El Gobierno nacional fijó el nuevo salario mínimo docente en $500.000 desde febrero, de manera unilateral al no contar con el acuerdo de los gremios, mediante la Resolución 381/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La decisión del Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Educación, se da tras el fracaso de la instancia de diálogo con los sindicatos en la Comisión Negociadora del Convenio Marco que se reunió a mediados de febrero para evaluar el aumento propuesto por la asamblea del Consejo Federal de Educación.

Al respecto, el texto oficial precisó que “las partes fijaron sus posiciones y, luego de un extenso intercambio de opiniones, no pudo arribarse a un acuerdo sobre el monto de la retribución mínima de los trabajadores docentes”.

En este marco, la normativa dispuso “determinar un salario mínimo docente para el cargo testigo de maestro de grado común, jornada simple, sin antigüedad o equivalente en horas cátedra, a partir del 1 de febrero de 2025, de $500.000”.

De esta manera, la remuneración mínima docente se incrementó un 19% frente al valor previo de $420.000, que había sido fijado en agosto del año pasado, también en discordancia con la postura sindical. La suba queda por debajo de la inflación del periodo.

Decisión política

Además, se estableció que el nuevo sueldo mínimo “será el importe de referencia para dar cumplimiento a las transferencias en las provincias que integran el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente creado por el artículo 9º de la Ley Nº26.075”.

Al explicar la convalidación del piso salarial, el Ejecutivo precisó que responde “a los efectos del funcionamiento del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente” y destacó que “refleja la decisión política del Consejo Federal de Educación y del Gobierno Nacional de garantizar que ningún docente perciba una remuneración inferior a la fijada por dicho concepto”.

La mesa de negociación estuvo conformada por la Asociación del Magisterio De Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Unión Docentes Argentinos (UDA), en representación de los gremios. Mientras que por el Ejecutivo participaron las secretarías de Educación, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al igual que el Consejo Federal de Educación y su Comité Ejecutivo.

El plan del Gobierno de otorgarle al sector privado hasta U$S 10.000 millones en bonos para que distribuyan entre sus accionistas como dividendos va tomando cada vez más fuerza.

De acuerdo con los trascendidos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluiría el “permiso” para que el Banco Central emita deuda en dólares para entregar a las empresas que quieren repartir dividendos. El titular del BCRA, Santiago Bausili, estaría de acuerdo con la operación.

De esta forma, el gobierno daría satisfacción a una demanda del conjunto de la clase empresaria con sede en Argentina que, si bien puede obtener ingresos por dividendos en pesos para los accionistas radicados en el país, no logra enviar al exterior todos los dólares que reclaman los radicados fuera de la Argentina. Esto se aplica en particular a las empresas con casa matriz en el exterior.

El mecanismo que se habría elegido para el pago de dividendos no es casual. Se trataría del Bopreal, un bono que emite el BCRA en dólares pero que se adquiere en pesos. Funciona así: las empresas compran el Bopreal al Banco Central con los pesos de sus ganancias acumuladas. Luego venden esos Bopreal en el mercado secundario, operación en la que pierden entre un 5% y un 10% dependiendo del momento de esta venta. A cambio del Bopreal, obtienen los dólares que buscan y los transfieren a las cuentas del exterior.

Foto: Mariano Sánchez / NA

Se estima que el stock de dividendos no distribuidos podría alcanzar hasta los U$S 10.000 millones. De acuerdo con las versiones que circulan, ese monto sería evacuado en tandas cuyos montos y plazos aun no estarían determinados.

Este esquema ya se empleó a lo largo de 2024 con los importadores que debían dólares a sus proveedores del exterior desde 2023. En aquel momento el tema despertó una fuerte polémica ya que, para un sector de los analistas, la operación conllevaba una estatización de la deuda de los importadores con sus proveedores ya que el Banco Central es el que terminará pagando los dólares a medida que vencieran el capital o los intereses de los Bopreal. Ese debate se repetirá ahora con los dividendos.

Además, aumentará la deuda del Banco Central en momentos que el gobierno justifica el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario en el hecho de que el dinero que reciba lo usará para mejorar el balance de la autoridad monetaria. Este movimiento va en el sentido contrario.