Su madre y la novia están detenidas. Las pericias revelan que los dibujitos que hacía en el jardín expresaban la violencia y el abuso que sufría. Las maestras fueron sumariadas.
El abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, reveló que las pericias realizadas a los dibujos que el nene hacía (figuras de caras sin ojos y cuerpos sin piernas) indicaban situaciones que no quería ver y abusos que sufría.
Esas pericias y el informe ya están integrados a la causa penal del caso Lucio, el nene asesinado el 25 de noviembre de 2021 después de una fuerte golpiza, un crimen por el que están detenidas su madre, Magdalena “Magui” Espósito Valenti (24), y su pareja, Abigail Páez (27).
Ramón Dupuy contó la información que le brindó el abogado de la familia José Mario Aguerrido. “Se habían llevado los dibujitos del jardín. Las pericias que han hecho los que saben, dicen que Lucito a través de sus dibujos se expresaba”, contó el abuelo paterno.
Y detalló: “Hacía sus dibujos sin ojos por cosas que no quería ver, o (cosas) que le hicieron ver y no quería ver. Y dibujos sin piernas por las violaciones que sufrió durante mucho tiempo”, relató.
“Por esos hacía dibujitos sin piernas y dibujitos sin ojos. Son la mayoría de los que se secuestraron en el jardín”, afirmó. “La maestra se tendría que haber dado cuenta. Pero bueno, ahora ya es tarde”, reclamó el abuelo del nene.
“Nadie se dio cuenta que un nene de 5 años se expresaba así con los dibujos”, afirmó.
La madre de Lucio está detenida en San Luis, junto a su novia, ambas acusadas del crimen del chiquito de 5 años.
Los dibujos fueron hechos por Lucio durante un período de casi un año y medio, que abarcó el paso por la sala jardín de 4 y 5 años, los dos atravesados por la pandemia. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas inició sumarios para analizar algún tipo de responsabilidad a las maestras de Lucio.
Las pericias fueron realizadas por la psicologa Lorena Ruggero (especializada en psicología jurídica). Uno de los peritos oficiales de la causa, el psicólogo Ignacio Dalgallarondo adhirió a esas conclusiones.
Dalgalarrondo integra el equipo conformado por los fiscales Walter Martos, Marcos Sacco y Verónica Ferrero, que llevan adelante la acusación fiscal.
Aguerrido -el abogado querellante que representa a la familia Dupuy- explicó que “el informe da cuenta que, los dibujos, son de un niño sufriente y gritando gráficamente”. La pericia dice que el nene “enuncia con sus tachones, borroneos y colores lo que no podía o no se animaba a verbalizar”.
El informe sostiene que Lucio “no encontró interlocutores que lo escuchen o descifren en lo que sí decía dibujando”. Ese informe tiene 14 páginas. Utiliza los dibujos de Lucio en el jardín y analiza individualmente algunos.
“La pericia -le dijo Aguerrido a Clarín– concluye que en los dibujos se registran signos observables que son indicadores que permiten inferir abuso sexual infantil por parte de su entorno familiar más próximo”.
La psicóloga Ruggero sostuvo que -afirmaciones que compartió el sicólogo Dalgalarrondo, que integra el equipo fiscal- la producción gráfica analizada “se encuentra plagada de vivencias abusivas, violentas en general, independiente que sea de connotación sexual”.
El abogado Aguerrido sostiene la hipótesis que el asesinato de Lucio fue un “crimen de odio”.
El padre y el tío de Lucio, el nene asesinado, encabezaron una de las marchas en La Pampa. Foto En Boca de Todos.
La autopsia realizada sobre el cuerpo de Lucio Dupuy reveló que sufrió abuso sexual. Presentaba hematomas (de golpes en la espalda y la cadera), mordeduras y quemaduras de vieja data. Además se comprobó que tenía varios ingresos a los hospitales y centros de atención de Santa Rosa y General Pico. Una de las atenciones fue por la quebradura de la muñeca: la madre dijo que se había caído de la bicicleta.
