Son unos 500 mil hogares y las facturas actuales que promedian $ 1.000, rondarían $ 3.000. Para la clase media el ajuste estará en torno al 42%.
Las audiencias públicas de luz y gas, que se celebrarán entre el 10 y 12 de mayo, determinarán tres clases de aumentos. Superarán el 200% para el decil de población de mayores ingresos, mientras que promediarán el 42,7% para el grueso de los usuarios. Los beneficiarios de tarifa social experimentarán una suba del 21,4%.
La suba al decil de mayores ingresos es la más complicada de determinar. “Se considera que existe un segmento asociado al 10% de hogares con mayor capacidad de pago que está en condiciones de afrontar el costo pleno de generación sin necesidad de ser beneficiario de subsidios por parte del Estado Nacional”, dice un informe de la subsecretaría de Planeamiento Energético, que depende de la secretaría de Energía.
Esa recomposición -que afectaba a 500.000 clientes en Buenos Aires- se estimaba en torno al 200%. Pero ese cálculo fue hecho antes de la invasión rusa a Ucrania. El costo de la generación eléctrica y el gas subió durante el último mes y medio. Hoy, afrontar el costo “pleno” podría suponer incrementos que ronden entre el 250% y 300%.
Una factura de $ 1.000 mensuales en uno de los trece barrios de alto poder adquisitivo (en ciudad de Buenos Aires o el corredor norte del conurbano) podía subir a un rango de entre $ 3.000 y $ 4.000.
El “precio estacional de la energía” en electricidad y el “precio de ingreso al sistema” en gas son los dos renglones con más peso en las boletas. El Estado los subsidia casi el 70% de ese costo. Así se explican los subsidios por US$ 11.000 millones en 2021.
En caso de tener que pagar el total del costo, las boletas se triplicarían o más.
“La razonabilidad del mayor incremento en este segmento también se ve justificada en el hecho de que destinan un porcentaje menor de sus ingresos a los servicios energéticos”, justifica el Gobierno. La secretaría de Energía hizo un estudio sobre cuántos exceptuados podría haber en las zonas denominadas de altos ingresos. Son menos de 2.500 usuarios en un universo que supera el medio millón.
La segmentación comprenderá tanto a los usuarios de luz como de gas. En Buenos Aires, el padrón que se utiliza para quienes paguen “costo pleno” en electricidad también se aplicará en gas. Pero no está claro qué sucederá en el interior, ni con la distribución eléctrica ni con las concesiones de gas.
“Para que la política de subsidios también tenga un componente gradual, en este segmento intermedio las actualizaciones tarifarias no deben superar el 80% de la variación que tuvo el CVS durante el año anterior. Con ello, queda establecido que las tarifas no deben incrementarse en más de un 42,7%”, anuncia el trabajo de la subsecretaría de Planeamiento Energético de cara a las audiencias públicas.
Un aumento del 40% al 42%, llevaría las facturas de luz de cerca de $ 2.000 bimestrales a menos de $ 3.000 cada dos meses ($ 1.400 mensuales) para la mayoría de los clientes, según estimaciones del sector.
El presidente Alberto Fernández confirmó que los incrementos de tarifas estarán por debajo del crecimiento del coeficiente de variación salarial anual, que dio 53% en 2021.
La composición de los clientes de Edenor modifica ligeramente los datos, pero la tendencia es parecida. El 80% de los hogares paga un promedio de $ 944 por mes. Y cuatro de cada 10 clientes de esa concesión abonan menos de $ 550 mensuales.
“Debe incorporarse un segmento intermedio que, si bien está en condiciones de afrontar mayores incrementos, también debe procurarse la recuperación de sus ingresos en el mismo sentido que el segmento de mayor nivel de subsidios, observa la secretaría de Energía.
Los usuarios de luz y gas ya pagan un aumento del 20% desde marzo. En junio, correrá un incremento adicional promedio del 21,5%. El mismo puede variar según la región, y la categoría de consumo, según informaron fuentes oficiales.
En el caso del servicio eléctrico, los clientes de Edenor y Edesur afrontarán una suba adicional del 17,5% a la que ya tuvieron en marzo, según la secretaría de Energía. También puede haber variaciones según la categoría residencial.
Los usuarios de tarifa social resultarán los menos afectados. Este segmento de la población debe tener una actualización de sus tarifas de servicio público sensiblemente menor a la variación de sus ingresos para que puedan recomponer de forma más significativa sus ingresos reales y no comprometer el acceso a la energía”, los describe el Gobierno.
