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Se definió la conformación especial de la Corte Suprema para intervenir en la causa por espionaje durante el macrismo

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Se trata del caso que nació en Lomas de Zamora. Los integrantes naturales de la Corte Suprema se excusaron de intervenir

Cinco presidentes de cámaras federales de distintos puntos del país quedaron hoy a cargo de actuar como jueces de la Corte Suprema para revisar en la máxima instancia la causa que investiga si existió espionaje político durante el Gobierno de Mauricio Macri. Se trata de la causa que nació en Lomas de Zamora, en donde Cristina Kirchner se presentó como víctima y donde tras un primer procesamiento dictado contra las autoridades de la AFI entre 2015 y 2019, la Cámara Federal porteña aseguró en diciembre pasado que no había existido una asociación ilícita desde la conducción de espías durante la gestión de Cambiemos.

El caso tiene múltiples recursos en la Corte Suprema, entre ellos la queja de la vicepresidenta cuestionando que el caso haya abandonado los tribunales de Lomas de Zamora y haya quedado radicado en la sede de Retiro, por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal.

Según reveló la propia querella de CFK a inicios de febrero, los cuatro ministros de la Corte Suprema se excusaron de intervenir en la causa. “Al día de la fecha, el más Alto Tribunal del país carece de jueces hábiles para intervenir en este expediente”, dijo. Es que algunos entienden que habrían sido seguidos por los acusados, otros por razones de decoro y delicadeza.

“La conducta adoptada por los Sres. Ministros que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dres. Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, quienes pese a encontrarse debidamente anoticiados de las irregularidades que se cometían en este expediente y no obstante la gravedad de la -6- situación planteada, no solo omitieron dar una respuesta jurisdiccional a los recursos deducidos (algunos de ellos, hace más de ocho meses), sino además, recientemente, han decidido apartarse de la causa, sin brindar una explicación suficiente que justifique tal temperamento. De esta manera, al día de la fecha, el más Alto Tribunal del país carece de jueces hábiles para intervenir en este expediente“, dijo la querella de CFK, horas después de la marcha que se movilizó el 1 de febrero para pedir la renuncia de los jueces del máximo tribunal.

Javier Leal de Ibarra, uno de los jueces convocados para analizar la causa del espionajeJavier Leal de Ibarra, uno de los jueces convocados para analizar la causa del espionaje

Al no haber jueces de la Corte para intervenir –cuando sucede en este escenario-, se hace un sorteo entre todos los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país, Casación incluida. En el sorteo del 22 de febrero, salieron elegidos los jueces Javier M. Leal de Ibarra (de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia), Ramón Luis González (de la Cámara Federal de Corrientes), Mario Rodolfo Leal (Cámara Federal de Tucumán), Mariano Llorens (Cámara Federal porteña) y Juan Pablo Salas (Cámara Federal de San Martín).

Tanto Salas como Llorens se excusaron. Llorens, precisamente, fue uno de los dos magistrados que, desde la Cámara Federal, dijo que la AFI macrista no había sido una asociación ilícita y provocó la reacción de la querella de la vicepresidenta. Y de hecho el kirchnerismo de la comisión bicameral de seguimiento a los organismos de inteligencia pidieron el juicio político en el Consejo de la Magistratura para Llorens y su colega Pablo Bertuzzi, que firmó la resolución.

Con la salida de Salas y Llorens, hubo entonces que convocar a los magistrado de la lista suplente. Al análisis de la causa del espionaje se sumarán el juez Juan Carlos Bonzón (de la Cámara en lo Penal Económico) y Guillermo Alberto Antelo (de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal), que ya aceptaron el cargo. Así, quedó conformada la Corte Suprema que evaluará esta causa: Leal de Ibarra, Gónzález, Leal, Antelo y Bonzón.

Mientras tanto, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación ya recibió las apelaciones de las distintas partes contra el fallo de la Cámara Federal. Ellos deberán evaluar si los planteos hechos por las distintas partes, entre ellos CFK, son admisibles de revisión por esa instancia. Allí no solo está la postura de los querellantes sino de los propios acusados, como los ex espías Leandro Araque y Facundo Melo diciendo que ellos cumplían órdenes

Todo se enmarca en la causa por el espionaje ilegal durante el macrismo que nació en Lomas de Zamora en medio de la pandemia. Allí primero se determinó que Cristina Kirchner había sido vigilada por agentes de la AFI en su domicilio y en el Instituto Patria, luego que había existido una seguidilla de seguimientos a políticos, gremialistas, jueces y periodistas, y más tarde se amplió la acusación por el monitoreo a presos kirchneristas.

El juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, en sintonía con la fiscal Cecilia Incardona, aseguró que existió una asociación ilícita montada desde la AFI. La resolución se dictó cuando los jueces Borinsky y Carbajo ya había decidido que el caso era competencia de Comodoro Py. Bajo la lupa de los tribunales de Retiro, los jueces Llorens y Bertuzzi afirmaron a fines de diciembre que no había existido una asociación ilícita sino hechos puntuales de espionaje ilegal, y señalaron que varios de los hechos investigados tenían el respaldo de ordenes judiciales. También voltearon el capítulo de los presos k. Así las cosas, los jueces dictaron la falta de mérito de la mayoría de los implicados, aunque confirmaron los procesamientos de los integrantes del chat SuperMarioBross, los espías que compartían por WhatsApp los seguimientos que hacían.

En instrucción, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, que quedó a cargo de la causa, ordenó 43 medidas de prueba para reactivar la causa que investiga el espionaje ilegal a políticos, presos, periodistas y gremialistas. Fue así que convocó para que declaren como testigos al diputado del PRO Diego Santilli -fue una de las víctimas del espionaje-; al ex funcionario de Defensa José Luis Vila -sufrió un atentado en su casa-; Mariano Macri, hermano del ex presidente a raíz de dichos suyo en el libro “Hermano” de Santiago O’Donnel sobre el manejo de las escuchas; y al juez que se negó a detener a los Moyano y denunció presiones de la AFI, Luis Carzoglio. También citó a la interventora actual de la AFI, Cristina Caamaño, por una entrevista que concedió días atrás. Antes de su declaración, la jefa de los espías deberá ser relevada del secreto por el presidente Alberto Fernández. A Caamaño también le pidió que aporte el video de la filmación en el Banco Provincia donde el entones ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, habla de conformar una Gestapo para perseguir a los gremios.

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Elecciones en Misiones: habrá varias opciones libertarias, el peronismo no presentará lista y un ex policía preso será candidato desde la cárcel

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El fin de semana se votará en la provincia y La Libertad Avanza tendrá boleta propia con un el tenista Diego Hartfield a la cabeza, pero además tendrá representación en otros espacios. Los “radicales con peluca” también presentarán su lista.

Este domingo 8 de junio, en Misiones más de un millón de personas estarán habilitadas para votar en los comicios provinciales. En la jornada electoral se definirá el recambio de 20 de las 40 bancas que tiene la Legislatura unicameral de la provincia de la tierra colorada.

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Javier Milei ratificó que vetará los cambios en las jubilaciones: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia”

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El Presidente se refirió a la votación que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados e insistió que dejará que avance la ley

Tras la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma jubilatoria, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para ratificar la postura que tendrá la Casa Rosada si la ley avanza en el Senado.

A través de su cuenta de X, publicó: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit”.

El mensaje fue breve, pero contundente, y reflejó la línea que el oficialismo viene sosteniendo desde hace semanas frente al avance de iniciativas legislativas con impacto fiscal.

La reacción de Javier MileiLa reacción de Javier Milei tras la votación en Diputados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había adelantado la decisión del Gobierno durante un encuentro con empresarios de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). “No hay nada si no mantenemos el equilibrio fiscal”, afirmó ante los presentes, y recordó que la administración nacional ha eliminado programas, despedido personal y desmantelado fondos fiduciarios con el objetivo de reducir el gasto público.

Desde la presidencia de la Cámara baja, Martín Menem también apuntó contra los legisladores que apoyaron la propuesta. “Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”, escribió en su perfil de X, reforzando la narrativa oficial.

La jornada en el recinto coincidió con otro frente de conflicto: los reclamos salariales del personal del Hospital Garrahan. Aunque el Gobierno anunció un bono para los residentes, estos rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y por no haber recibido una comunicación formal desde el Ministerio de Salud. Mientras tanto, la tensión también se trasladó a los pasillos del hospital pediátrico, donde el resto del personal —que representa más del 90% de la planta— también exige mejoras en sus condiciones laborales.

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Diputados aprobó un aumento del 7,2% de las jubilaciones, una suba del bono a $110 mil y la restitución de la moratoria

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El gobierno nacional ya adelantó que vetará los proyectos si son ratificados por el Senado. También se ratificó por ley la fórmula de movilidad previsional y se estipuló el pago de las deudas con las cajas previsionales provinciales

Bloques de la oposición dura y dialoguista lograron en la Cámara de Diputados la media sanción de un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% (excepto los regímenes especiales) y un incremento para el bono, que pasará de $70 mil a $110 mil y se actualizará por inflación. También fue aprobada la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años pudieran comprar los aportes faltantes para acceder a la jubilación mínima.