Apenas se conoció la muerte de Lucio, su padre, Christian Dupuy, afirmó que la Justicia lo había sacado del ámbito de la familia paterna. La jueza de Familia de General Pico, Ana Clara Pérez Ballestar, le otorgó la tenencia a la madre, “Magui” Espósito quien durante casi dos años lo dejó en manos de un tío, Maximiliano Dupuy.
Una vecina de la casa de Abigaíl Páez -donde Lucio y la madre pasaban varios días a la semana y el lugar donde ocurrió el asesinato- llamó a la Policía el 25 de agosto de 2021 para advertir que escuchó una golpiza al nene. “Sacale la ropa y cagalo a palos”, fue la frase que replicó la mujer ante los agentes. Un chat con su hermano reveló esto. Pero los policías fueron al lugar y por encima del tapial le advirtieron a la madre del llamado de la vecina. Y se fueron, sin comprobar cómo estaba el nene.
“Magui” Espósito y Abigail Páez, la madre de Lucio y la pareja, están detenidas. Fueron alojadas en el Complejo Penitenciario 1 de la ciudad de San Luis. Están acusadas de “homicidio agravado (por alevosía y ensañamiento) y abuso sexual agravado”.
Cristian Eduardo Robledo fue declarado culpable del homicidio de Norma Antonia Guevara ocurrido el 20 de octubre de 2024
A casi un año del homicidio que conmocionó a Lomas de Zamora, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 dictó prisión perpetua para Cristian Eduardo Robledo, declarado culpable de asesinar con un arma blanca a su abuela, Norma Antonia Guevara, y de atacar gravemente a su prima de 11 años.
El fallo, emitido el lunes pasado, cierra una etapa judicial marcada por el dolor y el temor de la familia de la víctima, quienes consideraron la condena “un alivio”.
La sentencia puso fin a la causa por un hecho ocurrido la noche del 20 de octubre de 2024, en una vivienda situada en Castelli al 1700, Lomas Oeste.
Allí, Robledo atacó a puñaladas a su abuela dentro del domicilio donde residía, agredió a su prima menor de edad y escapó con dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. La investigación estableció que el crimen no respondió a un robo planificado, sino a un episodio de violencia de género en el ámbito familiar.
La reconstrucción del caso expuso una secuencia de extrema violencia que tuvo como escenario la casa familiar de Guevara, de 68 años. Según fuentes judiciales, aquella noche, Robledo, de 24 años, mantuvo una discusión con su abuela, quien se negó a darle dinero. Testimonios recabados por la Fiscalía señalaron que el joven padecía adicción a las drogas y vivía en situación de calle, aunque recibía de forma regular la contención de la mujer.
La zona en donde ocurrió todo
Durante el altercado, Robledo utilizó un cuchillo de cocina para agredir a su abuela. Utilizó el mismo objeto para atacar a su prima de 11 años, quien resultó herida en el cuello. A diferencia de su abuela —que perdió la vida en el acto—, la menor sobrevivió y logró pedir ayuda a los vecinos, quienes alertaron a la Policía y solicitaron atención médica urgente.
La investigación descartó el móvil del robo simple, pese a la sustracción de objetos, e identificó el hecho como homicidio agravado en el contexto de violencia intrafamiliar, según informó el portal La Unión.
El hombre tenía antecedentes delictivos por robo agravado con uso de arma de fuego y denuncias previas por agresión hacia una expareja.
La intervención de la Fiscalía N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Fabiola Juanatey, fue clave para la recopilación de pruebas y testimonios. Las pericias psiquiátricas solicitadas durante la etapa de instrucción concluyeron que Robledo era plenamente consciente de sus actos al momento del crimen, lo que permitió avanzar hacia el juicio oral.
El tribunal consideró probadas las circunstancias que rodearon el hecho: el joven atacó primero a su abuela, la mató a cuchilladas y luego lesionó a su prima. Tras ello, escapó del domicilio con dos teléfonos y dinero, aunque fue capturado a pocas cuadras con las manos ensangrentadas y portando la cuchilla homicida, informó la policía.
El veredicto de prisión perpetua fue dictado en una audiencia celebrada el lunes último por el TOC 2 de Lomas de Zamora.
