Policiales
Ya son 14 las denuncias por abusos del portero de un jardín: “Nos subestimaron por pobres”
Lo dice la mamá de una nena de 5 años que contó su caso. El auxiliar fue detenido en medio de incidentes. Malestar con docentes y directivos.
Las piedras empezaron a volar el martes de la semana pasada por la noche. La manifestación llevaba algunas horas y adentro del jardín N° 1.000 de Virrey del Pino (La Matanza), siete docentes y varios administrativos quedaron encerrados. Cuando llegó la Policía para custodiar la salida, en vez de ayudar, todo empeoró. La bronca era una bomba de tiempo.
En la vereda, la impotencia se transformó en incidentes que se extendieron hasta la madrugada. Al otro día, una familia contaba que su hija de 5 años había sido víctima de un abuso sexual dentro del colegio. Desesperada, pedía ayuda.
“¿Sabés qué pasa? Nos subestimaron por pobres. Como este es un barrio humilde, quisieron tapar todo”, dijo su mamá a Clarín. El jardín queda en el barrio Nicole, en Virrey del Pino, es el único provincial y la matricula está llena de chicos de la zona.
Su hija empezó a relatar los episodios en su casa. Hablaba de “El Loquito” del colegio y, como otros de sus compañeros, pudo poner en palabras lo que pasaba.
“Nuestra hija nos decía que tenía secretos con esta persona, nos acercamos al jardín y le dijeron que le aseguraban que esto no podía ser posible, que era una persona profundamente amable con los chicos. No nos contuvieron, no le creyeron a mi hija y las pericias terminaron demostrando lo que ella contaba”, se indignó Clara, la mamá de A. Los nombres son falsos para preservar a las víctimas.
“Mi hija dijo que en dos oportunidades se acercó a decirle a la señorita lo que estaba pasando y que no le dieron bola“, advirtió.
Por eso, además de la denuncia por abuso, en la fiscalía N° 5 de La Matanza, a cargo de Cecilia Pérez, también presentó una denuncia por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona” para las docentes y los directivos a cargo de su hijo.
El camino de Clara empezó en la escuela, en la comisaría, en la fiscalía y, por último, en el departamento de medicina forense, donde constataron lesiones compatibles con abuso en la nena de cinco años. Siempre sintió, según cuenta, que no le creyeron ni a ella ni a su hija.
“Nosotros fuimos a la escuela, firmamos un acta, en la que explicábamos lo que pasaba. Eso fue un jueves. El viernes teníamos la denuncia y recién ahí lo sacaron de la escuela. El lunes hicieron un acto en el colegio como si nada hubiera pasado, no hablaron con los otros padres, no dijeron nada. Si el martes no hacíamos la marcha, no lo iban a detener. Querían que todo quedara ahí”, se quejó la mamá.
Lo cierto es que esa manifestación subió de tono cuando los padres empezaron a hablar con sus hijos. Muchos se enteraron de que había un caso de abuso en la escuela recién en la puerta, pero ninguno había sido notificado formalmente. Tampoco los docentes del turno mañana, que no compartían horario con el portero que finalmente fue detenido.
“Siento culpa porque no quería creer lo que estaba pasando. La veía tan tranquila a la mamá que no podía entender. ‘Yo rompo todo si le hacen algo a mi hija‘, decía. Ahora me doy cuenta de que uno queda en su mundo, tratando de ver qué hacer con todo esto, cómo seguir”, le contó a Clarín otra mamá, María, que tiene turno para que periten a su hija.
Nora, otra madre, confirmó que su hijo, de cuatro años, también tenía lesiones compatibles con el abuso. “Cuando llego de trabajar, veo el grupo de padres y madres y me entero lo que estaba pasando. Habían mandado una foto de este hombre y se la mostré a mi hijo. Lo señaló y me dijo ‘Loquito‘. Cuando le pregunto quién es, me dice que lo lleva al baño y describe todas las cosas que hacía“, le detalló a este diario.
Indignada, agregó: “Me dijo que fue a decirle a la seño y ella le contesto ‘andá, pegale‘. Como si fuera un juego”.
Ella fue otra de las mamás que amplió la denuncia contra los adultos responsables de los chicos por esa negligencia.
“Ninguna docente ni directivos están en la escuela. Continúa la investigación de un equipo interdisciplinario de inspección, según los plazos que establece la normativa”, confirmaron en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) de La Matanza indicaron a Clarín que los docentes del turno tarde y los directivos de la institución están de “licencia por ART” por el “mal momento” que habían pasado durante los disturbios en la puerta del colegio, con “acompañamiento psicológico”.
Además, contaron que muchos “recibieron amenazas” y que “tienen miedo”.
El Jardín N° 1.000 volvió a abrir con nuevas maestras suplentes pero sin noticias de los nuevos directivos hasta que finalicen las investigaciones internas y los sumarios administrativos.
