Los fondos del fideicomiso privado de harina y fideos se agotan en dos semanas y los del aceitero, en poco más de un mes. El sector reclama mejoras para continuar con estos esquemas. Martín Guzmán analiza cambios
Una de las primeras definiciones que deberá tomar el recién llegado secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, será cómo continuar con los fideicomisos privados del trigo y el aceite, que se están quedando sin fondos antes de lo previsto debido a la fuerte suba de los commodities durante los primeros meses del año producto de la guerra en Ucrania. Cuando esto suceda, el instrumento quedará sin efecto y los precios en góndola tendrían importantes ajustes.
En este contexto, los exportadores nucleados en la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) comenzaron en las últimas horas una negociación contrarreloj por ambos fideicomisos, con el objetivo de lograr cambios que permitan la sustentabilidad de las herramientas. En un primer encuentro que mantuvieron este lunes, Hang les adelantó que la idea era continuar con los instrumentos por el momento, pero no anticipó de qué modo.
En el caso del fideicomiso del trigo, el objetivo de los empresarios es que venza -se terminan en junio los fondos- y “que todo pase al fondo público -recientemente creado-, ya que el Estado subió 2 puntos las retenciones en aceite y harina de soja y tiene USD 400 millones para gastar”, dijeron a Infobae fuentes de la industria. De todos modos, el público no tuvo una adhesión masiva; apenas tres empresas, entre ellas Molino Cañuelas, se sumaron y la mayoría de los molinos lo están rechazando.
En el caso del de aceite, creado en febrero del año pasado, los empresarios pelearán por una mejora en los precios de los productos en góndola o una reducción en el volumen comprometido. Difícilmente el Gobierno acepte que este fideicomiso finalice, ya que implicaría un fuerte aumento del precio del aceite en góndola, pero podría evaluarse alguna alternativa que contemple los reclamos del sector. En el encuentro que mantuvo con el presidente de Ciara, Gustavo Idígoras, Hang le pidió tiempo para analizar la situación. Con este fideicomiso tienen poco más de un mes para negociar, pero ya se están tirando las cartas.
El presidente de Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, se reunió con el secretario de Comercio, Guillermo Hang, el lunes
Este fideicomiso es un mecanismo de financiamiento privado para subsidiar el precio al consumidor nacional familiar y consiste en que los exportadores compensan al elaborador la diferencia de precios entre el local real y el valor autorizado por la Secretaría de Comercio. Fue creado por resolución de los ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura y se renovó en febrero de este año hasta fines de enero de 2023. Pero puede terminar antes si los fondos se acaban.
Todos los meses, la exportación le subsidia esa diferencia de precio a los abastecedores hasta 29 millones de litros por mes de aceites de girasol y mezcla envasados (las botellas de 900 ml y 1,5 litro) y ello representa, según el sector, el 75% del consumo. Sucede que el aporte de los exportadores, según el contrato, no debe superar los USD 190 millones en el año, y la fuerte suba del precio del girasol sumado a la poca actualización del precio por parte del Gobierno hicieron que ese fondo se consuma más rápido de lo estimado. A este ritmo, dicen en el sector, los aportes llegarían a USD 400 millones, lo cual “es insostenible”. “Además, la industria cumple con los precios de la secretaría, pero después, excepto los grandes supermercados, los otros canales aumentan, por lo que tampoco le sirve al consumidor”, agregaron las fuentes.
De acuerdo con un informe realizado en Ciara al que accedió este medio, cada mes se saca el cálculo oficial de actualización de precios que surge de la resolución vigente, que busca que la industria no siga perdiendo frente al crecimiento de los costos pero tampoco traslade todos los aumentos. Según esa fórmula, la suba de los precios que debería haber otorgado la secretaría alcanza al 47% en los últimos seis meses; dio solamente 21%. El atraso es del 26 por ciento. “Sin embargo -remarca el informe-, el Indec mostró un aumento de precios de aceites en puntos de venta del 48%, lo que muestra que los controles se realizan en salida de fábrica y no en los puntos de venta”.
Los productos incluidos en el fideicomiso, y que integran el plan Precios cuidados, son las botellas de 900 ml y de 1,5 litro de aceite de girasol y mezcla (NA)
De esta manera, los precios de salida de fábrica actuales, con el ajuste autorizado para mayo, sólo permite cubrir el 34% y 37% -girasol y mezcla- del costo total del insumo principal de los aceites refinados (aceite crudo de girasol y aceite crudo de soja, respectivamente).
¿Problemas de abastecimiento?