Su aumento “no debe superar el 40% de la variación que tuvo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) durante el año 2021. “Dicho indicador tuvo una variación del 53,4% por lo que los incrementos en este segmento no deben superar el 21,4%”, especifica la secretaría de Energía.
En gas, ya existe un esquema de tarifa social único a nivel nacional pero no sucede lo mismo para la energía eléctrica donde las distintas jurisdicciones definen y aplican sus propios criterios de tarifa social.
Los beneficiarios de tarifa social no recibirán incrementos adicionales con respecto al 20% de marzo. En cambio, los clientes de Edesur y Edenor que están en esa categoría abonarán un 6% adicional.
Aún resta definir qué pasará con las distribuidoras eléctricas del interior. Cammesa les cobrará un 20% por la electricidad. Ese aumento en los costos podría reflejarse en aumentos en las facturas de los clientes. Las distribuidoras del interior vienen aplicando subas en 2020 y 2021, cuando Edesur y Edenor solo fueron autorizadas a un incremento del 9% en ese período.
El 1,5% de mayo fue más bajo respecto a los pronósticos previos, pero será difícil que se repita este mes, porque se registra un repunte en alimentos. Caputo sacó rédito a su política de privilegiar la desinflación por sobre el fortalecimiento de reservas
La abrupta caída de la inflación de mayo a 1,5%, el menor registro en cinco años, representa un triunfo para la estrategia elegida por el ministro de Economía. Luis Caputo privilegió la estabilidad cambiaria y el estricto control de los agregados monetarios por sobre la acumulación de reservas. El objetivo de esta política fue justamente poner como prioridad la desaceleración de precios, reflejado ayer en los datos divulgados por el INDEC.
El objetivo cada vez más explícito del Gobierno es mostrar el éxito alcanzado en la lucha contra la inflación. Y sobre todo transmitir que el ajuste fiscal y el control del gasto público finalmente tienen su premio.
Lo más destacado del dato conocido ayer es que el rubro alimentos y bebidas subió apenas 0,5%, mientras que la canasta alimentaria cayó 0,4%. Se trata de datos claves, ya que la desaceleración de precios en este segmento impacta positivamente en la base de la pirámide social. Son las familias de menores ingresos las que más se ven favorecidas, teniendo en cuenta que la mayor parte de su gasto se dedica a compras en supermercados y autoservicios.
Aún con todo lo positivo, el dato de mayo tuvo algunas señales amarillas. Por un lado, la fuerte desaceleración en alimentos se explicó por fuertes caídas de precios en frutas y verduras, algo que difícilmente se repita hacia adelante. Por otra parte, la inflación núcleo -que excluye productos regulados y estacionales- se mantuvo bastante más arriba, arrojando un 2,2%.
La inflación de servicios también se ubicó bien por encima de la promedio, llegando a 2,7%, reflejando el impacto real de los ajustes de precios sobre la clase media. Aquí entran tarifas de servicios públicos, alquileres, Internet, prepagas, restaurantes y cuotas de colegios, entre otros rubros.
Con estos datos, la pregunta razonable es si semejante caída de la inflación es sostenible en los próximos cuatro meses, es decir en la previa electoral.
Existe una probabilidad alta que se mantenga efectivamente por debajo del 2% mensual. Sin embargo, es menor claro que se pueda mantener la tendencia descendente desde los niveles actuales en los próximos meses.
La consultora LCG, por ejemplo registró un fuerte repunte en alimentos en la segunda semana de junio, con incrementos de 1,7% tras haber registrado estabilidad de precios en la primera semana. Entre los productos que lideran las subas hay varios de la canasta básica: aceites aumentaron 5,9%, verduras 4% (tras la caída de junio) y carnes 1,3%. La inflación promedio para las últimas cuatro semanas en este rubro fue de 1,6%, bien por encima del registro de mayo.
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Por lo tanto, no será fácil que este mes se mantenga un nivel similar al de mayo, pero sí existe una probabilidad alta de que se mantenga por debajo del 2%. La probabilidad de que este comportamiento se mantenga hasta la medición de septiembre también aumentó considerablemente.
La expectativa del Gobierno es que mantener la inflación en niveles acotados sea clave para conseguir un buen resultado electoral en octubre. Javier Milei siempre tuvo claro que la principal demanda de la sociedad cuando asumió era la reducción de la inflación, que pasó del 25,5% en diciembre de 2023 (producto de la devaluación) a solo 1,5% en la última medición.