El sospechoso
Fuentes judiciales confirmaron que mientras esperan el resultado de las pericias, continúan tomando declaraciones y que, por el momento, Carlos Mattone (65) permanecerá detenido.
Mattone es veterano de Malvinas. Hace 10 años que cumple funciones en colegios a cargo de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Pero desde antes de la pandemia había sido derivado al Jardín N° 1.000.
“Lo que yo quiero saber es por qué los chicos iban solos al baño con este hombre. Por qué nadie estaba atento a que tardaban tanto tiempo o a que una persona que no tenía por qué estar ahí ingresaba con los nenes y nadie decía nada. Lo defendían“, se quejó otra mamá.
La estrategia defensiva de Mattone quedó derribada con la sumatoria de casos. En un primer momento, intentaron desacreditar la denuncia de la primera víctima alegando un “hecho intrafamiliar” por el que se intentaba “culpar al jardín“. Sin embargo, con la gran cantidad de denuncias y al menos otro caso comprobado, su situación está cada vez más complicada.
Los padres, este miércoles, pedirán que los dispositivos de salud brinden asistencia psicológica y médica para los chicos que lo necesiten.
Policiales
El hombre que mató a puñaladas a su abuela en Lomas de Zamora fue condenado a prisión perpetua
Cristian Eduardo Robledo fue declarado culpable del homicidio de Norma Antonia Guevara ocurrido el 20 de octubre de 2024
A casi un año del homicidio que conmocionó a Lomas de Zamora, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 dictó prisión perpetua para Cristian Eduardo Robledo, declarado culpable de asesinar con un arma blanca a su abuela, Norma Antonia Guevara, y de atacar gravemente a su prima de 11 años.
La sentencia puso fin a la causa por un hecho ocurrido la noche del 20 de octubre de 2024, en una vivienda situada en Castelli al 1700, Lomas Oeste.
La reconstrucción del caso expuso una secuencia de extrema violencia que tuvo como escenario la casa familiar de Guevara, de 68 años. Según fuentes judiciales, aquella noche, Robledo, de 24 años, mantuvo una discusión con su abuela, quien se negó a darle dinero. Testimonios recabados por la Fiscalía señalaron que el joven padecía adicción a las drogas y vivía en situación de calle, aunque recibía de forma regular la contención de la mujer.
Durante el altercado, Robledo utilizó un cuchillo de cocina para agredir a su abuela. Utilizó el mismo objeto para atacar a su prima de 11 años, quien resultó herida en el cuello. A diferencia de su abuela —que perdió la vida en el acto—, la menor sobrevivió y logró pedir ayuda a los vecinos, quienes alertaron a la Policía y solicitaron atención médica urgente.
La investigación descartó el móvil del robo simple, pese a la sustracción de objetos, e identificó el hecho como homicidio agravado en el contexto de violencia intrafamiliar, según informó el portal La Unión.
El hombre tenía antecedentes delictivos por robo agravado con uso de arma de fuego y denuncias previas por agresión hacia una expareja.
La intervención de la Fiscalía N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Fabiola Juanatey, fue clave para la recopilación de pruebas y testimonios. Las pericias psiquiátricas solicitadas durante la etapa de instrucción concluyeron que Robledo era plenamente consciente de sus actos al momento del crimen, lo que permitió avanzar hacia el juicio oral.
El tribunal consideró probadas las circunstancias que rodearon el hecho: el joven atacó primero a su abuela, la mató a cuchilladas y luego lesionó a su prima. Tras ello, escapó del domicilio con dos teléfonos y dinero, aunque fue capturado a pocas cuadras con las manos ensangrentadas y portando la cuchilla homicida, informó la policía.
El veredicto de prisión perpetua fue dictado en una audiencia celebrada el lunes último por el TOC 2 de Lomas de Zamora.
En los días previos al fallo, la familia hizo público su deseo de que la pena máxima recayera sobre el acusado.
La causa fue instruida por la fiscal Juanatey, especializada en violencia de género y familiar, quien acompañó a la familia durante todo el proceso judicial. La funcionaria solicitó el dictamen pericial y la recolección de evidencia para sostener la imputación por homicidio agravado.
Policiales
Una mujer murió tras caer desde un sexto piso en Corrientes y su ex pareja fue imputado por femicidio
Se trata de la ex pareja de la víctima, quien se cree que la habría empujado tras haber tenido una pelea. Además, se encontraron conversaciones que comprobarían que la joven habría sufrido violencia de género
La investigación sobre la muerte de Camila Soledad González, la joven de 29 años que murió después de haberse caído de un sexto piso en Corrientes, dio un giro determinante tras la imputación de L. L. C., un médico de 50 años y su ex pareja, por homicidio agravado por mediar violencia de género.
“Se secuestraron teléfonos, se realizaron pericias en el lugar y el imputado ya declaró en sede judicial”, confirmó la investigadora judicial en declaraciones a Radio Dos. Además de estos elementos, señalaron que la causa cuenta con nuevos testimonios que describieron el contexto de violencia psicológica y control que habría predominado en la relación entre la víctima y el acusado.
