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Avión venezolano-iraní: el juez Villena ordena frenar la salida del país de los iraníes y pide un informe sobre el avión

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La decisión del magistrado llega luego del reclamo de la DAIA, que se presentó como querellante.

El juez federal Federico Villena ordenó este lunes frenar la salida del país de los iraníes que viajaban en el avión retenido en el aeropuerto de Ezeiza, y pidió un informe sobre la aeronave.

La decisión del magistrado llegó luego de que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se presentó como querellante en la causa que pide investigar la situación generada por la aeronave de carga retenida en el aeropuerto. Ahora quien debe decidir si se inicia o no una investigación es la fiscal Cecilia Incardona.

En la resolución a la que accedió Clarín, el juez Villena aceptó dar curso a las medidas solicitadas por la institución judía aún antes de la intervención de la fiscal, “en virtud de la gravedad de las circunstancias expuestas“.

Por ese motivo, se pidió este lunes a la titular de la Dirección Nacional de Migraciones “que mantenga retenidos a la orden de este Tribunal los pasaportes de los ciudadanos iraníes Mohammad Khosraviaragh; Gholamreza Ghasemi; Mahdi Mouseli; Saeid Vali Zadeh; y Abdolbaset Mohammadi, por el término de 72 horas”.

En la misma resolución, el juez solicitó al Director Ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, comisionado mayor Maximiliano Lencina, que, “se informe cualquier movimiento que se produzca sobre la aeronave matrícula venezolana YV3531 ­Boeing 747 Dreamliner de la empresa Emtrasur­, la cual se encontraría en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini”.

En el Boeing viajaban catorce tripulantes venezolanos y cinco iraníes.

Los iraníes llegaron a la Argentina el 6 de junio desde México y aterrizaron en Córdoba. Más tarde fueron a Buenos Aires. El 8 de junio el avión intentó volar a Uruguay pero le denegaron el aterrizaje, y tras volar en círculos sobre el Río de La Plata volvió a Ezeiza.

La empresa Emtrasur, con sede en Caracas, registró el avión como parte de su flota el 23 de enero pasado. Pero antes, durante 15 años, el Boeing 747 operó para la compañía iraní Mahan Air.

Sobre el derrotero y datos de la aeronave bajo sospecha, la DAIA y la AMIA exigieron “información exhaustiva y detallada sobre el listado de tripulantes que viajaban en la mencionada aeronave y los motivos de su paso por el país”.

Cuando requirieron ser querellantes en forma conjunta, las instituciones de la colectividad judía plantearon que “al dejar entrar a este avión se puso en riesgo no solo la seguridad de todo nuestro país, sino de América del Sur. Dejar ir a los tripulantes sin haberlos indagado al respecto sería una oportunidad perdida de poder ayudar a combatir el terrorismo internacional”.

En su denuncia, la DAIA señaló que “Los ciudadanos originarios de Irán tendrían vínculos con las fuerzas Quds, perteneciente a la Guardia Revolucionaria Islámica, declarada como grupo terrorista por los Estados Unidos”.

Los denunciantes recordaron los atentados del 17 de marzo de 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires y del 18 de julio de 1994 contra la AMIA, “que aún permanecen impunes, fueron planificados y ejecutados por el Hezbollah, un grupo terrorista financiado y apoyado por la República Islámica de Irán”.

También recordaron que algunos de los acusados iraníes que en la actualidad son funcionarios del gobierno de Teherán y que tienen pedidos de captura internacional, “han circulado recientemente por países que los reciben y protegen, burlando la exigencia de la justicia local y de Interpol”, en referencia a la reciente presencia de Mohsen Rezai en la reasunción del poder de Daniel Ortega en Nicaragua.

Ante la denuncia, el juez Villena entendió que debía constituirse un expediente penal, pues “no puede descartarse la eventual comisión de un delito de acción pública que amerite la intervención de esta justicia de excepción los cuales requieren de un urgente esclarecimiento”. El magistrado también basó su decisión en “los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino”.

Las sospechas sobre el avión

La llegada de los iraníes como parte de la tripulación de la extraña aeronave levantó inmediatas sospechas, por la vinculación que tienen con el régimen de Nicolás Maduro y por la responsabilidad que ese país tuvo en el atentado a la AMIA.

