La judicialización de la licitación del gasoducto Néstor Kirchner en la que derivó la salida del ex ministro de Producción, Matías Kulfas, puede deparar nuevas sorpresas que traben la obra, en este caso más ligadas a la impericia que a la corrupción.
Más allá del manto de dudas que ahora sobrevuela el proceso de licitación y de la presión de Cristina Kirchner para que Techint produzca en Argentina la chapa que prevé importar de Brasil, lo cierto es que el proyecto tiene una falencia de origen: su financiamiento. Se trata de un tecnicismo que, de no subsanarse, podría dejar en términos legales a Enarsa sin la principal fuente de recursos para fondear el primer tramo de la obra. Y podría derivar también en un pleito por malversación de fondos públicos.
Los fondos asignados hasta el momento a la construcción del gasoducto ascienden, según la información pública de la compañía estatal a cargo, unos $178.350 millones, de los cuales más de una tercera parte -unos $60.190 millones- provienen de lo recaudado en 2021 por el Aporte Solidario, conocido informalmente como el “impuesto a la riqueza”. Se trata del 25% del total obtenido por el Fisco con este gravamen, tal como se determinó en la ley 27.605 que lo instaló.
Sin embargo, el texto fue bien específico respecto al destino de esos fondos y estableció que debían orientarse a “programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional” a través la entonces Integración Energía Argentina (IESA), hoy nuevamente Enarsa. En otras palabras, por ley, los fondos del Aporte Solidario debían destinarse a lo que en la industria petrolera se denomina upstream. Las obras de infraestructura para el transporte (midstream), escapan entonces a esa definición tan concreta.
El proyecto tiene una falencia de origen: su financiamiento. Se trata de un tecnicismo que, de no subsanarse, podría dejar en términos legales a Enarsa sin la principal fuente de recursos para fondear el primer tramo de la obra. Y podría derivar también en un pleito por malversación de fondos públicos
Por eso, en septiembre del año pasado el Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto 2022 un artículo para modificar la aplicación de esos recursos. En el artículo 101 se resolvió la modificación de la ley del impuesto a las grandes fortunas para adecuarlo a las necesidades de financiamiento del gasoducto. Así, el proyecto de Presupuesto estableció en ese artículo que se destinaría 25% de lo recaudado por el polémico tributo no sólo a exploración y desarrollo sino también a “construcción, mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural”, siempre a través de la rebautizada Enarsa. Pero el proyecto de Presupuesto nunca se aprobó, por lo cual se mantiene sin modificaciones el texto original de la ley que impuso el aporte extraordinario, lo cual a su vez deja al gasoducto sin una fuente clave de financiamiento.
El punto fue advertido por el economista especializado en energía y también cuestiones presupuestarias -fue subsecretario de Presupuesto- Nicolás Gadano. “Si se judicializa el gasoducto, aparecerá el problemita de la malversación de los fondos del Aporte Solidario, que por ley deben destinarse al upstream, no a la construcción de infraestructura de transporte”, advirtió, al tiempo que, en diálogo con Infobae, se mostró sorprendido por la falta de atención al detalle. “No se puede resolver por decreto, como es una cuestión tributaria, debe corregirse por ley. Pero evidentemente mucho no les importa, no le están prestando atención pero si se judicializa por otros temas, alguien va a levantar el punto”, afirmó.
Los fondos asignados a la construcción del gasoducto ascienden a $178.350 millones, de los cuales más de una tercera parte -unos $60.190 millones- provienen de lo recaudado en 2021 por el Aporte Solidario, conocido informalmente como el “impuesto a la riqueza”
Tal vez ahora el principal interesado en subsanar cualquier “irregularidad” sea Techint, el adjudicatario de la provisión de caños con cuya subsidiaria SIAT el contrato aún no se firmó ni, mucho menos, se pagó.
En cualquier caso, existe un antecedente con un conflicto similar, derivado de la falta de aprobación del Presupuesto. Es el que mantiene el campo con el Gobierno respecto de las retenciones, cuya alícuota se incrementó gracias a la delegación de poderes en la ley de Presupuesto. Como no se aprobó un nuevo Presupuesto para este año, la Sociedad Rural considera que la delegación de poderes ha cesado mientras que el Gobierno considera que se mantiene intacta porque se mantiene en vigencia el texto del año anterior. La disputa, en definitiva, está sujeta a interpretación.
En este caso, sin embargo, es diferente. Porque en el Presupuesto 2021 no hay mención alguna al aporte solidario, aprobado en diciembre de 2020 cuyo texto se buscó modificar, precisamente, para este año.