De acuerdo con la información publicada por Corrientes al Día, también se evaluaría la posibilidad de que el hijo de la joven, de 10 años, sea sometido a una Cámara Gesell. “Se está tramitando, pero no se quiere revictimizar al menor. Habría estado en el lugar del hecho, pero necesitamos escucharlo a él”, explicó la fiscal Troia.
En los chats recuperados, Camila describía una convivencia marcada por los celos, el control y la manipulación. “La relación se volvió súper tóxica, pero yo opté por no darle bolilla”, escribió a una amiga durante su estadía en Bahía Blanca.
En otro mensaje, relató: “La casa estaba llena de cámaras y me controlaba todo el tiempo”. La presión ejercida por el médico la llevó incluso a eliminar fotos de sus redes sociales, como lo expresó en otro mensaje. “Yo ya entendí, no le sigo el juego”, había escrito la joven.
Tras finalizar la relación con L. L. C., Camila había iniciado un nuevo vínculo sentimental. De hecho, el jueves previo a su muerte, el médico se presentó en el departamento de la joven mientras ella cenaba con su nueva pareja, lo que derivó en una fuerte discusión. Horas más tarde, el acusado regresó al lugar.
El viernes, la joven llevó a su hijo a un entrenamiento de fútbol y tenía previsto reunirse con amigas por la tarde, según quedó registrado en su teléfono. Estos planes, según la Fiscalía, debilitan la hipótesis de que la mujer habría intentado quitarse la vida.
Ese mismo día, la joven cayó desde el sexto piso del edificio. El médico se encontraba en el departamento y fue el primero en ser detenido. Desde entonces, permanece bajo custodia, mientras la fiscalía espera los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer si existieron lesiones defensivas o signos de haber tenido un forcejeo.
Por el momento, la investigación avanza con la recolección de testimonios de familiares, amigas y allegados, quienes coinciden en describir una relación de pareja marcada por la violencia psicológica y el control extremo. Todos los elementos reunidos hasta el momento complican la situación judicial del médico detenido, de acuerdo con la mirada de la Fiscalía.
Policiales
Asesinaron a un preso en un penal de Salta y hay cinco sospechosos identificados
El hecho ocurrió en la cárcel de Villa Las Rosas. La víctima recibió una herida en la zona cervical con un arma blanca tumbera
Un joven de 28 años fue asesinado este lunes en el penal de Villa Las Rosas, en Salta, tras ser apuñalado en su celda durante el horario de recreación del pabellón A2. Las cámaras de seguridad de la Unidad Carcelaria 1 registraron el ingreso de cinco internos al lugar donde se produjo el ataque.
En las redes sociales, el joven asesinado había publicado imágenes en las que aparecía portando un arma de fuego y exhibía una actitud desafiante, acompañando una de las fotografías con la frase: “Me sobran balas”.
Irá a juicio la presa que cambió de género en la cárcel de Bouwer y fue denunciada por violar a siete reclusas
De acuerdo con la acusación del fiscal Juan Ávila Echenique, Fernández será juzgada como “probable autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado (dos hechos) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave”.
Además, en uno de los episodios, se la consideró “coautora de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos, calificado por el número de autores”, ya que habría actuado junto a otras dos presas, y se sumó la agravante de “uso de arma en grado de tentativa”.
En la misma resolución, el fiscal imputó a I. R. F. (42 años) y R. B. M. (26 años) como “probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos”, en relación con una sola víctima, según información de La Voz del Interior.
El historial judicial de Fernández comenzó en octubre de 2016, cuando ingresó a prisión bajo el nombre de Gabriel y, un año después, recibió una condena de tres años por “lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada”. En noviembre de 2018, manifestó ante la Justicia: “Me autopercibo mujer”, lo que motivó el cambio de identidad de género y su traslado al sector femenino del penal de Bouwer. En ese contexto, rechazó las condenas por violencia de género, argumentando que “no son compatibles con el género al que actualmente estoy arraigada”.
Mientras cumplía condena, en abril de 2019, Fernández fue imputada por “privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas” contra una mujer, y poco después obtuvo la libertad condicional. Hacia finales de 2019 y nuevamente en 2022, enfrentó denuncias que fueron archivadas. Ya en libertad, en 2023, fue denunciada por “privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones leves calificadas”, y posteriormente por “violación de domicilio, coacción y desobediencia”, lo que derivó en su detención y, en 2024, en la prisión preventiva.
Durante su reclusión en el anexo Sala A del Establecimiento Penitenciario Nº 3, se detectó el abuso contra una compañera de celda. Tras varias sanciones disciplinarias, las autoridades decidieron trasladar a Fernández a otro penal para resguardar a la víctima. Actualmente, permanece en régimen de aislamiento dentro del penal femenino de Bouwer, mientras las tres acusadas continúan detenidas.
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