Policiales
Operativos armados, negocios con narcos y droga robada: las cinco causas que cercan al fiscal Claudio Scapolan
El jury de enjuiciamiento bonaerense lo apartó de su cargo luego de seis años de acumular denuncias. Qué pruebas hay en su contra.
Anacona, Bustamante, Santellán, Acosta, Ortellado Céspedes. Estos cinco apellidos podrían remitir a un equipo de papi fútbol. Pero no, corresponden a las carátulas de las cinco causas judiciales que el jury de enjuiciamiento bonaerense tomó en cuenta para separar de su cargo al fiscal de San Isidro Claudio Scapolan (51).
Acusado por primera vez en 2016 (por Elisa Carrió) de liderar una banda con policías que armaban causas contra narcos -con los que finalmente terminaban haciendo negocios o extorsionando-, Scapolan fue procesado por la jueza Arroyo Salgado en octubre de 2021. Lo hizo luego de más de un año de dilaciones: el fiscal faltó cuatro veces a su indagatoria y apareció por el juzgado cuando no le quedó más remedio.
Arroyo Salgado, a quien los acusados del caso sí lograron apartar del expediente (al menos de momento), pidió el desafuero de Scapolan al momento del procesamiento.
Cuando el fiscal se sentó frente a la jueza, ella le leyó de que lo estaba acusando: “Haber formado parte de una organización destinada- en apariencia- a garantizar una eficiente prestación del servicio de justicia y de prevención y persecución de delitos, cuando, en verdad, se trató de una empresa criminal estratégicamente montada por los imputados -mayormente funcionarios judiciales y policiales-“.
La jueza les atribuyó que “utilizaron de manera tergiversada las herramientas funcionales que les confería la potestad punitiva estatal para investigar y perseguir hechos de narcotráfico, con el exclusivo fin de beneficiarse personalmente de la regulación y gerenciamiento mismo del narcotráfico“.
“En definitiva: una red de ilegalidad que involucró abuso de poder y corrupción de funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, con altas responsabilidades y amplias facultades, de las que se valieron para estructurar un esquema que administró, gestionó y en alguna medida reguló el tráfico de estupefacientes, constituyéndose en un engranaje más en la cadena de tráfico, y en cuyo marco, se han cometido innumerable cantidad de delitos“, dijo Arroyo Salgado en la causa.
Sus conceptos fueron tomados íntegramente por el jury en su resolución de 112 páginas, a las que tuvo acceso Clarín.
Pero el trámite del jury, si bien avanzó un casillero la semana pasada, tampoco viene resultando sencillo: con el apoyo del massismo, Scapolan logró contrapesar durante meses la acusación que le hizo el procurador de la Corte bonaerense Julio Conte Grand, reclamando a su vez que el jurado de enjuiciamiento apurara el proceso de remoción.
Este escudo protector que lo mantenía de licencia en su puesto de jefe de la UFI de Investigaciones Complejas de San Isidro comenzó a derrumbarse el miércoles 3 de mayo, con su “apartamiento preventivo”. Y de seguir viento el popa, el destino de Scapolan sería la cárcel debido a los serios delitos de los que el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez encontró todo tipo de pruebas.
Desde arrepentidos, hasta información guardada en celulares, videos incriminadores y fallos judiciales, la investigación de Domínguez fue exhaustiva y hasta logró detener a medio centenar de policías, muchos de los cuales están a punto de ir a juicio oral en una primera etapa de este megacaso de corrupción.
A la hora de poner en juego los fueros de Scapolan, fueron cinco los casos que tomó Conte Grand para sostener su acusación… uno más escandaloso que otro.
“Anacona”, alias “Leones Blancos”
Ocurrió en 2013. Es la causa más conocida y la que tiene más condimentos. Primero: un financista de la City que trabajaba para narcos, servicios de inteligencia y también la Policía de la provincia. Segundo: un poderoso clan narco que enviaba toneladas de cocaína a España. Tercero: el “mexicaneo” de media tonelada de droga a manos de una brigada de la Bonaerense.
A la causa se la conoce como “Leones Blancos” porque uno de los allanamientos se hizo en una quinta de Moreno en cuya entrada había dos grandes leones de yeso. Pero en el registro judicial se la ubica como “Anacona” por el apellido de uno de los detenidos.