En los días previos al fallo, la familia hizo público su deseo de que la pena máxima recayera sobre el acusado.
La causa fue instruida por la fiscal Juanatey, especializada en violencia de género y familiar, quien acompañó a la familia durante todo el proceso judicial. La funcionaria solicitó el dictamen pericial y la recolección de evidencia para sostener la imputación por homicidio agravado.
Se trata de la ex pareja de la víctima, quien se cree que la habría empujado tras haber tenido una pelea. Además, se encontraron conversaciones que comprobarían que la joven habría sufrido violencia de género
La investigación sobre la muerte de Camila Soledad González, la joven de 29 años que murió después de haberse caído de un sexto piso en Corrientes, dio un giro determinante tras la imputación de L. L. C., un médico de 50 años y su ex pareja, por homicidio agravado por mediar violencia de género.
La acusación fue ratificada este martes, luego de que la fiscal de Investigaciones N° 1, Lucrecia Troia, solicitara la prisión preventiva del acusado, quien permanece bajo custodia desde el momento del hecho. Asimismo, subrayó que la investigación permitió dar con una serie de pruebas y testimonios que refuerzan la hipótesis de un femicidio.
“Se secuestraron teléfonos, se realizaron pericias en el lugar y el imputado ya declaró en sede judicial”, confirmó la investigadora judicial en declaraciones a Radio Dos. Además de estos elementos, señalaron que la causa cuenta con nuevos testimonios que describieron el contexto de violencia psicológica y control que habría predominado en la relación entre la víctima y el acusado.
Entre los testimonios incorporados, destacó el de una amiga de Camila, quien relató ante la Justicia detalles del vínculo que mantuvo con el médico. En palabras de la fiscal, la testigo habría aportado elementos que “brindan un contexto que refuerza la hipótesis de violencia de género”. También la actual pareja de la víctima prestó declaración ante la Fiscalía y sumó información relevante para la causa.
El edificio desde donde cayó la joven
De acuerdo con la información publicada por Corrientes al Día, también se evaluaría la posibilidad de que el hijo dela joven, de 10 años, sea sometido a una Cámara Gesell. “Se está tramitando, pero no se quiere revictimizar al menor. Habría estado en el lugar del hecho, pero necesitamos escucharlo a él”, explicó la fiscal Troia.
El caso ocurrió el viernes 10 de octubre en un edificio de la calle San Martín al 300, en el barrio Camba Cuá de la capital correntina. La Justicia intenta esclarecer si la caída desde el sexto piso fue un accidente, un suicidio o un femicidio. No obstante, la hipótesis de femicidio cobró fuerza a partir de los mensajes y las conversaciones que evidenciarían que habría existido una relación conflictiva y violenta entre la joven y el principal sospechoso.
La ex pareja fue detenida en el lugar de los hechos y este martes se confirmó su imputación
En los chats recuperados, Camila describía una convivencia marcada por los celos, el control y la manipulación. “La relación se volvió súper tóxica, pero yo opté por no darle bolilla”, escribió a una amiga durante su estadía en Bahía Blanca.
En otro mensaje, relató: “La casa estaba llena de cámaras y me controlaba todo el tiempo”. La presión ejercida por el médico la llevó incluso a eliminar fotos de sus redes sociales, como lo expresó en otro mensaje. “Yo ya entendí, no le sigo el juego”, había escrito la joven.
Tras finalizar la relación con L. L. C., Camila había iniciado un nuevo vínculo sentimental. De hecho, el jueves previo a su muerte, el médico se presentó en el departamento de la joven mientras ella cenaba con su nueva pareja, lo que derivó en una fuerte discusión. Horas más tarde, el acusado regresó al lugar.
El viernes, la joven llevó a su hijo a un entrenamiento de fútbol y tenía previsto reunirse con amigas por la tarde, según quedó registrado en su teléfono. Estos planes, según la Fiscalía, debilitan la hipótesis de que la mujer habría intentado quitarse la vida.
Ese mismo día, la joven cayó desde el sexto piso del edificio. El médico se encontraba en el departamento y fue el primero en ser detenido. Desde entonces, permanece bajo custodia, mientras la fiscalía espera los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer si existieron lesiones defensivas o signos de haber tenido un forcejeo.