El informe también busca remarcar que los problemas que pueden surgir de abastecimiento en las góndolas no se relacionan con menores entregas por parte de la industria -aseguran que se mantienen sin cambios y se monitorean semanalmente en todo el país dentro del fideicomiso-, sino con un exceso de demanda, aprovechando el bajo precio, de parte de mayoristas e industriales.
“Se verificó un incremento sustancial de pedidos de aceites en algunos canales que superan ampliamente el consumo familiar aparente. También un aumento considerable de pedidos de mayoristas en provincias fronterizas (el valor del aceite en la Argentina es 25% inferior que en los países limítrofes) y además se detectaron compras de gran escala en supermercados de parte de industrias que usan el aceite como insumo (compran las botellas de 900 ml y de 1,5 litro que están destinadas al consumo familiar). Toda esta información fue compartida con la secretaría y están investigando”, dice el documento.
Finalmente, compara los valores de otros productos con el del aceite para mostrar su rezago. Por ejemplo, mientras que el kilo de pan francés valía en marzo de 2020 $110 versus $145 del litro de aceite, en marzo de este año el primero trepó a $240 y el aceite a $170.
El 1,5% de mayo fue más bajo respecto a los pronósticos previos, pero será difícil que se repita este mes, porque se registra un repunte en alimentos. Caputo sacó rédito a su política de privilegiar la desinflación por sobre el fortalecimiento de reservas
La abrupta caída de la inflación de mayo a 1,5%, el menor registro en cinco años, representa un triunfo para la estrategia elegida por el ministro de Economía. Luis Caputo privilegió la estabilidad cambiaria y el estricto control de los agregados monetarios por sobre la acumulación de reservas. El objetivo de esta política fue justamente poner como prioridad la desaceleración de precios, reflejado ayer en los datos divulgados por el INDEC.
El objetivo cada vez más explícito del Gobierno es mostrar el éxito alcanzado en la lucha contra la inflación. Y sobre todo transmitir que el ajuste fiscal y el control del gasto público finalmente tienen su premio.
Lo más destacado del dato conocido ayer es que el rubro alimentos y bebidas subió apenas 0,5%, mientras que la canasta alimentaria cayó 0,4%. Se trata de datos claves, ya que la desaceleración de precios en este segmento impacta positivamente en la base de la pirámide social. Son las familias de menores ingresos las que más se ven favorecidas, teniendo en cuenta que la mayor parte de su gasto se dedica a compras en supermercados y autoservicios.
Aún con todo lo positivo, el dato de mayo tuvo algunas señales amarillas. Por un lado, la fuerte desaceleración en alimentos se explicó por fuertes caídas de precios en frutas y verduras, algo que difícilmente se repita hacia adelante. Por otra parte, la inflación núcleo -que excluye productos regulados y estacionales- se mantuvo bastante más arriba, arrojando un 2,2%.
La inflación de servicios también se ubicó bien por encima de la promedio, llegando a 2,7%, reflejando el impacto real de los ajustes de precios sobre la clase media. Aquí entran tarifas de servicios públicos, alquileres, Internet, prepagas, restaurantes y cuotas de colegios, entre otros rubros.
Con estos datos, la pregunta razonable es si semejante caída de la inflación es sostenible en los próximos cuatro meses, es decir en la previa electoral.
Existe una probabilidad alta que se mantenga efectivamente por debajo del 2% mensual. Sin embargo, es menor claro que se pueda mantener la tendencia descendente desde los niveles actuales en los próximos meses.
La consultora LCG, por ejemplo registró un fuerte repunte en alimentos en la segunda semana de junio, con incrementos de 1,7% tras haber registrado estabilidad de precios en la primera semana. Entre los productos que lideran las subas hay varios de la canasta básica: aceites aumentaron 5,9%, verduras 4% (tras la caída de junio) y carnes 1,3%. La inflación promedio para las últimas cuatro semanas en este rubro fue de 1,6%, bien por encima del registro de mayo.
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Por lo tanto, no será fácil que este mes se mantenga un nivel similar al de mayo, pero sí existe una probabilidad alta de que se mantenga por debajo del 2%. La probabilidad de que este comportamiento se mantenga hasta la medición de septiembre también aumentó considerablemente.
La expectativa del Gobierno es que mantener la inflación en niveles acotados sea clave para conseguir un buen resultado electoral en octubre. Javier Milei siempre tuvo claro que la principal demanda de la sociedad cuando asumió era la reducción de la inflación, que pasó del 25,5% en diciembre de 2023 (producto de la devaluación) a solo 1,5% en la última medición.