Sobre “Leones Blancos” se podrían escribir tres libros (al menos), pero un breve resumen sería así: Diego Guastini, que lavaba dinero para el clan narco de los Loza, entregó a sus amigos de la Bonaerense un cargamento de una tonelada de cocaína que sus clientes estaban moviendo.
El operativo se orquestó con Scapolan como cabeza judicial. Se hizo en Moreno, con policías de Quilmes y un fiscal penal ordinario de San Isidro (Scapolan). Todo fue tan irregular que el juicio oral se cayó y los jueces mandaron a investigar lo que había pasado en realidad. El fallo -anulando todo- quedó firme en la Corte.
El fiscal Domínguez logró establecer en su investigación no sólo que operativo era trucho, sino también que los policías, bajo la batuta de Scapolan, se habían robado media tonelada de droga que luego comercializaron en la Costa Atlántica.
“Bustamante” y 40 kilos de cocaína de coima
Ocurrió en el año 2014 y tuvo como origen un supuesto llamado anónimo recibido el 10 de febrero en Delegación San Isidro de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
El llamado- que en realidad era inexistente- señalaba como narco a un tal “Pirulo”, que resultó ser Carlos Alberto Bustamante. Meses después, un segundo “llamado” anónimo dio pie a intervenciones telefónicas y amplió el número de investigados.
El juez de primera instancia ordenó -por pedido del fiscal Scapolan- el allanamiento de siete lugares. En algunos ellos se encontró droga. Es más, en una casaquinta habitada por Mariana Molina y su pareja, Israel Gastón Aquino, se encontró una cocina de cocaína. Sin embargo, ninguno de los dos fueron detenidos. La razón: el padre de la mujer pagó una coima para que ella y su yerno no quedaran involucrados.
Todo esto salió a la luz en el juicio oral contra Bustamante y el resto de los detenidos del caso. Terminaron todos absueltos y el tribunal tuvo duras palabras para con Scapolan. Ese fallo fue confirmado por la Corte.
Arrepentidos hablaron de una coima de 40 kilos de cocaína y dinero. En esta causa, como en otras, actuó el informante (“buchón”) Víctor Hugo Gutiérrez (alias “Primo”), un civil al que disfrazaban de policía, participaba de los operativos, plantaba droga, revendía la secuestrada y está actualmente prófugo.
“Santellán”, un video y un pariente narco
El objetivo de esta causa armada -en junio de 2014- fue Sergio Leandro Santellán, quien estaba lejos de ser un cualquiera: su esposa era Sofía Andrada, hija del capo narco Claudio Andrada (conocido como “Piturro” o “Gallo”). Para cuando los policías fueron por Santellán, “Piturro” ya estaba preso. Arroyo Salgado lo había detenido con media tonelada de cocaína en 2013.
Scapolan pidió quince allanamientos a diversos domicilios, entre los que se incluía el de Santellán, el de su ex pareja (y madre de sus hijos) y el de un estacionamiento de autos. Todos los domicilios eran en José León Suarez, pero el allanamiento del garaje resultó un boomerang para el fiscal y su equipo de policías de la Delegación San Isidro de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas: quedaron filmados en actitudes más que sospechosas.
Santellán denunció “al ingresar el personal policial a su vivienda, una persona vestida de civil, que fuera sindicada por el arrepentido Cabral como “el informante”, de nombre José Víctor Gutiérrez, le exigió junto al subcomisario Caviglia y al sargento Cabré la suma de treinta mil dólares estadounidenses bajo amenaza de “reventar” el domicilio de su ex pareja y el de Sofía Andrada, pareja de aquel momento de Santellán”.
Santellán entregó el dinero en una bolsa, la misma que se vería en el video que hoy es prueba de cargo contra Scapolan. Tanto el fiscal Domínguez como el abogado de Santellán -Damián Odetti (querellante en la causa)- sostienen que se ve claramente cuando la Policía planta droga, hecho señalado por varios testigos. La coima dejó afuera de la causa a su pareja y a su ex pareja, pero Santellán fue preso… tres años.
