Siete militantes fueron detenidos tras reclamar alimentos en una protesta social. Acusaron a la policía jujeña de diversos vejámenes contra una mujer embarazada, un paciente con diabetes y a un joven que están presos

Organizaciones sociales y políticas denunciaron al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por graves violaciones a los derechos humanos y “torturas” contra siete militantes sociales que fueron detenidos después de una violenta represión a una protesta convocada el jueves de la semana última para reclamar alimentos para merenderos y comedores populares.

Los arrestados pertenecen al Frente Piquetero que intentaron hacer una protesta en distintos puntos de la provincia para peticionar asistencia alimentaria al gobierno del presidente de la UCR pero fueron detenidos por la Policía de Jujuy tras una “cacería humana”, denunciaron dirigentes locales en diálogo con Infobae. A Miguel Ángel Sánchez (59), Daniel David Flores (41), Alcira Ester Zúñiga (45), Marisol Yamila Zúñiga (27), Cecilia Corregidor (36), Facundo Flores Zuñiga (19 años) y Marcos Saravia (21) los acusaron de “lesiones leves y graves contra la policía, atentado y resistencia a la autoridad y entorpecimiento de transportes y servicios”, según el expediente N° 54045 del Ministerio Público de la Acusación.

La detención de los manifestantes, después de permanecer demorados 24 horas, fue ordenada por el juez de Control Daniel Ibáñez, de la ciudad de San Pedro, quien “posteriormente se declaró incompetente en la causa y ahora deberá intervenir un nuevo juez mientras ellos siguen presos”, manifestó Sebastián Copello, dirigente del Polo Obrero y del Partido Obrero.

Miguel Ángel Sánchez (59), Daniel David Flores (41), Alcira Ester Zúñiga (45), Marisol Yamila Zúñiga (27), Cecilia Corregidor (36), Facundo Flores Zuñiga (19 años), Marcos Saravia (21).

Todos los detenidos pertenecen al Polo Obrero y al MTR Votamos Luchar, dos de las organizaciones que no están alineadas con el gobierno de Morales y que tampoco responden a los grupos residuales que respondían a Milagro Sala, la dirigente kirchnerista de la Tupac Amaru que está presa y condenada desde que asumió en la provincia el dirigente radical. Los arrestos y las denuncias de represión, violaciones a los derechos humanos y “torturas” ocurren en medio de una clima de máxima tensión social en la provincia.

“En Jujuy nadie sabe lo que pasa. La Justicia responde al gobernador y el Ministerio de la Acusación es un apéndice del gobierno. Las protestas terminan con una represión brutal por orden directa de Morales. El jueves pasado él prohibió llegar a San Salvador de Jujuy para que nosotros no pudiéramos hacer la jornada de lucha. En San Pedro hubo una cacería humana y detuvieron a 15 compañeros y de esos, a siete los dejaron presos”, explicó Copello.

Según el dirigente, “en 24 horas, no conocimos nada de lo que había pasado con algunos de los detenidos, pero después nos enteramos que los compañeros sufrieron torturas y hoy siguen presos. A una de las mujeres que están detenidas, que está embarazada, los policías les decían ‘te vamos a hacer abortar a las piñas’, a otro le pegaron y a un tercero le orinaron encima”.

El epicentro de esos vejámenes, según Copello, estuvo en la comisaría 9 de San Pedro y en los penales de Gorriti y Alto Comedero. “Acá hay una decisión política de Gerardo Morales, que busca disciplinar, pero lo peor es que se la agarró con el sector más pobre, por los que pelean simplemente por comida para los merenderos”, afirmó el militante.

“Vamos a seguir con la lucha, con una campaña nacional, para denunciar lo que pasa en Jujuy y lograr la liberación de todos los detenidos. Son presos políticos de Morales, que quiere mostrar una provincia sin protestas, cuando además de la manifestación por alimentos están los docentes de paro, los municipales de paro y los enfermeros de paro”, aseguró Copello.

Por su parte, el dirigente del Partido Obrero y diputado porteño por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, afirmó en diálogo con Infobae que “en Jujuy impera un régimen de terror y de violación sistemática de los derechos humanos, avalada por una Justicia provincial que fue copada por Morales y que cuenta con la anuencia del peronismo, que tiene un cogobierno en la provincia muy consolidado”.

