Fue desbaratada tras once allanamientos realizados por Gendarmería y Prefectura luego de una investigación que comenzó en 2018. Hay seis detenidos
“Es grosso”, relataba días atrás un investigador federal a Infobae sobre la causa en curso: “Muy grosso”. Quizás, el término fue una subestimación.
En las últimas semanas, luego de una investigación de la PROCUNAR a cargo del fiscal Diego Iglesias, la Fiscalía Federal N°2 de Cecilia Incardona y el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora a cargo de Luis Armella que comenzó en 2018, el Escuadrón Antidrogas de Gendarmería y Prefectura allanaron y desarticularon a una organización narco que intentó contrabandear una tonelada y media de cocaína a Europa, un volumen que supera ampliamente a la icónica tonelada del caso “Carbón Blanco”, hasta hoy la mayor jugada internacional de droga en la historia argentina. La jugada era sencilla: no planeaban introducir la droga en containers, disimulada en otros productos. Eran navegantes. Su plan era llevar la droga en velero hasta aguas internacionales. Allí, la entregarían a un buque.
El presunto jefe de la trama ya fue identificado: el acusado es Gustavo Diego M., un argentino de 48 años basado en Málaga, España. En el país había tenido un domicilio en San Justo y un alta en la AFIP como empresario. Doce años atrás, integró una empresa radicada en Santa Cruz dedicada a la minería, al menos en los papeles.
Así, seis personas fueron detenidas y once domicilios fueron allanados en territorio bonaerense, según confirmaron fuentes de los organismos de seguridad. Se secuestraron seis camionetas, dos automóviles, un velero, una lancha rápida y un bote semirrígido, seis motos, equipos GPS, siete celulares, 650 mil pesos, 38 mil dólares, 53.690 euros, 11.300 reales, un dispositivo para almacenar bitcoin y una máquina para contar billetes.
También, se encontraron 1.549 kilos de cocaína.
Parte de la droga incautada en uno de los allanamientos.
La causa tomó un fuerte empuje en el último mes, luego de largas escuchas telefónicas. Las tareas de campo hechas por Prefectura en la zona de Belén de Escobar -a donde llegaron por la triangulación de señales telefónicas- revelaron movimientos de los investigados en tres embarcaciones sobre el río Paraná, con base en dos domicilios de la zona. Así, se logró identificar una entrega de cajas en una lancha, que fue seguida. Se llegó a un velero, llamado Quo Vadis. La pista llevó también a un complejo turístico de cabañas sobre la zona del Paraná de las Palmas, donde se detectó otro pasamanos de bultos a dos embarcaciones más, la lancha y un botesemirrígido, bautizado con un curioso nombre: “El Fanfi.”
La Justicia federal dio la orden y se interceptaron las embarcaciones. Luego, fueron hacia el complejo de cabañas. Allí, encontraron 34 bultos envueltos en plástico negro, con 889 kilos de cocaína, dinero y equipos de comunicación.
El velero Quo Vadis, amarrado en Puerto Madero tras ser incautado por Prefectura.
Los datos en este operativo llevaron a cuatro allanamientos en el country El Centauro de la zona de Ezeiza. Allí se encontraron otros 660 kilos de cocaína. La pista del caso continúa y se esperan más procedimientos. La sospecha también se enfoca en otro delito más allá del transporte de drogas: el lavado de dinero.
Hay un dato evidente: 1500 kilos no se consiguen de manera tan fácil. Un lote de este tamaño implica un contacto fuerte con logística narco aceitada que implica una cadena de actores desde Bolivia hasta la provincia de Buenos Aires. Investigadores del caso sospechan que la droga fue lanzada por un bombardeo aéreo, una de las modas recientes del narcotráfico a gran escala. La jugada es sencilla: un avión vuela con la droga y la lanza en medio de un campo. Luego, los narcos van y recogen. El miércoles 18 de mayo, en pleno día del Censo Nacional, un escuadrón de Gendarmería Nacional se trasladó con dos patrulleros al departamento Constitución, provincia de Santa Fe, entre las localidades de Juan Molina y Conesa, el límite con la provincia de Buenos Aires, para actuar en un hallazgo inquietante: 175 kilos de cocaina distribuidos en bolsas de arpillera, prolijamente envueltos en plástico, que habían sido lanzados por aire en el medio de un maizal.