Por el momento, la investigación avanza con la recolección de testimonios de familiares, amigas y allegados, quienes coinciden en describir una relación de pareja marcada por la violencia psicológica y el control extremo. Todos los elementos reunidos hasta el momento complican la situación judicial del médico detenido, de acuerdo con la mirada de la Fiscalía.
El hecho ocurrió en la cárcel de Villa Las Rosas. La víctima recibió una herida en la zona cervical con un arma blanca tumbera
Un joven de 28 años fue asesinado este lunes en el penal de Villa Las Rosas, en Salta, tras ser apuñalado en su celda durante el horario de recreación del pabellón A2. Las cámaras de seguridad de la Unidad Carcelaria 1 registraron el ingreso de cinco internos al lugar donde se produjo el ataque.
Al tomar conocimiento de lo que sucedía, las autoridades trasladaron al joven al hospital San Bernardo, donde los médicos intentaron salvarle la vida mediante una intervención quirúrgica. Horas más tarde, falleció como consecuencia de las lesiones sufridas. Tanto la víctima como los presuntos agresores se encontraban cumpliendo condenas por delitos vinculados al robo.
Por el hecho hay cinco internos sospechados captados, cuando ingresaban a la celda de la víctima, por las cámaras de seguridad del penal
En las redes sociales, el joven asesinado había publicado imágenes en las que aparecía portando un arma de fuego y exhibía una actitud desafiante, acompañando una de las fotografías con la frase: “Me sobran balas”.
La Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal intervino de inmediato, y los cinco sospechosos fueron apartados de la población general del penal.
Irá a juicio la presa que cambió de género en la cárcel de Bouwer y fue denunciada por violar a siete reclusas
La Justicia de Córdoba confirmó la elevación a juicio de la causa contra Gabriela Nahir Fernández, acusada de abuso sexual contra siete detenidas en el penal femenino de Bouwer. La imputada, de 34 años, cambió su identidad de género en 2018 y fue trasladada al pabellón de mujeres, donde habría cometido los delitos.
Irá a juicio la presa que cambió de género en la cárcel de Bouwer y fue denunciada por violar a siete reclusas
De acuerdo con la acusación del fiscal Juan Ávila Echenique, Fernández será juzgada como “probable autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado (dos hechos) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave”.
Además, en uno de los episodios, se la consideró “coautora de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos, calificado por el número de autores”, ya que habría actuado junto a otras dos presas, y se sumó la agravante de “uso de arma en grado de tentativa”.
En la misma resolución, el fiscal imputó a I. R. F. (42 años) y R. B. M. (26 años) como “probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos”, en relación con una sola víctima, según información de La Voz del Interior.
El historial judicial de Fernández comenzó en octubre de 2016, cuando ingresó a prisión bajo el nombre de Gabriel y, un año después, recibió una condena de tres años por “lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada”. En noviembre de 2018, manifestó ante la Justicia: “Me autopercibo mujer”, lo que motivó el cambio de identidad de género y su traslado al sector femenino del penal de Bouwer. En ese contexto, rechazó las condenas por violencia de género, argumentando que “no son compatibles con el género al que actualmente estoy arraigada”.
Mientras cumplía condena, en abril de 2019, Fernández fue imputada por “privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas” contra una mujer, y poco después obtuvo la libertad condicional. Hacia finales de 2019 y nuevamente en 2022, enfrentó denuncias que fueron archivadas. Ya en libertad, en 2023, fue denunciada por “privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones leves calificadas”, y posteriormente por “violación de domicilio, coacción y desobediencia”, lo que derivó en su detención y, en 2024, en la prisión preventiva.
Durante su reclusión en el anexo Sala A del Establecimiento Penitenciario Nº 3, se detectó el abuso contra una compañera de celda. Tras varias sanciones disciplinarias, las autoridades decidieron trasladar a Fernández a otro penal para resguardar a la víctima. Actualmente, permanece en régimen de aislamiento dentro del penal femenino de Bouwer, mientras las tres acusadas continúan detenidas.