“A nivel nacional hay una complicidad muy grande de Gerardo Morales con el gobierno de Alberto Fernández porque se puso la camiseta del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más que los gobernadores peronistas y lo ha ido a defender abiertamente al Congreso Nacional. Esta represión tan fuerte en la provincia, con encarcelados incluida, es avalada por la Casa Rosada, y muestra que estos hechos se pueden repetir en otras provincias gobernadas por el peronismo”, afirmó Solano.

Más allá de las críticas y denuncias de los dirigentes y militantes de izquierda, mañana está prevista una serie de manifestaciones y declaraciones de dirigentes de derechos humanos y referentes políticos que estarán en Jujuy para exigir la inmediata libertad de todos. Estarán, según pudo confirmar este medio, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) de Adolfo Pérez Esquivel, la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Institucional), el CEPRODH. la Asociación de Profesionales en Lucha, Madres de Plaza de Mayo de Jujuy, Néstor Pitrola y Eduardo Belligoni.

Más protestas

En medio de la tensión social y política, más de 3.000 personas integrantes de organizaciones sociales independientes se movilizaron el lunes para reclamar la libertad de los detenidos en la protesta y represión policial del jueves pasado en San Pedro de Jujuy y Perico. La columna recorrió varias cuadras desde la unidad penal 1 ubicado en barrio Gorriti, que aloja a la mayoría de los detenidos, hasta la Casa de Gobierno, donde exigieron “la libertad inmediata de todos y la anulación de sus causas” judiciales.

Las organizaciones que marcharon fueron CUBA MTR Jujuy, MTR 12 de Abril, Polo Obrero, La William Cooke y otras integrantes del frente de lucha piquetero, con la adhesión de dirigentes de otros movimientos sociales, sindicales, políticos y de derechos humanos.

”Las organizaciones sociales pedían mayor presupuesto para los comedores y merenderos y les respondieron con represión”, indicó por su parte el diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FITU) Alejandro Vilca. La manifestación llegó hasta las afueras de la Casa de Gobierno donde se realizó un acto en medio de un fuerte dispositivo de seguridad para reclamar por la libertad de los detenidos “por luchar contra el hambre y el ajuste”.

Intervención de la Secretaría de Derechos Humanos

Los episodios ocurridos en Jujuy tuvieron un impacto nacional. En la tarde de ayer, el secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla Corti recibió en la Delegación de la Secretaría de Jujuy a organizaciones sociales, políticas y a familiares de los detenidos y las detenidas durante la protesta social el pasado jueves 3 de marzo en San Pedro, Jujuy. “La situación ya venía siendo seguida por la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos desde el momento mismo de sucedido el hecho”, explicó la repartición en un comunicado.

En Jujuy, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación recibió a organizaciones sociales, políticas y a familiares de los detenidos y las detenidas durante una protesta social el pasado jueves 3 de marzo en San Pedro, Jujuy.

Durante la reunión, los familiares ampliaron información sobre los detenidos, “quienes habrían sufrido golpes y apremios por parte de la policía provincial, sin haber recibido asistencia médica hasta el momento en que fueron trasladados a San Salvador de Jujuy. Asimismo, destacaron que entre las personas detenidas se encuentra una mujer embarazada, que al momento de ser detenida habría manifestado su condición sin que fuera tenida en cuenta. También informaron sobre la imposibilidad de los familiares de ver a las personas de detenidas y alojadas en el penal de Villa Gorriti y en las unidades de Alto Comedero de Mujeres y de Menores”, se indicó.

En la reunión, Pietragalla Corti enumeró las acciones que viene llevando a cabo la Secretaría, que desde el primero momento, estuvo en contacto con los abogados de las organizaciones, averiguando el paradero y juez a cargo de las personas detenidas.

Además, se informó que el Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional se contactó con el ministro de Seguridad de la provincia para que “permitiera ingresar a las unidades a los abogados y abogadas de las organizaciones. Respecto a la situación de la mujer embarazada, el abogado de la Secretaría habló personalmente con el secretario del Juzgado a cargo para solicitarle su liberación, lo que hasta la fecha no se produjo, pese a las presentaciones judiciales presentadas por ella y por los otros seis detenidos”.

En ese sentido, el Secretario manifestó su preocupación por la demora de la justicia provincial en resolver estos casos, en particular el de la joven embarazada. “La demora de la Justicia en ordenar las excarcelaciones de los detenidos, sobre todo de la mujer embarazada, se asemeja más a un modo de disciplinamiento que a lo que sucede normalmente cuando se trata de delitos leves”, remarcó Pietragalla Corti, y se comprometió a seguir asistiendo y acompañando a las familias hasta obtener la libertad de las personas detenidas.