“Acosta” y la falsa denuncia anónima
El caso lleva el nombre de una de sus víctimas, Celeste Noelia Acosta, quien fue detenida junto a su pareja, Javier Adrián Rodríguez, en una causa de drogas a cargo de Scapolan. Lo interesante del caso es que se volvió contra el fiscal luego de en septiembre de 2018 lo incluyera en la lista de casos armados uno de los policías de la brigada, que declaró como arrepentido ante el fiscal Domínguez.
Este policía-testigo contó que la causa había sido armada, que se había inventado una primera llamada anónima y las tareas de inteligencia previas no habían existido. Como ya se detectó en otros casos, se había armado un “rulo”. ¿Qué es un rulo? Un mecanismo por el cual se avanza sobre una jurisdicción que no es propia (en el caso de Scapolan, sobre San Martín) a partir de una mentira que ubica el origen de las actuaciones donde los protagonistas sí pueden actuar.
En este caso, según el arrepentido, se inventó un seguimiento desde San Isidro para poder allanar en José León Suárez.
“Al momento de ser convocados a prestar declaración testimonial Celeste Noelia Acosta y Javier Adrián Rodríguez, se pronunciaron sobre los detalles de la extorsión ejercida por quienes se hallaban en dicha oportunidad“, se lee en el procesamiento de Scapolan firmado por Arroyo Salgado.
Como en otros casos bajo investigación, los allanamientos solo se hacían para exigir dinero a cambio de desvincular a uno o varios parientes del supuesto narco.
“Ortellado Céspedes”, marihuana y debate presidencial
“La Policía interceptó una camioneta en pleno centro de Moreno. Escondido en el portón de la caja había tres kilos de cocaína. El conductor estaría vinculado a un megaoperativo que secuestró 15 toneladas de marihuana dentro de un camión cisterna en octubre del 2015 también en Moreno. Inmediatamente los uniformados allanaron una vivienda desde donde provenía este sujeto: 80 kilos de marihuana“, dice la noticia publicada en todos los medios, en junio de 2018.
Y sigue: “Durante la tarde de este miércoles 20 de junio se interceptó una camioneta Ford Ranger azul que circulaba sobre la calle De La Quintana, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte, en el casco céntrico de Moreno. En el vehículo viajaba un sujeto de 51 años y de nacionalidad paraguaya. Fue identificado como Jesús María Ortellado Céspedes. Obligado a descender, el individuo fue esposado e introducido en el asiento trasero de un patrullero“.
Al igual que Leones Blancos, el secuestro “récord” de la marihuana en el camión cisterna (2015) fue armado con variados fines, pero ninguno de ellos fue combatir el narcotráfico. Un detalle: ese secuestro ocurrió apenas unos días antes del debate entre Daniel Scioli (por entonces gobernador bonaerense) y Mauricio Macri por las elecciones presidenciales.
Policiales
Casación confirmó el procesamiento de un hombre acusado de abuso sexual en un vuelo internacional
El máximo tribunal penal del país rechazó una queja presentada por la defensa y ratificó la continuidad del proceso contra un pasajero denunciado por su accionar en un vuelo de Miami a Buenos Aires
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este jueves la continuidad del proceso penal contra un hombre acusado de haber cometido el delito de abuso sexual contra una pasajera durante un vuelo comercial desde la ciudad de Miami, Estados Unidos, hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Con su decisión, el máximo tribunal penal del país dejó firme el procesamiento sin prisión preventiva dictado en primera instancia y luego confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
El caso se inició a partir de una denuncia que presentó la víctima al aterrizar. En su exposición, relató que durante el trayecto aéreo, mientras dormía en su asiento, el pasajero que se encontraba a su lado -identificado con las iniciales J.G.H.– colocó su mano sobre su pierna derecha y luego la introdujo en el interior de su pantalón.
La instrucción penal quedó en manos del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, con competencia en el aeropuerto “Ministro Pistarini“. En ese marco, el hombre quedó imputado bajo el delito de ”abuso sexual simple“ en una resolución que luego sería revisada y confirmada por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que admitió que el procesamiento fuese sin prisión preventiva.
El procesamiento una sin detención cautelar implica que, si bien el juez instructor consideró reunidas las condiciones para vincular formalmente al imputado a la causa penal, no se acreditaron riesgos concretos de fuga o de entorpecimiento de la investigación para ordenar su arresto. De acuerdo con el artículo 312 del Código Procesal Penal, la prisión preventiva sólo puede dictarse cuando existen motivos fundados que así lo justifiquen.