Los casos también se repiten en el Puerto de Zárate, con varios envíos encontrados por la PFA, disimulados entre containers, vinculados a traficantes con históricas líneas hacia Europa. Los 1500 kilos hallados en esta causa tras cuatro años de investigación se suma a la tendencia que apunta a un solo norte tétrico: la Argentina se convierte otra vez en un punto caliente de operaciones para enviar cocaína al otro lado del Atlántico.
El negocio, como siempre, es redondo: 1500 dólares el kilo mayorista en Bolivia, 30 mil euros en Barcelona.
Cristian Eduardo Robledo fue declarado culpable del homicidio de Norma Antonia Guevara ocurrido el 20 de octubre de 2024
A casi un año del homicidio que conmocionó a Lomas de Zamora, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 dictó prisión perpetua para Cristian Eduardo Robledo, declarado culpable de asesinar con un arma blanca a su abuela, Norma Antonia Guevara, y de atacar gravemente a su prima de 11 años.
El fallo, emitido el lunes pasado, cierra una etapa judicial marcada por el dolor y el temor de la familia de la víctima, quienes consideraron la condena “un alivio”.
La sentencia puso fin a la causa por un hecho ocurrido la noche del 20 de octubre de 2024, en una vivienda situada en Castelli al 1700, Lomas Oeste.
Allí, Robledo atacó a puñaladas a su abuela dentro del domicilio donde residía, agredió a su prima menor de edad y escapó con dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. La investigación estableció que el crimen no respondió a un robo planificado, sino a un episodio de violencia de género en el ámbito familiar.
La reconstrucción del caso expuso una secuencia de extrema violencia que tuvo como escenario la casa familiar de Guevara, de 68 años. Según fuentes judiciales, aquella noche, Robledo, de 24 años, mantuvo una discusión con su abuela, quien se negó a darle dinero. Testimonios recabados por la Fiscalía señalaron que el joven padecía adicción a las drogas y vivía en situación de calle, aunque recibía de forma regular la contención de la mujer.
La zona en donde ocurrió todo
Durante el altercado, Robledo utilizó un cuchillo de cocina para agredir a su abuela. Utilizó el mismo objeto para atacar a su prima de 11 años, quien resultó herida en el cuello. A diferencia de su abuela —que perdió la vida en el acto—, la menor sobrevivió y logró pedir ayuda a los vecinos, quienes alertaron a la Policía y solicitaron atención médica urgente.
La investigación descartó el móvil del robo simple, pese a la sustracción de objetos, e identificó el hecho como homicidio agravado en el contexto de violencia intrafamiliar, según informó el portal La Unión.
El hombre tenía antecedentes delictivos por robo agravado con uso de arma de fuego y denuncias previas por agresión hacia una expareja.
La intervención de la Fiscalía N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Fabiola Juanatey, fue clave para la recopilación de pruebas y testimonios. Las pericias psiquiátricas solicitadas durante la etapa de instrucción concluyeron que Robledo era plenamente consciente de sus actos al momento del crimen, lo que permitió avanzar hacia el juicio oral.
El tribunal consideró probadas las circunstancias que rodearon el hecho: el joven atacó primero a su abuela, la mató a cuchilladas y luego lesionó a su prima. Tras ello, escapó del domicilio con dos teléfonos y dinero, aunque fue capturado a pocas cuadras con las manos ensangrentadas y portando la cuchilla homicida, informó la policía.
El veredicto de prisión perpetua fue dictado en una audiencia celebrada el lunes último por el TOC 2 de Lomas de Zamora.
En los días previos al fallo, la familia hizo público su deseo de que la pena máxima recayera sobre el acusado.