Que la baja se explique sobre todo en la mayor estabilidad registrada en alimentos también es una buena noticia para la Casa Rosada, ya que el impacto se siente en sectores populares, históricamente más cercanos al peronismo o al kirchnerismo.
Por supuesto que por delante quedan muchos desafíos, en particular consolidar la reactivación para que se transforme en crecimiento genuino. También la necesidad de crear puestos de trabajo para al menos compensar la destrucción de empleo de sectores como las pymes industriales. Pero posiblemente esto sean temas que figurarán en las demandas de los próximos dos años, ya pensando en la elección presidencial de 2027.
La magnitud de la inundación que afectó a las ciudades de Bahía Blanca y General Daniel Cerri impactó a toda la comunidad y también dañó gravemente al Complejo Industrial, uno de los pilares productivos de la trasportadora de gas
Después de la inundación y la tragedia que sufrió la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, y tras tres meses de trabajo intenso e ininterrumpido, la trasportadora de gas TGS anunció que su Complejo Cerri se encuentra nuevamente 100% operativo.
Se trata de una planta cuya principal actividad es la producción de líquidos derivados del gas natural —etano, propano, butano y gasolina natural— con una capacidad anual superior a 1.050.000 toneladas. “Además, allí, se realiza el fraccionamiento y envío de estos líquidos por ductos hacia la Planta Galván, también de tgs, donde se almacenan antes de su despacho al mercado local y regional”, explicaron desde la empresa cuyo 51% pertenece en partes iguales a Pampa Energía y a un grupo de inversores liderado por la familia Sielecki.
“En nombre de todo TGS, quiero agradecer profundamente a nuestros colaboradores, proveedores, contratistas, vecinos y a toda la comunidad de Bahía Blanca por su apoyo incondicional y su compromiso durante estos meses. Lo que logramos en este tiempo récord no solo demuestra capacidad técnica, sino también una enorme vocación de servicio, solidaridad y sentido de pertenencia. Gracias a todos por ayudarnos a poner nuevamente de pie una instalación clave para la energía del país, luego de lo tristemente sufrido”, afirmó Oscar Sardi, CEO de TGS.
Oscar Sardi, CEO de TGS, en el centro, acompañado por los accionistas Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Daniel Sielecki, en octubre del 2024, en el NYSE de Nueva York, cuando se celebraron los 30 años de cotización de la empresa en Wall Street
Desde la compañía energética destacaron que para la recuperación, trabajaron no solo colaboradores de TGS provenientes de distintos puntos del país, sino también más de 150 proveedores y contratistas de servicios y materiales, cuyo trabajo coordinado y compromiso resultaron clave para la recuperación del complejo.
“A pesar de la magnitud del evento climático y del hecho de que el complejo alberga dos plantas compresoras esenciales para el sistema de transporte de gas natural, TGS nunca interrumpió la provisión del servicio. Gracias a una rápida respuesta operativa y a la implementación de maniobras extraordinarias, la compañía logró mantener la continuidad del suministro con los más altos estándares de seguridad, garantizando así el abastecimiento de gas natural en todo momento”, cerró el comunicado de TGS.
El Ejecutivo eliminó barreras para la operación de fondos internacionales con títulos públicos y redujo las condiciones para el retiro de divisas
El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paquete de medidas orientadas a estimular la entrada de divisas mediante la flexibilización de normas que hasta ahora limitaban la operatoria de capital extranjero en el mercado financiero local. Las decisiones, tomadas en simultáneo por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central (BCRA), apuntaron a facilitar tanto el ingreso como el egreso de fondos especulativos de corto plazo que inviertan en instrumentos de deuda emitidos por el Tesoro Nacional.
Desde el lado regulatorio, la CNV publicó la Resolución General N.º 1068, por la cual se amplió el conjunto de excepciones al límite diario de $200 millones que regía para transferencias al exterior de valores negociables por parte de inversores no residentes. A partir de esta disposición, esa restricción dejó de aplicarse en casos en los que se trate de bonos del Tesoro con vencimiento igual o mayor a 180 días desde su fecha de emisión y que hayan sido adquiridos en colocación primaria, siempre hasta el valor nominal suscripto.
El presidente del organismo, Roberto Silva, indicó que esta medida se enmarca en una política general de remoción de trabas al funcionamiento del mercado de capitales. Según el comunicado oficial, la CNV buscó avanzar con la normalización de operaciones y acompañar la estrategia general del Ejecutivo nacional, que prioriza el financiamiento en moneda extranjera sin intervención directa del Banco Central.