En el caso de J.G.H., ni el juzgado ni la Cámara de La Plata encontraron razones suficientes para imponerle una medida preventiva contra su libertad ambulatoria, concediéndole así la posibilidad de transitar el proceso penal en su contra sin restricciones.
Así las cosas, contra el fallo de la Alzada la defensa particular de J.G.H. presentó un recurso de casación por considerarlo arbitrario y sin fundamentos. Y al serle denegado, interpuso una queja para llevar su caso ante el máximo tribunal penal, que ahora también resultó desestimada.
La resolución fue adoptada por la Sala III de la Casación Federal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Juan Gemignani y Mariano Borinsky, quienes en sintonía remarcaron que la resolución impugnada “no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella” para analizarla en esta instancia. Además, indicaron que “la defensa no ha logrado acreditar fundadamente la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente, ni la concurrencia de alguna circunstancia que imponga la habilitación de la competencia de esta Cámara como tribunal intermedio conforme las pautas sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente ‘Di Nunzio’”.
Los magistrados destacaron que “la garantía a la doble instancia ha sido satisfecha”, ya que el imputado obtuvo “pronunciamientos concordantes” en primera instancia y en la Alzada. De ese modo, la Sala III resolvió “declarar inadmisible la queja por recurso de casación denegado, con costas”, en los términos de los artículos 478, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación.
Con todo, el episodio en el avión quedó encuadrado bajo el artículo 119, primer párrafo, del Código Penal, que establece:“Será reprimido con reclusión o prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”.
Policiales
Un año sin Loan: la Justicia no deja de buscarlo luego de que la causa se elevara a juicio oral
El 8 de mayo Loan Danilo Peña cumplió 6 años en algún lugar. Nadie sabe si le hicieron una torta, si le pusieron globos o le dieron regalos o, simplemente, ese día pasó como uno más. Incluso, en este 2025, debería haber empezado la escuela Primaria y, para esta altura, su cuaderno tendría que estar lleno de letras escritas por primera vez por él. Sin embargo, desde hace 365 días, no hay rastros de ese nene que fue a buscar naranjas tras un almuerzo en la casa de su abuela en el paraje Algarrobal de Corrientes. Desapareció. Y su ausencia duele; a María, su mamá, la atormenta más que a nadie: “Me hace falta mucho mi hijo. Él es mi compañerito más chiquito y me hace falta un montón”.
Un año después, y con la angustia acumulada y la ansiedad cruel de la espera, María sigue en la misma casa donde el nene creció en la localidad correntina de 9 de Julio. Ahí lo espera junto a José, su marido, y el resto de su familia. Todavía recuerda cómo lo vio irse contento ese 13 de junio de 2024 con su papá a caballo a la casa de su abuela Catalina para un almuerzo por el día de San Antonio. Era la primera vez que iba de visita al Algarrobal. Y allí se esfumó.
Por la desaparición de Loan, hay siete detenidos y procesados a un paso de ir al juicio oral por la sustracción y el ocultamiento del menor: la tía del chico Laudelina Peña, y la pareja de la mujer, Antonio Benítez; Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, la ex funcionaria María Victoria Caillava, el capitán de navío (RE) Carlos Guido Pérez y el ex comisario Walter Adrián Maciel.
Para los investigadores, tanto los fiscales como la jueza de Goya, Cristina Pozzer Penzo; existió “un plan coordinado” para llevarse a Loan ese día lejos de la guarda de su papá y “se montó una escena para hacer creer que se había perdido, incluyendo la plantación de un botín en un lodazal y la difusión de una falsa noticia sobre su hallazgo”.
“En ninguna oportunidad se hallaron rastros fehacientes del niño que lo ubicaran fuera de la órbita del naranjal”, remarcaron los fiscales Mariano de Guzmán, de la Fiscalía Federal de Goya, y Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
Para los investigadores, Laudelina, Benítez, Ramírez y Millapi “alejaron del cuidado de su padre a Loan durante el almuerzo, lo condujeron hacia una zona fuera de su alcance visual”. El ex comisario Maciel es señalado como quien, “valiéndose de su cargo, montó un falso escenario de búsqueda e impartió y ejecutó distintas medidas con la finalidad de entorpecer e imposibilitar el hallazgo del menor”.