Que la baja se explique sobre todo en la mayor estabilidad registrada en alimentos también es una buena noticia para la Casa Rosada, ya que el impacto se siente en sectores populares, históricamente más cercanos al peronismo o al kirchnerismo.
Por supuesto que por delante quedan muchos desafíos, en particular consolidar la reactivación para que se transforme en crecimiento genuino. También la necesidad de crear puestos de trabajo para al menos compensar la destrucción de empleo de sectores como las pymes industriales. Pero posiblemente esto sean temas que figurarán en las demandas de los próximos dos años, ya pensando en la elección presidencial de 2027.
La magnitud de la inundación que afectó a las ciudades de Bahía Blanca y General Daniel Cerri impactó a toda la comunidad y también dañó gravemente al Complejo Industrial, uno de los pilares productivos de la trasportadora de gas
Después de la inundación y la tragedia que sufrió la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, y tras tres meses de trabajo intenso e ininterrumpido, la trasportadora de gas TGS anunció que su Complejo Cerri se encuentra nuevamente 100% operativo.
Se trata de una planta cuya principal actividad es la producción de líquidos derivados del gas natural —etano, propano, butano y gasolina natural— con una capacidad anual superior a 1.050.000 toneladas. “Además, allí, se realiza el fraccionamiento y envío de estos líquidos por ductos hacia la Planta Galván, también de tgs, donde se almacenan antes de su despacho al mercado local y regional”, explicaron desde la empresa cuyo 51% pertenece en partes iguales a Pampa Energía y a un grupo de inversores liderado por la familia Sielecki.
“En nombre de todo TGS, quiero agradecer profundamente a nuestros colaboradores, proveedores, contratistas, vecinos y a toda la comunidad de Bahía Blanca por su apoyo incondicional y su compromiso durante estos meses. Lo que logramos en este tiempo récord no solo demuestra capacidad técnica, sino también una enorme vocación de servicio, solidaridad y sentido de pertenencia. Gracias a todos por ayudarnos a poner nuevamente de pie una instalación clave para la energía del país, luego de lo tristemente sufrido”, afirmó Oscar Sardi, CEO de TGS.
Oscar Sardi, CEO de TGS, en el centro, acompañado por los accionistas Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Daniel Sielecki, en octubre del 2024, en el NYSE de Nueva York, cuando se celebraron los 30 años de cotización de la empresa en Wall Street
Desde la compañía energética destacaron que para la recuperación, trabajaron no solo colaboradores de TGS provenientes de distintos puntos del país, sino también más de 150 proveedores y contratistas de servicios y materiales, cuyo trabajo coordinado y compromiso resultaron clave para la recuperación del complejo.
“A pesar de la magnitud del evento climático y del hecho de que el complejo alberga dos plantas compresoras esenciales para el sistema de transporte de gas natural, TGS nunca interrumpió la provisión del servicio. Gracias a una rápida respuesta operativa y a la implementación de maniobras extraordinarias, la compañía logró mantener la continuidad del suministro con los más altos estándares de seguridad, garantizando así el abastecimiento de gas natural en todo momento”, cerró el comunicado de TGS.
El Ejecutivo eliminó barreras para la operación de fondos internacionales con títulos públicos y redujo las condiciones para el retiro de divisas
El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paquete de medidas orientadas a estimular la entrada de divisas mediante la flexibilización de normas que hasta ahora limitaban la operatoria de capital extranjero en el mercado financiero local. Las decisiones, tomadas en simultáneo por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central (BCRA), apuntaron a facilitar tanto el ingreso como el egreso de fondos especulativos de corto plazo que inviertan en instrumentos de deuda emitidos por el Tesoro Nacional.
Desde el lado regulatorio, la CNV publicó la Resolución General N.º 1068, por la cual se amplió el conjunto de excepciones al límite diario de $200 millones que regía para transferencias al exterior de valores negociables por parte de inversores no residentes. A partir de esta disposición, esa restricción dejó de aplicarse en casos en los que se trate de bonos del Tesoro con vencimiento igual o mayor a 180 días desde su fecha de emisión y que hayan sido adquiridos en colocación primaria, siempre hasta el valor nominal suscripto.
El presidente del organismo, Roberto Silva, indicó que esta medida se enmarca en una política general de remoción de trabas al funcionamiento del mercado de capitales. Según el comunicado oficial, la CNV buscó avanzar con la normalización de operaciones y acompañar la estrategia general del Ejecutivo nacional, que prioriza el financiamiento en moneda extranjera sin intervención directa del Banco Central.