En paralelo, el BCRA confirmó que eliminará el plazo mínimo de permanencia de 180 días para los fondos del exterior que ingresen al país y participen en operaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) o en licitaciones primarias de títulos públicos del Ministerio de Economía. Esta condición, vigente desde abril de este año tras la Comunicación “A” 8230, había sido parcialmente modificada en mayo con la Comunicación “A” 8245 para permitir la suscripción del Bonte 2030 en dólares. Ahora, la permanencia mínima se suprime completamente.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, explicó que la decisión respondió a una revisión del esquema de restricciones cambiarias vigente. Consideró que el “cepo” aplicado desde 2019 había dejado de cumplir su función original y se transformó en un obstáculo para el ingreso de nuevos fondos. Según declaraciones públicas, el funcionario sostuvo que los inversores que querían salir ya lo habían hecho y que actualmente no existían trabas relevantes que justificaran mantener el régimen anterior.
El Bonte 2030, con tasa elevada y suscripción en dólares, se volvió una herramienta central para el financiamiento del Tesoro y la compra de dólares para las reservas (Reuters)
Estas modificaciones se dieron en un contexto de estrategia coordinada entre la autoridad monetaria y el Ministerio de Economía, orientada a reforzar las reservas internacionales mediante el ingreso de divisas del exterior. Para ello, el equipo liderado por Luis Caputo activó dos mecanismos: por un lado, la firma de un acuerdo de financiamiento tipo REPO con siete bancos internacionales por un monto de US$2.000 millones; por el otro, una nueva licitación del Bonte 2030, que permite suscripción en dólares por parte de inversores locales y extranjeros.
El llamado a licitación se programó para el viernes 13 de junio y apuntó a captar US$500 millones, la mitad del monto obtenido en la primera colocación de abril, que se orientó exclusivamente a no residentes. En esta oportunidad, tanto residentes como no residentes pudieron participar en la oferta, lo que amplió el universo potencial de suscriptores.
En su debut, el Bonte 2030 ofreció una tasa del 29,5%, superior a las expectativas de mercado. Esta rentabilidad, combinada con la eliminación de las restricciones de salida, representó un atractivo importante para los fondos internacionales, que encontraron mejores condiciones para operar en el mercado local. Además, se estableció un límite mensual de US$1.000 millones para este tipo de colocaciones, lo que permitió mantener cierto grado de control sobre los flujos.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que el menú de la licitación incluiría además letras capitalizables con vencimientos en julio, agosto, septiembre y noviembre, orientadas a captar el interés de fondos comunes de inversión. Asimismo, se pusieron en oferta dos Bonos Capitalizables (BONCAP) con vencimientos en enero y junio de 2026.
Desde el Ministerio de Economía, el subsecretario de Política Económica, José Luis Daza, consideró que estas decisiones formaban parte de un plan para anticipar el regreso a los mercados voluntarios de deuda con legislación extranjera. En declaraciones a medios, sostuvo que el programa económico avanzaba mejor de lo previsto y que la colocación de instrumentos en moneda dura reflejaba ese ritmo.
Por otro lado, el Tesoro anunció que a partir de este mes se publicará un cronograma anual de licitaciones de deuda pública. Esta medida apunta a brindar previsibilidad y permitir que los agentes financieros planifiquen su participación de forma más ordenada, tanto en moneda local como extranjera.
El objetivo del Gobierno nacional consistió en asegurar un flujo constante de divisas que le permita reforzar las reservas internacionales, cumplir los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y enfrentar el segundo semestre sin sobresaltos financieros. En este período, se proyecta una baja en la liquidación de exportaciones agroindustriales, así como un aumento en la dolarización de portafolios minoristas en vísperas del calendario electoral.
Diversos analistas interpretaron que la relajación de controles podría facilitar el ingreso de capitales de corto plazo que busquen aprovechar el diferencial de tasas. Al mismo tiempo, advirtieron sobre la posibilidad de que esos flujos generen mayor volatilidad en caso de una salida masiva o imprevista. Aunque destacaron que estas medidas podían ayudar a sostener el tipo de cambio en el corto plazo, también consideraron que podrían consolidar un nivel mínimo más alto para el dólar.
Con esta serie de anuncios, el Gobierno argentino consolidó una estrategia de financiamiento basada en el mercado voluntario local, con foco en la emisión de instrumentos que puedan ser suscriptos en dólares y liquidados en pesos. El desafío de las próximas semanas será evaluar la respuesta del mercado y la capacidad del esquema para sostener la acumulación de reservas sin necesidad de intervención directa del BCRA.