El avión tiene bandera venezolana. La empresa Emtrasur, con sede en Caracas, lo registró como parte de su flota el 23 de enero pasado. Pero antes, durante 15 años, el Boeing 747 operó para la compañía iraní Mahan Air. Según los Estados Unidos, Mahan Air sería un brazo operativo de la fuerza Quds, a la que consideran un grupo terrorista.

La aeronave se encuentra en Ezeiza, no tiene combustible y ninguna empresa -hasta ahora- se animó a cargarle. De hecho, YPF y Shell se negaron a venderle nafta por las alertas internacionales que saltaron tras conocerse el vínculo de Mahan Air con los Quds.

Washington sanciona a las firmas que dan algún tipo de apoyo logístico a grupos vinculados al terrorismo -y en particular a Mahan Air- y ninguna compañía quiere sufrir esas consecuencias.

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Elecciones en Misiones: habrá varias opciones libertarias, el peronismo no presentará lista y un ex policía preso será candidato desde la cárcel

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El fin de semana se votará en la provincia y La Libertad Avanza tendrá boleta propia con un el tenista Diego Hartfield a la cabeza, pero además tendrá representación en otros espacios. Los “radicales con peluca” también presentarán su lista.

Este domingo 8 de junio, en Misiones más de un millón de personas estarán habilitadas para votar en los comicios provinciales. En la jornada electoral se definirá el recambio de 20 de las 40 bancas que tiene la Legislatura unicameral de la provincia de la tierra colorada.

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Javier Milei ratificó que vetará los cambios en las jubilaciones: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia”

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El Presidente se refirió a la votación que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados e insistió que dejará que avance la ley

Tras la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma jubilatoria, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para ratificar la postura que tendrá la Casa Rosada si la ley avanza en el Senado.

A través de su cuenta de X, publicó: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit”.

El mensaje fue breve, pero contundente, y reflejó la línea que el oficialismo viene sosteniendo desde hace semanas frente al avance de iniciativas legislativas con impacto fiscal.

La reacción de Javier MileiLa reacción de Javier Milei tras la votación en Diputados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había adelantado la decisión del Gobierno durante un encuentro con empresarios de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). “No hay nada si no mantenemos el equilibrio fiscal”, afirmó ante los presentes, y recordó que la administración nacional ha eliminado programas, despedido personal y desmantelado fondos fiduciarios con el objetivo de reducir el gasto público.

Desde la presidencia de la Cámara baja, Martín Menem también apuntó contra los legisladores que apoyaron la propuesta. “Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”, escribió en su perfil de X, reforzando la narrativa oficial.

La jornada en el recinto coincidió con otro frente de conflicto: los reclamos salariales del personal del Hospital Garrahan. Aunque el Gobierno anunció un bono para los residentes, estos rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y por no haber recibido una comunicación formal desde el Ministerio de Salud. Mientras tanto, la tensión también se trasladó a los pasillos del hospital pediátrico, donde el resto del personal —que representa más del 90% de la planta— también exige mejoras en sus condiciones laborales.

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Diputados aprobó un aumento del 7,2% de las jubilaciones, una suba del bono a $110 mil y la restitución de la moratoria

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El gobierno nacional ya adelantó que vetará los proyectos si son ratificados por el Senado. También se ratificó por ley la fórmula de movilidad previsional y se estipuló el pago de las deudas con las cajas previsionales provinciales

Bloques de la oposición dura y dialoguista lograron en la Cámara de Diputados la media sanción de un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% (excepto los regímenes especiales) y un incremento para el bono, que pasará de $70 mil a $110 mil y se actualizará por inflación. También fue aprobada la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años pudieran comprar los aportes faltantes para acceder a la jubilación mínima.

El voto afirmativo de los tucumanos de Independencia sorprendió porque el gobernador Osvaldo Jaldo ha sido uno de los principales aliados del Gobierno y hasta el momento siempre se había alineado con el oficialismo. De hecho, los tres diputados que responden al mandatario provincial no habían dado quórum para iniciar la sesión. También llamó la atención el apoyo de dos diputadas salteñas de Innovación Federal, lo que podría dejar de manifiesto un enfriamiento de la relación entre la Casa Rosada y el gobernador Gustavo Sáenz.