La causa fue instruida por la fiscal Juanatey, especializada en violencia de género y familiar, quien acompañó a la familia durante todo el proceso judicial. La funcionaria solicitó el dictamen pericial y la recolección de evidencia para sostener la imputación por homicidio agravado.
Se trata de la ex pareja de la víctima, quien se cree que la habría empujado tras haber tenido una pelea. Además, se encontraron conversaciones que comprobarían que la joven habría sufrido violencia de género
La investigación sobre la muerte de Camila Soledad González, la joven de 29 años que murió después de haberse caído de un sexto piso en Corrientes, dio un giro determinante tras la imputación de L. L. C., un médico de 50 años y su ex pareja, por homicidio agravado por mediar violencia de género.
La acusación fue ratificada este martes, luego de que la fiscal de Investigaciones N° 1, Lucrecia Troia, solicitara la prisión preventiva del acusado, quien permanece bajo custodia desde el momento del hecho. Asimismo, subrayó que la investigación permitió dar con una serie de pruebas y testimonios que refuerzan la hipótesis de un femicidio.
“Se secuestraron teléfonos, se realizaron pericias en el lugar y el imputado ya declaró en sede judicial”, confirmó la investigadora judicial en declaraciones a Radio Dos. Además de estos elementos, señalaron que la causa cuenta con nuevos testimonios que describieron el contexto de violencia psicológica y control que habría predominado en la relación entre la víctima y el acusado.
Entre los testimonios incorporados, destacó el de una amiga de Camila, quien relató ante la Justicia detalles del vínculo que mantuvo con el médico. En palabras de la fiscal, la testigo habría aportado elementos que “brindan un contexto que refuerza la hipótesis de violencia de género”. También la actual pareja de la víctima prestó declaración ante la Fiscalía y sumó información relevante para la causa.
El edificio desde donde cayó la joven
De acuerdo con la información publicada por Corrientes al Día, también se evaluaría la posibilidad de que el hijo dela joven, de 10 años, sea sometido a una Cámara Gesell. “Se está tramitando, pero no se quiere revictimizar al menor. Habría estado en el lugar del hecho, pero necesitamos escucharlo a él”, explicó la fiscal Troia.
El caso ocurrió el viernes 10 de octubre en un edificio de la calle San Martín al 300, en el barrio Camba Cuá de la capital correntina. La Justicia intenta esclarecer si la caída desde el sexto piso fue un accidente, un suicidio o un femicidio. No obstante, la hipótesis de femicidio cobró fuerza a partir de los mensajes y las conversaciones que evidenciarían que habría existido una relación conflictiva y violenta entre la joven y el principal sospechoso.
La ex pareja fue detenida en el lugar de los hechos y este martes se confirmó su imputación
En los chats recuperados, Camila describía una convivencia marcada por los celos, el control y la manipulación. “La relación se volvió súper tóxica, pero yo opté por no darle bolilla”, escribió a una amiga durante su estadía en Bahía Blanca.
En otro mensaje, relató: “La casa estaba llena de cámaras y me controlaba todo el tiempo”. La presión ejercida por el médico la llevó incluso a eliminar fotos de sus redes sociales, como lo expresó en otro mensaje. “Yo ya entendí, no le sigo el juego”, había escrito la joven.
Tras finalizar la relación con L. L. C., Camila había iniciado un nuevo vínculo sentimental. De hecho, el jueves previo a su muerte, el médico se presentó en el departamento de la joven mientras ella cenaba con su nueva pareja, lo que derivó en una fuerte discusión. Horas más tarde, el acusado regresó al lugar.
El viernes, la joven llevó a su hijo a un entrenamiento de fútbol y tenía previsto reunirse con amigas por la tarde, según quedó registrado en su teléfono. Estos planes, según la Fiscalía, debilitan la hipótesis de que la mujer habría intentado quitarse la vida.
Ese mismo día, la joven cayó desde el sexto piso del edificio. El médico se encontraba en el departamento y fue el primero en ser detenido. Desde entonces, permanece bajo custodia, mientras la fiscalía espera los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer si existieron lesiones defensivas o signos de haber tenido un forcejeo.