El voto afirmativo de los tucumanos de Independencia sorprendió porque el gobernador Osvaldo Jaldo ha sido uno de los principales aliados del Gobierno y hasta el momento siempre se había alineado con el oficialismo. De hecho, los tres diputados que responden al mandatario provincial no habían dado quórum para iniciar la sesión. También llamó la atención el apoyo de dos diputadas salteñas de Innovación Federal, lo que podría dejar de manifiesto un enfriamiento de la relación entre la Casa Rosada y el gobernador Gustavo Sáenz.

Los diferentes proyectos previsionales pusieron en pie de guerra al gobierno nacional que adelantó públicamente que el presidente Javier Milei vetará -en caso de ser ratificadas por el Senado- cualquier iniciativa que afecte el superávit fiscal.

El tablero de la votaciónEl tablero de la votación

En la previa de la sesión, desde el oficialismo hicieron públicos algunos cálculos sobre el impacto presupuestario de los proyectos. Sin embargo, muchas de las cifras fueron cuestionadas por la oposición, que además incluyó recortes del gasto tributario para garantizar esos recursos: por ejemplo, la eliminación de la exención al IVA para los directores de empresa, la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias a las sociedades de garantía recíproca, que se destine el ahorro presupuestario logrado cuando el FMI quitó los recargos a los intereses, la nacionalización de los fondos de ACARA y de CSA de los entes recaudadores por los registros automotor y un redireccionamiento de todas las partidas que por DNU le fueron otorgadas a la SIDE.

El aumento del bono a $110 mil, y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0.26% del PBI, ya que la Oficina del Presupuesto del Congreso había calculado que el impacto fiscal sería de 0.23% si se llevaba a $105 mil y de 0.30% si quedaba en $115 mil. Finalmente la oposición terminó consensuando una cifra intermedia entre los dos dictámenes.

Según un informe elaborado por el Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES que tengan la movilidad determinada por el artículo 32 de la ley 24.241, tendrá un costo de 0,20% del PBI para el 2025 y del 0,42% para 2026. En total acumulan un 0,7% del PBI.

El proyecto aprobado además incluye una oficialización por ley de la actual fórmula de movilidad jubilatoria que rige por Decreto de Necesidad y Urgencia desde abril del año pasado. Por otro lado, también estableces que los giros a las cajas jubilatorias provinciales -no transferidas- se realicen de forma automática y se actualicen por inflación, un reclamo de los gobernadores.

Moratoria previsional y régimen proporcional

La moratoria previsional había quedado sin efecto en marzo cuando el Gobierno decidió no prorrogarla. “Sin la moratoria 7 de cada 10 personas no van a poder jubilarse”, explicó el diputado Itai Hagan, del Unión por la Patria, y también insistió en que es “injusto” que no pueda acceder a una prestación una persona que trabajó en negro en contra de su voluntad.

En la previa de la sesión se especulaba con que esta iniciativa sería rechazada ya que la mayoría de los bloques dialoguistas preferían aprobar algún tipo de sistema de prestación proporcional que tenga en cuenta los años efectivamente aportados.

El radicalismo, la Coalición Cívica, los cordobeses de Encuentro Federal que responden al gobernador Martín Llaryora y hasta un sector minoritario del PRO presentaron proyectos propios de Prestación Proporcional.

Diputados de Unión por laDiputados de Unión por la Patria festejan la restitución de la moratoria

No queremos ir a una situación que termine una vez más en un veto y que entonces los jubilados no tengan ninguna solución y queden en la misma situación que la actual, como ya pasó con el veto anterior. Nuestra alternativa es dar un plazo de 30 días a que haciendo uso del resultado fiscal positivo y de los gastos tributarios se ponga un sendero de integración del bono en la jubilación. Es algo más que razonable y queda en el Ejecutivo la gradualidad de cómo podrían ejecutarlo”, había explicado el radical Lisandro Nieri.

Sin embargo, la decisión de abstenerse de Encuentro Federal y Democracia para Siempre terminó jugando en contra el Gobierno, que se quedó sin margen para sumar voluntades en contra.

Ahora se espera que el Senado, donde el peronismo solo necesita sumar tres votos para tener mayoría, los proyectos sean ratificados. Luego el presidente Javier Milei podría vetarlos y, en ese caso, el Congreso intentará insistir con dos tercios de los votos. “Van a cobrar los jubilados o van a cobrar los gobernadores”, ironizó un diputado dialoguista en referencia a la necesidad que tendrá la Casa Rosada de convencer a los mandatarios provinciales para que le permitan al oficialismo llegar al tercio (87) que sostenga los vetos.

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