Los diferentes proyectos previsionales pusieron en pie de guerra al gobierno nacional que adelantó públicamente que el presidente Javier Milei vetará -en caso de ser ratificadas por el Senado- cualquier iniciativa que afecte el superávit fiscal.

El tablero de la votaciónEl tablero de la votación

En la previa de la sesión, desde el oficialismo hicieron públicos algunos cálculos sobre el impacto presupuestario de los proyectos. Sin embargo, muchas de las cifras fueron cuestionadas por la oposición, que además incluyó recortes del gasto tributario para garantizar esos recursos: por ejemplo, la eliminación de la exención al IVA para los directores de empresa, la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias a las sociedades de garantía recíproca, que se destine el ahorro presupuestario logrado cuando el FMI quitó los recargos a los intereses, la nacionalización de los fondos de ACARA y de CSA de los entes recaudadores por los registros automotor y un redireccionamiento de todas las partidas que por DNU le fueron otorgadas a la SIDE.

El aumento del bono a $110 mil, y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0.26% del PBI, ya que la Oficina del Presupuesto del Congreso había calculado que el impacto fiscal sería de 0.23% si se llevaba a $105 mil y de 0.30% si quedaba en $115 mil. Finalmente la oposición terminó consensuando una cifra intermedia entre los dos dictámenes.

Según un informe elaborado por el Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES que tengan la movilidad determinada por el artículo 32 de la ley 24.241, tendrá un costo de 0,20% del PBI para el 2025 y del 0,42% para 2026. En total acumulan un 0,7% del PBI.

El proyecto aprobado además incluye una oficialización por ley de la actual fórmula de movilidad jubilatoria que rige por Decreto de Necesidad y Urgencia desde abril del año pasado. Por otro lado, también estableces que los giros a las cajas jubilatorias provinciales -no transferidas- se realicen de forma automática y se actualicen por inflación, un reclamo de los gobernadores.

Moratoria previsional y régimen proporcional

La moratoria previsional había quedado sin efecto en marzo cuando el Gobierno decidió no prorrogarla. “Sin la moratoria 7 de cada 10 personas no van a poder jubilarse”, explicó el diputado Itai Hagan, del Unión por la Patria, y también insistió en que es “injusto” que no pueda acceder a una prestación una persona que trabajó en negro en contra de su voluntad.

En la previa de la sesión se especulaba con que esta iniciativa sería rechazada ya que la mayoría de los bloques dialoguistas preferían aprobar algún tipo de sistema de prestación proporcional que tenga en cuenta los años efectivamente aportados.

El radicalismo, la Coalición Cívica, los cordobeses de Encuentro Federal que responden al gobernador Martín Llaryora y hasta un sector minoritario del PRO presentaron proyectos propios de Prestación Proporcional.

Diputados de Unión por laDiputados de Unión por la Patria festejan la restitución de la moratoria

No queremos ir a una situación que termine una vez más en un veto y que entonces los jubilados no tengan ninguna solución y queden en la misma situación que la actual, como ya pasó con el veto anterior. Nuestra alternativa es dar un plazo de 30 días a que haciendo uso del resultado fiscal positivo y de los gastos tributarios se ponga un sendero de integración del bono en la jubilación. Es algo más que razonable y queda en el Ejecutivo la gradualidad de cómo podrían ejecutarlo”, había explicado el radical Lisandro Nieri.

Sin embargo, la decisión de abstenerse de Encuentro Federal y Democracia para Siempre terminó jugando en contra el Gobierno, que se quedó sin margen para sumar voluntades en contra.

Ahora se espera que el Senado, donde el peronismo solo necesita sumar tres votos para tener mayoría, los proyectos sean ratificados. Luego el presidente Javier Milei podría vetarlos y, en ese caso, el Congreso intentará insistir con dos tercios de los votos. “Van a cobrar los jubilados o van a cobrar los gobernadores”, ironizó un diputado dialoguista en referencia a la necesidad que tendrá la Casa Rosada de convencer a los mandatarios provinciales para que le permitan al oficialismo llegar al tercio (87) que sostenga los vetos.

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