En paralelo, el BCRA confirmó que eliminará el plazo mínimo de permanencia de 180 días para los fondos del exterior que ingresen al país y participen en operaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) o en licitaciones primarias de títulos públicos del Ministerio de Economía. Esta condición, vigente desde abril de este año tras la Comunicación “A” 8230, había sido parcialmente modificada en mayo con la Comunicación “A” 8245 para permitir la suscripción del Bonte 2030 en dólares. Ahora, la permanencia mínima se suprime completamente.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, explicó que la decisión respondió a una revisión del esquema de restricciones cambiarias vigente. Consideró que el “cepo” aplicado desde 2019 había dejado de cumplir su función original y se transformó en un obstáculo para el ingreso de nuevos fondos. Según declaraciones públicas, el funcionario sostuvo que los inversores que querían salir ya lo habían hecho y que actualmente no existían trabas relevantes que justificaran mantener el régimen anterior.
El Bonte 2030, con tasa elevada y suscripción en dólares, se volvió una herramienta central para el financiamiento del Tesoro y la compra de dólares para las reservas (Reuters)
Estas modificaciones se dieron en un contexto de estrategia coordinada entre la autoridad monetaria y el Ministerio de Economía, orientada a reforzar las reservas internacionales mediante el ingreso de divisas del exterior. Para ello, el equipo liderado por Luis Caputo activó dos mecanismos: por un lado, la firma de un acuerdo de financiamiento tipo REPO con siete bancos internacionales por un monto de US$2.000 millones; por el otro, una nueva licitación del Bonte 2030, que permite suscripción en dólares por parte de inversores locales y extranjeros.
El llamado a licitación se programó para el viernes 13 de junio y apuntó a captar US$500 millones, la mitad del monto obtenido en la primera colocación de abril, que se orientó exclusivamente a no residentes. En esta oportunidad, tanto residentes como no residentes pudieron participar en la oferta, lo que amplió el universo potencial de suscriptores.
En su debut, el Bonte 2030 ofreció una tasa del 29,5%, superior a las expectativas de mercado. Esta rentabilidad, combinada con la eliminación de las restricciones de salida, representó un atractivo importante para los fondos internacionales, que encontraron mejores condiciones para operar en el mercado local. Además, se estableció un límite mensual de US$1.000 millones para este tipo de colocaciones, lo que permitió mantener cierto grado de control sobre los flujos.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que el menú de la licitación incluiría además letras capitalizables con vencimientos en julio, agosto, septiembre y noviembre, orientadas a captar el interés de fondos comunes de inversión. Asimismo, se pusieron en oferta dos Bonos Capitalizables (BONCAP) con vencimientos en enero y junio de 2026.
Desde el Ministerio de Economía, el subsecretario de Política Económica, José Luis Daza, consideró que estas decisiones formaban parte de un plan para anticipar el regreso a los mercados voluntarios de deuda con legislación extranjera. En declaraciones a medios, sostuvo que el programa económico avanzaba mejor de lo previsto y que la colocación de instrumentos en moneda dura reflejaba ese ritmo.
Por otro lado, el Tesoro anunció que a partir de este mes se publicará un cronograma anual de licitaciones de deuda pública. Esta medida apunta a brindar previsibilidad y permitir que los agentes financieros planifiquen su participación de forma más ordenada, tanto en moneda local como extranjera.
El objetivo del Gobierno nacional consistió en asegurar un flujo constante de divisas que le permita reforzar las reservas internacionales, cumplir los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y enfrentar el segundo semestre sin sobresaltos financieros. En este período, se proyecta una baja en la liquidación de exportaciones agroindustriales, así como un aumento en la dolarización de portafolios minoristas en vísperas del calendario electoral.
Diversos analistas interpretaron que la relajación de controles podría facilitar el ingreso de capitales de corto plazo que busquen aprovechar el diferencial de tasas. Al mismo tiempo, advirtieron sobre la posibilidad de que esos flujos generen mayor volatilidad en caso de una salida masiva o imprevista. Aunque destacaron que estas medidas podían ayudar a sostener el tipo de cambio en el corto plazo, también consideraron que podrían consolidar un nivel mínimo más alto para el dólar.
Con esta serie de anuncios, el Gobierno argentino consolidó una estrategia de financiamiento basada en el mercado voluntario local, con foco en la emisión de instrumentos que puedan ser suscriptos en dólares y liquidados en pesos. El desafío de las próximas semanas será evaluar la respuesta del mercado y la capacidad del esquema para sostener la acumulación de reservas sin necesidad de intervención directa del BCRA.