Por el momento, la investigación avanza con la recolección de testimonios de familiares, amigas y allegados, quienes coinciden en describir una relación de pareja marcada por la violencia psicológica y el control extremo. Todos los elementos reunidos hasta el momento complican la situación judicial del médico detenido, de acuerdo con la mirada de la Fiscalía.
El hecho ocurrió en la cárcel de Villa Las Rosas. La víctima recibió una herida en la zona cervical con un arma blanca tumbera
Un joven de 28 años fue asesinado este lunes en el penal de Villa Las Rosas, en Salta, tras ser apuñalado en su celda durante el horario de recreación del pabellón A2. Las cámaras de seguridad de la Unidad Carcelaria 1 registraron el ingreso de cinco internos al lugar donde se produjo el ataque.
Al tomar conocimiento de lo que sucedía, las autoridades trasladaron al joven al hospital San Bernardo, donde los médicos intentaron salvarle la vida mediante una intervención quirúrgica. Horas más tarde, falleció como consecuencia de las lesiones sufridas. Tanto la víctima como los presuntos agresores se encontraban cumpliendo condenas por delitos vinculados al robo.
Por el hecho hay cinco internos sospechados captados, cuando ingresaban a la celda de la víctima, por las cámaras de seguridad del penal
En las redes sociales, el joven asesinado había publicado imágenes en las que aparecía portando un arma de fuego y exhibía una actitud desafiante, acompañando una de las fotografías con la frase: “Me sobran balas”.
La Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal intervino de inmediato, y los cinco sospechosos fueron apartados de la población general del penal.
Irá a juicio la presa que cambió de género en la cárcel de Bouwer y fue denunciada por violar a siete reclusas
La Justicia de Córdoba confirmó la elevación a juicio de la causa contra Gabriela Nahir Fernández, acusada de abuso sexual contra siete detenidas en el penal femenino de Bouwer. La imputada, de 34 años, cambió su identidad de género en 2018 y fue trasladada al pabellón de mujeres, donde habría cometido los delitos.
Irá a juicio la presa que cambió de género en la cárcel de Bouwer y fue denunciada por violar a siete reclusas
De acuerdo con la acusación del fiscal Juan Ávila Echenique, Fernández será juzgada como “probable autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado (dos hechos) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave”.
Además, en uno de los episodios, se la consideró “coautora de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos, calificado por el número de autores”, ya que habría actuado junto a otras dos presas, y se sumó la agravante de “uso de arma en grado de tentativa”.
En la misma resolución, el fiscal imputó a I. R. F. (42 años) y R. B. M. (26 años) como “probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos”, en relación con una sola víctima, según información de La Voz del Interior.
El historial judicial de Fernández comenzó en octubre de 2016, cuando ingresó a prisión bajo el nombre de Gabriel y, un año después, recibió una condena de tres años por “lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada”. En noviembre de 2018, manifestó ante la Justicia: “Me autopercibo mujer”, lo que motivó el cambio de identidad de género y su traslado al sector femenino del penal de Bouwer. En ese contexto, rechazó las condenas por violencia de género, argumentando que “no son compatibles con el género al que actualmente estoy arraigada”.
Mientras cumplía condena, en abril de 2019, Fernández fue imputada por “privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas” contra una mujer, y poco después obtuvo la libertad condicional. Hacia finales de 2019 y nuevamente en 2022, enfrentó denuncias que fueron archivadas. Ya en libertad, en 2023, fue denunciada por “privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones leves calificadas”, y posteriormente por “violación de domicilio, coacción y desobediencia”, lo que derivó en su detención y, en 2024, en la prisión preventiva.
Durante su reclusión en el anexo Sala A del Establecimiento Penitenciario Nº 3, se detectó el abuso contra una compañera de celda. Tras varias sanciones disciplinarias, las autoridades decidieron trasladar a Fernández a otro penal para resguardar a la víctima. Actualmente, permanece en régimen de aislamiento dentro del penal femenino de Bouwer, mientras las tres acusadas continúan detenidas.