer lo que es el desierto…
-NA: ¿Ahí es dónde están los camellos?
-NL: SI, sí. Y están los shoppings más exclusivos del mundo. Es todo..
Los teléfonos de Castillo y su mujer eran escuchados las 24 horas del día. El registro de las comunicaciones revela cada ingreso a su casa del country “Haras Argentino Farm Club”, en el partido de Luján, por los llamados que hacía la seguridad. Hay decenas de nombres que luego fueron investigados.
Las llamadas a los teléfonos de la pareja revelaron, además, operaciones inmobiliarias, datos de cuentas bancarias y domicilios desconocidos. El 29 de abril de 2024, la mujer de Castillo se comunica con una inmobiliaria de Luján para alquilar una propiedad en la calle Lavalle al 400, en esa misma localidad. Y el 4 de mayo, la guardia del barrio le avisa a la mujer que había llegado una persona para reunirse con Castillo por la venta de un campo “de acá de Torres”.
Sociedad
Aumentó la desocupación en CABA y ya afecta a 132.000 personas
Según los datos oficiales, el 7,8% de la población activa busca trabajo, pero no lo encuentra. La cifra marca un leve aumento respecto al mismo periodo de 2024, cuando alcanzó el 7,5 por ciento
Durante el primer trimestre de 2025, la desocupación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó el 7,8% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que representa a unas 132.000 personas sin empleo. Este porcentaje refleja un leve incremento en comparación con el mismo período de 2024, cuando la tasa de desocupación era del 7,5%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.
El informe también destaca una marcada desigualdad de género en el acceso al empleo. La desocupación afecta al 7,1% de los hombres económicamente activos, mientras que entre las mujeres asciende al 8,6%. Esta brecha evidencia las barreras persistentes que enfrentan las mujeres en el mercado laboral porteño, lo que agrava las tensiones en un contexto de empleo ya frágil.
Otro indicador relevante es el aumento de la subocupación, que alcanzó el 8,7%, creciendo 1,2 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2024. Este incremento se debe principalmente al componente no demandante, es decir, personas que trabajan menos de 35 horas semanales y no buscan activamente ampliar su carga laboral. Este fenómeno refleja una precarización en las condiciones laborales, ya que muchas personas no logran acceder a empleos de tiempo completo o con mejores condiciones.
La calidad del empleo
En cuanto a la calidad del empleo, el informe revela que el 74,5% de la población ocupada es asalariada, un porcentaje que no ha variado respecto al año anterior. Sin embargo, dentro de este grupo, el 25,4% no recibe aportes jubilatorios, lo que pone de manifiesto un alto nivel de informalidad en el mercado laboral. Además, el 7,6% de quienes trabajan en unidades económicas lo hacen bajo condiciones contractuales precarias, como contratos temporales o por tiempo determinado, lo que limita su estabilidad laboral.
Por otro lado, el informe señala que los puestos de trabajo con duración de entre 35 y 45 horas semanales alcanzan el 45,4%, apenas por debajo del registro de un año atrás (46,1%). La misma dinámica tienen la población ocupada que declara trabajar más de 45 horas semanales, que incluye al 26,4% (era 27,3% en el primer trimestre de 2024).
Por otro lado, la proporción de trabajadores por cuenta propia se mantuvo en el 20,8%, sin cambios respecto al mismo período de 2024. Aunque este segmento no muestra crecimiento, tampoco ha logrado absorber la presión sobre el empleo formal, lo que contribuye a la persistencia de un escenario laboral frágil.
En síntesis, aunque los indicadores generales de actividad y empleo no presentan variaciones significativas y algunos indicadores a nivel macro se han “acomodado”, el aumento de la desocupación y la subocupación refleja un mercado laboral que sigue siendo vulnerable. Las desigualdades de género, los altos niveles de informalidad y la precarización de las condiciones laborales continúan siendo desafíos estructurales que afectan a miles de trabajadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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