Cronología de los hechos
- 13 de junio de 2024, por la mañana: Loan y su padre José llegan a caballo a la casa de Catalina, en el paraje Algarrobal, para participar de un almuerzo familiar.
- 13:52: Se toma la última fotografía en la que se registra a Loan con otros menores y adultos caminando hacia el naranjal, ubicado a unos 500 metros de la casa de Catalina.
- Entre las 13:52 y 14:25: Loan es visto por última vez en la zona del naranjal en compañía de Benítez, Ramírez y Millapi. Los niños presentes refirieron que desapareció en ese lapso.
- 14:25: Benítez realiza una llamada a Laudelina Peña desde el naranjal. La comunicación dura más de 9 minutos.
- 15:24: Comienzan los registros de intentos de comunicación telefónica de José con la madre del niño y con vecinos del lugar.
- 15:37: Caillava informa a un miembro de la comisaría de 9 de Julio sobre la desaparición del menor.
- 16:15: María llega al paraje Algarrobal en moto, se encuentra con Laudelina cerca de la escuela abandonada, y comienza la búsqueda del niño.
- Entre las 16 y las 17: Llegan al lugar policías, vecinos y familiares que participan en la búsqueda inicial.
- 14 de junio de 2024: A primeras horas de la madrugada, se difunde erróneamente la noticia de que LDP había sido encontrado, lo que genera confusión y desvía la investigación inicial. En la tarde, se encuentra el botín izquierdo del niño en un lodazal en un campo, lo que los fiscales consideran una “plantación” deliberada de evidencia. Laudelina luego admitiría que fue ella quien plantó ese calzado.
- 15 de junio de 2024 en adelante: Se llevaron a cabo operativos de búsqueda más amplios, con participación de fuerzas federales y provinciales, pero sin hallazgos concluyentes sobre el paradero del niño.
Pese a que la causa se encamina al juicio, en el Juzgado Federal de Goya no se dan por vencidos: “Se siguen otras líneas investigativas de búsqueda”, explicaron a este medio allegados al despacho. Continúan buscando a Loan.
“Me preguntó por qué, para qué. Una criatura, un inocente. No se entiende esto. La verdad, es muy difícil, muy difícil. Pero no bajo los brazos. Voy a hacer todo lo que haga falta, voy a seguir con esto, voy a seguir porque yo quiero saber qué pasó, quiero encontrarlo. No pierdo la fe ni la esperanza de que van a lograr encontrarlo y que está vivo”, cierra María la charla, pero no la espera por volver a ver a su hijo.
La causa paralela
Como si la causa por la desaparición de Loan no fuera lo suficientemente tremenda, en el medio la Justicia descubrió la irrupción de un grupo de personas que se hacían pasar por profesionales de la Fundación Lucio Dupuy y que hoy están procesados y también camino al juicio oral por haber retenido a menores que estuvieron con el niño y haber manipulado sus declaraciones para entorpecer la investigación, además de defraudar a la administración pública.
Ese es un expediente paralelo a la causa madre que tiene 10 imputados, uno solo detenido: Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano o el Yanqui”. El resto de los acusados son: Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.
De acuerdo al expediente, les endilgan los delitos de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada por defraudación a la administración pública y encubrimiento. A ello se suman cargos adicionales como suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad, falso testimonio, violación de secretos y usurpación de títulos, imputados en distintos grados de participación, según cada caso.
¿Cómo operaban? Según la Justicia, tras la desaparición de Loan y con el mecanismo de las fuerzas federales en marcha y la conmoción social por el caso, los acusados, bajo el pretexto de ayudar, obstaculizaron las diligencias judiciales y policiales.
Incluso, habrían simulado realizar actividades benefactoras mientras en realidad desviaban la atención de la investigación. Se destacó la organización de una reconstrucción de los hechos de manera privada y sin autorización judicial, un movimiento que para la Justicia estuvo diseñado para manipular el curso normal de los procedimientos legales.
*/Producción audiovisual y guion: María Belen Etchenique / Edición: Leo Aquiba Senderovsky / Locución y presentación: Bárbara Villar
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